La oposición lleva semanas pidiendo la renuncia de Montes sobre todo tras la detención de dos de los protagonistas que dieron origen al llamado "Caso Convenios".
La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile rechazó este jueves la solicitud de iniciar un juicio político (acusación constitucional) de diputados de derecha y ultraderecha contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su presunta responsabilidad en una trama de presuntas subvenciones irregulares que sacude al país.
Con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención, el pleno de la cámara dio validez a la defensa de Montes y frenó así la acusación constitucional, que había generado duras críticas por parte del Gobierno y de los partidos oficialistas.
“Tengo las manos y la conciencia muy limpias. Nunca pensé en dar un paso al costado”, dijo Montes, quien aseguró que la votación dejó claro que la acusación constitucional “no tenía ni fundamento político ni técnico”.
El ministro, un histórico del socialismo chileno, contó con el apoyo de todos los partidos de la coalición de Gobierno y sectores de la oposición, como la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, Amarillos y Demócratas.
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La solicitud de juicio político fue apoyada, en cambio, por la coalición de derecha Chile Vamos, el ultraderechista Partido Republicano y el Partido Social Cristiano.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado durante cinco años.
Se trata de la quinta acusación constitucional que presenta la oposición en contra de un ministro del Gobierno del progresista Gabriel Boric, pero ninguna se ha aprobado.
“Los niveles de aprobación de la política son vergonzosamente bajos y eso nos deje interpelar a todos nosotros. Esto le hace mal a la democracia”, afirmó Montes en un punto de prensa tras la votación en el Congreso.
La oposición lleva semanas pidiendo la renuncia de Montes sobre todo tras la detención de dos de los protagonistas que dieron origen al llamado “Caso Convenios”, y endureció el tono tras la derrota en el plebiscito constitucional del pasado 17 de diciembre, cuando una mayoría rechazó en las urnas una propuesta constitucional conservadora.
Daniel Andrade, representante legal de una fundación ligada a uno de los partidos del Gobierno, y Carlos Contreras, exsecretario regional del Ministerio de Vivienda de Antofagasta (norte de Chile) están acusados de malversar subvenciones públicas por 426 millones de pesos (cerca 530.000 dólares).
“Lo importante no soy yo es la emergencia habitacional (…) Es muy injusto que en Chile haya 650.00 familias que viven en la situación en la que están viviendo”, apuntó Montes, quien dijo que el Ministerio que dirige “no es corrupto” y que el Gobierno y “seguirá investigando para que los responsables sean sancionados como corresponde”.
La fundación que está en el punto de mira estaba vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos de la coalición oficialista y que fue fundado por el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, quien se vio obligado a renunciar en agosto por las presiones de la oposición.
La salida de Jackson supuso un duro golpe para Boric ya que ambos son íntimos amigos desde las protestas estudiantiles que lideraron en 2011.
Con información de EFE
