Los detenidos son dos de los supuestos protagonistas de la trama: Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, y Carlos Contreras, exsecretario regional del Ministerio de Vivienda de Antofagasta.
El registro de las dependencias e incautación se llevó a cabo en las oficinas de la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional y del Departamento de Asentamientos Precarios.
El caso estalló en junio en la norteña región de Antofagasta cuando se desvelaron supuestas irregularidades en millonarios convenios suscritos entre la delegación regional del Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva.
Según el mandatario, esta legislación contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años en el país, en el que se han registrado decenas de casos de colusión empresarial en la última década.
