Las políticas de lucha contra la crisis climática en los países que producen casi dos tercios de las emisiones de efecto invernadero aumentaron solo un 1% en 2022, el crecimiento anual más bajo desde el año 2000, lo que refleja una &#8220;desaceleración de las ambiciones&#8221;, según un estudio de la OCDE.



Esos escasos avances, en un contexto de preocupación por la crisis energética y de aumento de los fenómenos climáticos extremos, contrastan con progresos que se registraban entre el año 2000 y 2021, cuando la acción política climática nacional aumentaba con un promedio del 10% anual.



Esos datos se desprenden de un nuevo análisis publicado este viernes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la adopción y el rigor de las políticas de los 50 países cubiertos por el Marco de Medición de la Acción y las Políticas Climáticas, que incluye a países miembros y aliados.



A nivel individual, el ritmo de las políticas climáticas es muy heterogéneo entre los países estudiados, ya que la crisis energética entre 2021 y 2022 llevó a algunos países a intensificar los esfuerzos en eficiencia energética y renovables, como los de la UE o Chile, pero en otros frenó los planes.



Pero en general la OCDE alerta de que hay que hacer más para alcanzar los objetivos de temperatura del Acuerdo de París.



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Esa meta &#8220;exigiría que los países de la OCDE y los asociados a la OCDE se comprometieran a una reducción adicional de las emisiones agregadas de alrededor del 30% de sus objetivos actuales de contribución&#8221; a nivel nacional para 2030.



&#8220;Un total de 104 países y la Unión Europea han adoptado o propuesto objetivos netos cero, pero sólo 26 países y la UE (con 27 en total), que representan el 16% de las emisiones mundiales, han consagrado sus objetivos en sus legislaciones&#8221;, lamentó la OCDE en un comunicado.



La OCDE también hace hincapié en que, a pesar de su potencial, aprecia una reducción del uso de instrumentos basados en el mercado -que usan precios y otras variables económicas para incentivar a reducir o eliminar las externalidades medioambientales perjudiciales- tales como el precio del carbono, que consiste en integrar los costes ocultos de los daños causados por las emisiones.



En paralelo a esta ralentización de la iniciativa política en 2022, los fenómenos climáticos extremos se incrementaron y este 2023, además, muestra una profundización de esa tendencia.



En 2022 se registró un fuerte aumento de la población expuesta a temperaturas extremas, que pasó del 24% en 1979 al 46%. Esto se traduce en un empeoramiento de las sequías agrícolas en la mayoría de los países de la OCDE y asociados, con una disminución media del 2,4 % de la humedad del suelo.



La exposición de las zonas edificadas a las inundaciones costeras, por su parte, aumentó un 48 % en los últimos 20 años y los incendios forestales se intensificaron en una escala &#8220;sin precedentes&#8221;.



También creció la cantidad de población expuesta a noches de temperatura tropical (por encima de los 20 grados centígrados).



Con información de EFE

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