Por Christoper Helman



Marc Rich, un legendario comerciante de materias primas, huyó de Estados Unidos a Europa en 1983 tras ser acusado de hacer negocios con petróleo iraní durante la crisis de los rehenes de 1979 y de evadir $ 50 millones en impuestos. Desde Suiza, Rich continuó operando Marc Rich &amp; Co. hasta que vendió el negocio a sus protegidos en 1994.



Cuando el presidente estadounidense Bill Clinton indultó a Rich en su último día de mandato en 2001, la empresa se había transformado en Glencore International. Rich murió libre y multimillonario en 2013, los 79 años, un ejemplo que la siguiente generación de peces gordos de Glencore pretende emular.



Desde los tiempos de Rich (y su mano derecha Pincus Green, ahora retirado y con una fortuna de US$ 900 millones) la empresa ha creado al menos nueve fortunas milmillonarias.



El más rico de esa banda de Glencore es su ex CEO Ivan Glasenberg, quien tiene una fortuna valorada en US$ 8.900 millones, según la <a href="https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#18ed562a3d78" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clasificación de milmillonarios de Forbes en tiempo real.</a> Otros son el trader de metales Daniel Maté, de 58 años, con una fortuna estimada en US$ 3.600 millones, y el trader de petróleo Tor Peterson, con US$ 2.700 millones.



Los tres dejaron la empresa en los últimos dos años, pero ni ellos ni otros ejecutivos milmillonarios han sido señalados aún en la investigación de las autoridades estadounidenses sobre Glencore, que deberá pagar multas de alrededor de US$ 1.100 millones por <a href="https://forbes.cl/negocios/2022-05-24/minera-glencore-pagara-mil-millones-dolares-sobornos-manipulacion-de-mercado/">sobornos y manipulación de mercados </a>a nivel internacional.



<figure class="wp-block-pullquote"><blockquote>&#8220;Según documentos del Departamento de Justicia de EE.UU., los operadores de Glencore se referían a los sobornos en palabras código como &#8216;periódicos&#8217;, &#8216;diarios&#8217; y &#8216;páginas'&#8221;</blockquote></figure>



Hasta la fecha, dos operadores de Glencore se han declarado culpables y pronto serán condenados. Uno de ellos, Emilio José Heredia Collado, de California, admitió haber conspirado para manipular el precio del fueloil marítimo en los puertos de Los Angeles y Houstonn (EE.UU.) Por este delito Glencore deberá pagar una multa de US$ 341 millones y se le confiscarán US$ 144 millones en ganancias.



El otro es el testigo estrella de la Fiscalía, Anthony Stimler, antiguo operador de petróleo de alto nivel que supervisaba las operaciones de la empresa en África Occidental. El año pasado Stimler se declaró culpable de soborno y lavado de dinero. Al parecer, está arrepentido y ayudó a los fiscales a entender cómo Glencore, a través de &#8220;docenas de acuerdos&#8221;, pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios nigerianos.



Según documentos del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés), los operadores de Glencore se referían a los sobornos en palabras código como &#8220;periódicos&#8221;, &#8220;diarios&#8221; y &#8220;páginas&#8221;. Por ejemplo, cuando un operador solicitó US$ 90.000 para sobornar a funcionarios de la Pipelines Products Marketing Co. (PPMC) de Nigeria, explicó en un correo electrónico que era la &#8220;cantidad que necesitaban para cubrir a PPMC en diarios&#8221;. Un intermediario de Glencore West Africa envió otro correo electrónico diciendo que él mismo entregaría &#8220;los periódicos&#8221;.



En 2014 a Stimler, según los documentos del DOJ, se le pidió que contribuyera con un &#8220;anticipo&#8221; de US$ 300.000 a la campaña de reelección de un funcionario nigeriano. El pago se realizó mediante una transferencia bancaria desde una cuenta de Glencore en Suiza, a través de un banco de Nueva York, a una cuenta de propiedad nigeriana en Chipre.



<figure class="wp-block-pullquote"><blockquote>Glencore habría hecho US$ 40 millones en pagos ilícitos a funcionarios brasileños y US$ 1,3 millones a intermediarios venezolanos</blockquote></figure>



En 2015, para poder comprar petróleo a Nigeria, Glencore tuvo que entregar US$ 50.000 por cada cargamento como &#8220;anticipo&#8221;. Según los documentos judiciales, Glencore obtuvo unos beneficios ilícitos de US$ 124 millones gracias a este esquema



Los documentos judiciales también revelan que, dentro del marco de la denominada &#8216;Operación Lava Jato&#8217; —el mayor escándalo de corrupción jamás destapado en Brasil— Glencore pagó US$ 147.000 a tres funcionarios del gigante petrolero estatal Petrobras, que se disimularon como como un &#8220;cargo por servicio&#8221; de 50 centavos de dólar por barril de petróleo adquirido por la gigante anglo-suiza. En total, Glencore habría hecho US$ 40 millones en pagos ilícitos a funcionarios brasileños.



En Venezuela, Glencore pagó a intermediarios relacionados con el gobierno un total de US$ 1,3 millones para acelerar pagos atrasados de US$ 12 millones que la estatal petrolera PDVSA debía a la empresa en virtud de contratos petroleros.



En la República Democrática del Congo, cuando demandaron a Glencore por incumplimiento de contrato alegando que la empresa debía US$ 16 millones en concepto de daños y perjuicios, un intermediario de la compañía se reunió en privado con el juez de la causa y le pagó un soborno de US$ 500.000 utilizando una factura falsa por un trabajo jurídico y la demanda desapareció. Glencore admitió haber pagado US$ 27,5 millones en sobornos en este país.



Los documentos del DOJ no mencionan a ningún ejecutivo de Glencore por su nombre, aparte de Stimler y Heredia Collado. Pero hay múltiples implicados en el esquema corrupto.



El denominado &#8220;Ejecutivo 1&#8221; en el pliego acusatorio es un ciudadano del Reino Unido que hasta 2019 era responsable del negocio del petróleo a nivel global. El &#8220;Ejecutivo 2&#8221; era un trader de petróleo y gas que trabajaba en la empresa desde 1987 y que se fue en 2018 tras haber aprobado un pago de US$ 325.000 de un intermediario a funcionarios nigerianos. El &#8220;Ejecutivo 3&#8221;, otro ciudadano del Reino Unido, dirigía el negocio del cobre y el zinc.



<figure class="wp-block-pullquote"><blockquote>&#8220;A los inversionistas de Glencore no parece preocuparles el escándalo de los sobornos&#8221;</blockquote></figure>



La cooperación de Stimler probablemente le sirva para obtener una sentencia benévola. Y puede que no sea el único que busque un acuerdo judicial entre los 133.000 empleados de Glencore. Pero el acuerdo del DOJ con Glencore no contempla protección judicial a implicado alguno,



Sin pretender saber quién más podría correr peligro legal, sí se puede asumir quién tiene más que perder. Además de los ya mencionados Glasenberg, Maté y Peterson, los otros milmillonarios de Glencore son:



Aristotelis Mistakidis, de 60 años, quien dejó la empresa en 2018 tras ser sancionado por las autoridades canadienses por infracciones contables en una mina de la República Democrática del Congo. Había dirigido el negocio del cobre y tiene una fortuna estimada en US$ 3.500 millones.



Alex Beard, de 55 años, jefe del negocio mundial de petróleo, quien se retiró en 2019 y su patrimonio se estima en US$ 2.250 millones.



Gary Fegel, de 48 años, quien dirigía el negocio del aluminio, se fue en 2013 y tiene una fortuna calculada en US$ 1.600 millones.



Y luego está Dan Gertler, israelí, de 48 años quien tiene una fortuna estimada por Forbes en US$ 1.200 millones, gran parte de ella derivada de la venta de dos minas a Glencore en la República Democrática del Congo en 2017. La administración Trump lo sancionó por amasar una fortuna ilícita mientras actuaba como agente del presidente de ese país, Joseph Kabila, a quien supuestamente pagó millones en sobornos. Gertler llevó a Glencore a los tribunales por cientos de millones de dólares en regalías que debían pagarle por las minas de cobalto del Congo y el caso se resolvió a su favor hace cuatro años.



A los inversionistas de Glencore no parece preocuparles el escándalo de los sobornos.



La empresa había revelado previamente que esperaba un golpe financiero de aproximadamente US$ 1.500 millones por estos casos y los había separado en sus cuentas.



Al día de hoy sus bonos cotizan en torno a la par y el precio de sus acciones se acercan al máximo en 10 años. La capitalización bursátil de Glencore es de US$ 68.000 millones.



La empresa se encuentra en la envidiable posición de ser uno de los mayores comerciantes de energía del mundo en un período de aumento de precios y escasez, así como una de las mayores mineras de metales como el cobre, el aluminio y el cobalto, todos elementos vitales para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y otras fuentes de energía alternativas.



En Chile, es propietaria de la Minera Lomas Bayas, del Complejo Metalúrgico Altonorte y posee el 44% de Collahuasi, la segunda mina de cobre más grande del país y una de las más grandes del mundo.



La empresa insiste en que lleva años limpiando la casa y que, incluso antes de enterarse de la investigación del Departamento de Justicia, había tomado medidas para mejorar la ética y el cumplimiento de normativas, y había adoptado medidas correctivas, como castigar a los empleados corruptos.



El CEO Glasenberg se marchó el año pasado y fue reemplazado por Gary Nagle, de 47 años, quien se incorporó a Glencore en 2000. En una declaración esta semana, el presidente de la junta directiva Kalidas Madhavpeddi insistió en que han limpiado la casa. Glencore “hoy ya no es la empresa que era cuando estas prácticas inaceptables”, dijo.

Los ejecutivos milmillonarios de Glencore escapan del escándalo de los sobornos y manipulación de mercados, por ahora

Chile no ha hecho avances en materia de transparencia desde 2018 y se mantiene desde entonces en el mismo lugar en el <a href="https://www.transparency.org/en/cpi/2021" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">Índice de Percepción de la Corrupción</a>: en la posición número 27 en el mundo y la segunda de Latinoamérica, reveló este martes el capítulo chileno de Transparencia Internacional (TI).



El país, que tiene 67 puntos sobre un máximo de 100 (siendo 0 muy corrupto y 100 muy transparente), es solo superado por Uruguay (73) en la región latinoamericana, mientras que en toda la región americana ocupa el tercer puesto, con Canadá a la cabeza (74), de acuerdo con la medición anual de la ONG internacional con sede en Berlín (Alemania).



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&#8220;Necesitamos restablecer y fortalecer los recursos, la independencia y las atribuciones de los órganos de control, cerrándoles los espacios a los actos de corrupción&#8221;, dijo en rueda de prensa Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente, el socio local de TI.



<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://cdn.forbes.cl/2022/01/IndiceCorrupcion2021-1024x512.jpg" alt="" class="wp-image-9663" srcset="https://cdn.forbes.cl/2022/01/IndiceCorrupcion2021-1024x512.jpg 1024w, https://cdn.forbes.cl/2022/01/IndiceCorrupcion2021-300x150.jpg 300w, https://cdn.forbes.cl/2022/01/IndiceCorrupcion2021-768x384.jpg 768w, https://cdn.forbes.cl/2022/01/IndiceCorrupcion2021.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



Chile cayó en 2016 a los 66 puntos sobre un máximo de 100, la peor cifra de su historia, y dos años después subió un punto. Su mejor posición la alcanzó en 2014, cuando llegó a los 73 puntos.



Los escándalos de corrupción relacionados con la política o con las fuerzas de seguridad conocidos en estos 10 años, como el Pentagate de 2014, han socavado la confianza en las instituciones en Chile.



Para Sierra, &#8220;no solo hay que ver la corrupción en el área pública, sino también en la privada. Es deber de todos trabajar en pos de la transparencia&#8221;.



La media de la región latinoamericana es de 43 puntos y Venezuela (14) y Nicaragua (20) siguen siendo los países más corruptos, aunque prácticamente ningún país puede presumir de mejoras importantes en estos últimos 10 años en los que se lleva publicando el índice, puesto que la gran mayoría apenas han registrado avances o incluso han retrocedido.



&#8220;Este año está enfocado en la recuperación económica, y debemos ocuparnos en que esa reactivación esté libre de corrupción&#8221;, indicó, por su parte, la vicepresidenta de Chile Transparente, Tamara Agnic.



EFE

Chile se estanca desde 2018 en el Índice de Percepción de la Corrupción

Al menos cinco personas fueron detenidas el martes en el sur de Chile en el marco del llamado ‘Caso Convenios’, una trama nacional de corrupción que involucra el traspaso de dinero público a fundaciones privadas.



Entre los detenidos se encuentran dos antiguos funcionarios del Gobierno regional de Bío Bío, a 500 kilómetros al sur de Santiago, y Camila Polizzi, una &#8220;exinfluencer&#8221; que alcanzó notoriedad cuando se presentó en 2021 a la Alcaldía de la ciudad de Concepción.



También fueron detenidos la expareja de Polizzi y su hermano, según detalló la Fiscalía regional.



En el caso de estos dos últimos y Polizzi, la fiscal de Bío Bío, Marcela Cartagena, solicitó su captura &#8220;por la comisión de los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos&#8221;.



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&#8220;En el caso de los dos funcionarios públicos, esta orden se ha despachado por el delito de fraude al Fisco en vinculación con ambos&#8221;, agregó.



Polizzi presidía una fundación que recibió fondos para proyectos sociales procedentes del Gobierno regional, liderado por Rodrigo Díaz (antiguo democratacristiano).



Según la investigación, la causa incluye amenazas de sicariato y la compra de grandes cantidades de ropa interior con fondos para proyectos sociales.



El ‘Caso Convenios’ estalló en junio en la norteña región de Antofagasta cuando se desvelaron supuestas irregularidades en millonarios convenios suscritos entre la delegación regional del Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva.



La fundación estaba vinculada a militantes de Revolución Democrática, uno de los partidos de la coalición oficialista y que fue fundado por el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, íntimo amigo del presidente Gabriel Boric y quien se vio obligado a renunciar por las presiones de la oposición.



Con el paso de las semanas, se fueron desvelando más irregularidades en otras regiones del país y ligadas a partidos de todo espectro ideológico.



Con información de EFE



<figure class="wp-block-image"><a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOLPsQsw7-rIAw?hl=en-US&amp;gl=US&amp;ceid=US:en"><img loading="lazy" decoding="async" width="295" height="50" src="https://cdn.forbes.cl/2022/10/Siguenos.png" alt="BOTÓN GOOGLE NEWS" class="wp-image-27364"/></a></figure>

Formalización imputados caso Convenios

Al menos cinco detenidos en el sur de Chile por el “Caso Convenios”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó este lunes una nueva ley contra delitos económicos y ambientales, iniciativa que a su juicio &#8220;contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años&#8221;, haciendo alusión a una serie de casos de corrupción que se han destapado en el país suramericano durante la última década.



“Desde hoy Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales, que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un daño que es difícil de cuantificar&#8221;, afirmó el mandatario chileno.



“Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia como los delitos de cuello y corbata suelen recibir castigos menores que otros delitos. Hay una percepción en la ciudadanía de que a veces parecieran existir dos justicias, una para ricos y otra para pobres. Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente, y para que no sea real. La promulgación de esta legislación es un paso importante en esa dirección, y en la recuperación de la confianza en las instituciones”, subrayó el jefe de Estado.



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Desde 2008 a la fecha, en Chile se han registrado decenas de casos de colusión empresarial, hechos que terminaron en multas millonarias pero que acrecentaron la sensación de desigualdad ante la ley denunciada por la población.



Empresas de retail, transporte interurbano, medios de comunicación, compañías dedicadas a la producción y venta de pollos, navieras, sociedades médicas, mercado de pañales y papel higiénico, entre otras, son algunas de las áreas que han protagonizado escándalos de colusión.



“El sistema de penas no se ajustaba bien a los delitos económicos. Cuando se dictaba la condena muchas veces terminaba cumpliéndose en libertad, o la condena consistía en vergonzosas clases de ética. Recordamos el caso farmacias y otros casos de colusión. La señal que recibía la opinión pública es que este tipo de delitos recibía un trato distinto. El problema es que cuando la ciudadanía siente y ve que ha habido impunidad o una vara distinta para juzgar a unos o a otros, se debilita la confianza pública y la cohesión social”, señaló Boric.



“No debemos olvidar la importancia de la cohesión social para que un país avance, se genera malestar y sensación de abuso e injusticia, y eso tenemos que tratar de recuperar. Las innovaciones de esta ley es que se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activo, y se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad. Todo delito económico será sancionado con una multa, además de la sanción penal”, agregó.



La sensación de desamparado ante estos hechos, sumado a los altos índices de desigualdad económica y social, son algunos de los factores que, según especialistas y académicos, forjaron en Chile una crisis política que estalló en 2019 con la masiva ola de protestas que sacudió al país desde octubre en adelante, movilización que terminó con una treintena de muertos, cientos de mutilados oculares por acción de las fuerzas de seguridad y miles de heridos.



Con información de EFE



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contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años

Boric espera "recuperar confianzas" con nueva ley contra delitos económicos y ambientales

Gabriel Boric promulga nueva ley contra delitos económicos y ambientales

El expresidente estadounidense Donald Trump podría ser acusado esta misma semana por las autoridades del estado de Nueva York por cargos derivados de sus supuestos pagos para silenciar a una actriz porno, Stormy Daniels, en un hecho sin precedentes para un exmandatario que le llevaría a comparecer ante un tribunal, aunque no a permanecer detenido ni a verse obligado a poner fin a su campaña presidencial.



¿Cuándo será acusado Trump? Eso aún no está claro: un Gran Jurado en Manhattan que analiza el caso tiene al menos un testigo más que escuchar este lunes y si bien podría emitir acusaciones el mismo día, también podría hacerlo posteriormente.



¿Qué es un Gran Jurado? Un Gran Jurado es un jurado que se forma para escuchar pruebas de un fiscal en un caso penal y debe decidir si hay causa probable para acusar a una persona de un delito y llevarla a juicio. Los procedimientos de un Gran Jurado son secretos.



¿Por qué arrestarían a Trump? Se cree que una acusación contra Trump sería por falsificar expedientes empresariales vinculados a pagos para silenciar en 2016 a Daniels, quien supuestamente mantuvo una relación extramarital con el expresidente en 2006, un año después de que este se casara con su actual esposa Melania Trump. El exabogado de Trump, Michael Cohen, supuestamente le pagó el dinero a Daniels y Trump se lo habría reembolsado como &#8220;honorarios legales&#8221; mediante su empresa, la Organización Trump. Falsificar expedientes empresariales para encubrir un delito es un delito grave en el estado de Nueva York y conlleva pena de prisión de hasta cuatro años.



¿Qué sucede después de una decisión del Gran Jurado? Si el Gran Jurado decide acusar a Trump, la acusación será sometida en secreto y no se hará pública hasta la comparecencia inicial de Trump ante el tribunal, a menos que el fiscal estatal del distrito de Manhattan la dé a conocer antes.



¿Se entregaría Trump a las autoridades? Si Trump es acusado, se espera que sus abogados negocien con los fiscales una fecha y hora para que se entregue y el abogado del expresidente ha indicado que este se entregaría voluntariamente a las autoridades.







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¿Qué pasa si no lo hace? Si Trump no se entregara voluntariamente y se mantuviera en su residencia en Florida (EE.UU.), Mar-A-Lago, tendría que ser extraditado en un proceso que debería ser aprobado por un juez o por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, principal rival de Trump en la carrera presidencial de 2024.



¿Podría DeSantis impedir el arresto de Trump? Expertos citados por Insider señalan que si bien DeSantis podría retrasar la extradición de Trump, su aprobación es en realidad una formalidad administrativa y no podría impedir totalmente que el expresidente sea acusado.



¿Qué pasaría si Trump fuese detenido? Si eso pasara probablemente sería fichado en la oficina del fiscal de Manhattan, donde se le tomarían las huellas dactilares, fotos, su ADN y otra información antes de ser acusado formalmente y comparecer ante el tribunal en una audiencia inicial para declararse culpable o inocente.



¿Sucederá eso realmente? No necesariamente: los asesores de Trump han discutido la posibilidad de negociar con los fiscales para que Trump comparezca virtualmente al tribunal desde Mar-A-Lago, según The Guardian, aunque el expresidente ha expresado su interés en comparecer en persona.



¿Podría ser Trump esposado? Expertos citados por Insider consideran poco probable que Trump haga el tradicional recorrido esposado antes de una comparecencia inicial debido a lo polémico que podría ser esposar a un ex presidente, contribuyendo a las declaraciones de Trump en el sentido de que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, tiene sesgos políticos en su contra, además de que tal acción acarrea posibles problemas de seguridad.



¿Quedaría Trump detenido? Si fuese acusado es casi seguro que Trump sea puesto en libertad de inmediato una vez procesado, sobre todo bajo las nuevas normas de libertad bajo fianza de Nueva York que permiten a las personas acusadas de delitos menores o delitos no violentos ser liberadas bajo su propia responsabilidad, sin fianza, a menos que se considere que existe riesgo de fuga.



¿De ser acusado, cuándo podría ser condenado Trump? Los casos penales en Manhattan suelen tardar más de un año en llegar a juicio, señalan expertos citados por Reuters, por lo que un juicio contra Trump probablemente llegaría bien entrada la campaña electoral de 2024, o incluso después de las elecciones de noviembre de ese año. De ser así y en caso de que Trump fuese elegido presidente, Reuters señala que se estaría entrando en un terreno legal desconocido pues nunca un presidente fue juzgado por un tribunal estatal siendo electo o estando en funciones.



¿Afectaría una acusación a la candidatura de Trump en 2024? Ser acusado o incluso condenado no impediría que Trump se convirtiera en presidente ya que expertos legales han señalado que no hay restricciones en la Constitución que impidan a una persona asumir el cargo siendo acusado o convicto, aunque esta última situación sí podría impedirle votar.



<h3 class="wp-block-heading" id="h-otras-claves-del-caso-contra-trump">Otras claves del caso contra Trump</h3>



Aunque todavía no está claro qué día Trump podría ser acusado, el expresidente ha dicho en las redes sociales —sin ofrecer pruebas— que será arrestado el martes y llamó a protestas para defenderlo.



Según informes, las autoridades ya se están preparando para protestas en caso de que Trump sea arrestado esta misma semana y es posible que incluso haya protestas el martes aunque no se tome acción alguna en su contra.



El Gran Jurado se reúne los lunes, miércoles y viernes, por lo que si no emite acusaciones el lunes no ocurriría nada más hasta el miércoles. Incluso en caso de que emita una acusación los fiscales aun tendrían que negociar la entrega de Trump con su equipo legal, lo que hace poco probable una detención el martes.



El Gran Jurado debería escuchar el lunes al abogado Robert Costello, un exabogado del exalcalde de Nueva York y aliado de Trump, Rudolph Giuliani, quien se espera que dé un testimonio favorable a Trump y refute las afirmaciones de Cohen de que Trump compró el silencio de Stormy Daniels.



Cohen, quien ya fue convicto por pagarle US$ 130.000 a Daniels, tendría luego la oportunidad de responder al testimonio de Costello, retrasando aún más cualquier posible acusación.



<h3 class="wp-block-heading">Lo que no sabemos</h3>



Si fuese procesado, Trump sería el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado penalmente, por lo que todavía hay mucha incertidumbre en torno a cómo se desarrollaría un proceso en su contra y en qué se diferenciaría de un proceso común.



Trump también sigue bajo investigación de las autoridades estatales en Georgia por presionar para cambiar los resultados de las elecciones de 2020 allí y el Departamento de Justicia federal también lo investiga por intentos similares y por llevarse documentos secretos a Mar-A-Lago.


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Opositores al expresidente Donald Trump se manifiestan frente a un tribunal en Nueva York. FOTO: EFE/EPA

¿Qué pasaría si acusaran y arrestaran a Donald Trump por supuestos pagos ilegales a una actriz porno para silenciarla?

Chile se posicionó nuevamente este año como el segundo país latinoamericano con menor corrupción, superado solo por Uruguay, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022 de la organización Transparencia Internacional.



El país quedó en la posición 27 a nivel global, con 67 puntos sobre 100, empatado con Emiratos Árabes Unidos, y sobre países europeos como Portugal, España o Italia.



Uruguay quedó ubicado en la décimocuarta posición con 74 puntos sobre 100, un puntaje que comparte con Canadá, Estonia e Islandia, y encima de naciones como Francia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.



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A nivel continental, Canadá fue el país mejor posicionado, seguido de Uruguay, EE.UU. y Chile.



En Latinoamérica, solo Costa Rica (48) y Cuba (65) quedaron bien posicionados en la lista, mientras que Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala fueron los percibidos como los que tienen más corrupción.







<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://cdn.forbes.cl/2023/01/Mapa_Corrupcion_2023-1024x512.jpg" alt="" class="wp-image-33682" srcset="https://cdn.forbes.cl/2023/01/Mapa_Corrupcion_2023-1024x512.jpg 1024w, https://cdn.forbes.cl/2023/01/Mapa_Corrupcion_2023-300x150.jpg 300w, https://cdn.forbes.cl/2023/01/Mapa_Corrupcion_2023-768x384.jpg 768w, https://cdn.forbes.cl/2023/01/Mapa_Corrupcion_2023.jpg 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>







En el informe, Transparencia Internacional destacó que los países con &#8220;instituciones fuertes&#8221; y &#8220;democracias en buen funcionamiento&#8221; suelen encontrarse a la cabeza del IPC, a lo que las naciones &#8220;atravesadas por conflictos&#8221; o donde &#8220;las libertades básicas y las libertades políticas están altamente restringidas&#8221; ocupan los últimos puestos.



El IPC clasifica a 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, medidos a través de la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios.



La clasificación se da en una escala de 0 (los más corruptos) a 100 (los más limpios).



A la cabeza se sitúa Dinamarca con 90 puntos, seguido de Finlandia y Nueva Zelanda, con 87 cada uno.



Mientras que Sudán del Sur (13), Siria (13) y Somalia (11) quedaron con las puntuaciones más bajas.


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EFE

Chile es el segundo país con menos corrupción de Latinoamérica; Uruguay es el primero

Chile es el segundo país con menos corrupción de Latinoamérica ¿Cuál es el primero?

Oficinas del Ministerio de Vivienda de Chile fueron allanadas este jueves en la región de Tarapacá, en el norte de país, en el marco de una investigación judicial en el llamado &#8220;Caso Convenios&#8221;, una trama nacional de corrupción que involucra traspaso de dinero público a fundaciones privadas.



El registro de las dependencias e incautación del material fue ejecutado por la Fiscalía de Tarapacá, específicamente en las oficinas de la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional y del Departamento de Asentamientos Precarios.



Tras el allanamiento, el Gobierno señaló que desde esa cartera &#8220;se ha colaborado con los requerimientos de la institucionalidad&#8221;.



Consultado por estos hechos, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, subrayó que no renunciará a su cargo y que buscará llegar al fondo de esta investigación.



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“Yo no me voy a ir, no renunciaré, voy a quedarme porque quiero esclarecer este caso y también seguir trabajando en el programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric (&#8230;) Este no es un ministerio corrupto, es un Ministerio de gente honorable (…) Estamos tratando de sacar adelante el Plan de Emergencia Habitacional”, y de resolver el tema que ocurre para que “no vuelva a suceder”, afirmó.



“Nuestro Gobierno va a empujar todas las acciones que sean necesarias para enfrentar los hechos de corrupción que han ocurrido en el país”, agregó la autoridad.



En la misma indagatoria, la Justicia chilena instruyó la detención de al menos cinco personas en el sur de país, entre ellos dos antiguos funcionarios del Gobierno regional de Biobío.



El &#8216;Caso Convenios&#8217; estalló en junio en la norteña región de Antofagasta cuando se desvelaron supuestas irregularidades en millonarios convenios suscritos entre la delegación regional del Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva.



La fundación estaba vinculada a militantes de Revolución Democrática, uno de los partidos de la coalición oficialista y que fue fundado por el ex ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, íntimo amigo del presidente Gabriel Boric y quien se vio obligado a renunciar por las presiones de la oposición.



Con el paso de las semanas, se fueron desvelando más irregularidades en otras regiones del país y ligadas a partidos de todo espectro ideológico.



Con información de EFE



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Fiscalía de Tarapacá allana oficinas del Ministerio de Vivienda chileno por caso de corrupción

El holding Quiñenco, propiedad del clan Luksic (la <a href="https://forbes.cl/editors-pick/2022-04-05/lista-forbes-conoce-las-fortunas-mas-grandes-de-chile-en-2022/">familia más rica de Chile</a>), puso fin a sus relaciones con el exmandatario paraguayo Horacio Cartes, recientemente sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro de EE.UU. por hechos de corrupción.



Según detalló el grupo a través de un <a href="https://quinenco.cl/ccu-y-enex-iniciaran-procesos-para-terminar-sus-sociedades-con-el-grupo-cartes-en-paraguay/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunicado</a>, se &#8220;ha tomado la inmediata decisión de adoptar las medidas para terminar las sociedades con el Grupo Cartes en Bebidas del Paraguay S.A. y con Enex Paraguay SAE&#8221;.



&#8220;Dada la gravedad de los hechos descritos y la severa sanción impuesta por la OFAC, CCU informa que la decisión adoptada hoy y comunicada en este acto es independiente de las que ya estaban en curso y habían sido resueltas por la compañía, luego de la designación de Horacio Cartes como inelegible para entrar a Estados Unidos por parte del Departamento de Estado, en julio pasado&#8221;, agregó el holding.



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Los hechos vinculados a Cartes e investigados por EE.UU. generaron esquirlas que golpearon a sus socios, incluyendo a los del clan Luksic en Chile, socio estratégico del holding local en Paraguay para sus negocios en combustibles y bebidas.



De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Cartes ha realizado actos de corrupción de forma &#8220;sistemática&#8221; y ha &#8220;socavado las instituciones democráticas de Paraguay&#8221;.



El Departamento de Estado describió a Cartes como uno de los &#8220;individuos más ricos&#8221; de Paraguay y aseguró que, durante su Gobierno y en los años posteriores, incurrió en un &#8220;patrón coordinado&#8221; de corrupción, incluyendo sobornos a funcionarios y legisladores.



En concreto, durante &#8220;más de una década&#8221;, Cartes aprovechó su &#8220;riqueza adquirida ilegítimamente y su influencia para expandir su poder político y económico en las instituciones paraguayas&#8221;, recogió el comunicado.



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Actualmente, Cartes es el líder del oficialista Partido Colorado tras derrotar el año pasado en un proceso interno al actual gobernante, Mario Abdo Benítez, en el poder desde 2018.



Además, EE.UU. sancionó al actual vicepresidente del país, Hugo Velázquez, afirmando que está involucrado &#8220;extensamente&#8221; en prácticas corruptas, incluyendo tráfico de influencias y sobornos.



EE.UU. fue incluso más lejos y aseguró que, en su cargo de vicepresidente, Velázquez &#8220;ha trabajado para interferir en procedimientos judiciales con el objetivo de protegerse a sí mismo y a otros socios criminales de cualquier investigación y ha amenazado a aquellos que podrían exponer su actividades criminales&#8221;.



Tanto Cartes como Velázquez han rechazado las acusaciones en su contra.


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<figure class="aligncenter size-full"><a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOLPsQsw7-rIAw?hl=en-US&amp;gl=US&amp;ceid=US:en" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img loading="lazy" decoding="async" width="295" height="50" src="https://cdn.forbes.cl/2022/10/Siguenos.png" alt="BOTÓN GOOGLE NEWS" class="wp-image-27364"/></a></figure></div>


EFE

Junta de accionistas de Quiñenco, holding de la familia Luksic y matriz la empresa de bebidas CCU y de combustibles ENEX, que tenían negocios en Paraguay con empresas del expresidente Horacio Cartes, acusado de corrupción. FOTO: Quiñenco

Grupo Luksic se desvincula de expresidente paraguayo Horacio Cartes tras sanción de EE.UU. por corrupción

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a seis años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).



Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.



Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.



La pena dispuesta para Fernández en la denominada &#8220;Causa Vialidad&#8221; es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.



El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de unos US$ 482 millones.



La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.



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<blockquote class="twitter-tweet" data-width="550" data-dnt="true">¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo. <a href="https://t.co/5jDZk9oZJh">https://t.co/5jDZk9oZJh</a>&mdash; Cristina Kirchner (@CFKArgentina) <a href="https://twitter.com/CFKArgentina/status/1600233714679586817?ref_src=twsrc%5Etfw">December 6, 2022</a></blockquote><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.



Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de seis años de prisión para Lázaro Báez; al exsecretario de Obras Públicas José López, y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.



También impuso diversas penas de entre tres años y medio y cinco años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz, Mauricio Collareda y Raúl Daruich; a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz, Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez, y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.



Por otra parte, el tribunal absolvió a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; a Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y a Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.



En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces lo absolvieron por el delito de asociación ilícita y dictaron su sobreseímiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.



La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas —en muchas de las cuales fue sobreseída— gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.



En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el <a href="https://forbes.cl/actualidad/2022-09-02/argentina-conmocionada-por-el-intento-de-asesinato-de-la-vicepresidenta-cristina-fernandez/">atentado</a> que sufrió la Vicepresidenta el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidente en el proceso judicial.


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