Nuestra soberanía digital no se defiende rechazando cables ni cediendo ante presiones externas. Se defiende construyendo la capacidad de analizar qué estamos aprobando antes de firmarlo. Un país que no tiene los mecanismos para evaluar de manera autónoma si una inversión en infraestructura crítica representa un riesgo, termina delegando esa decisión en otros, ya sea en Washington que revoca visas, o en Beijing que consolida dependencias.
El debate sobre el cable Chile-China Express se ha centrado en las personas equivocadas. Hablamos de visas revocadas, de acusaciones cruzadas entre presidentes. Todo eso importa, pero distrae de la pregunta que realmente deberíamos estar haciéndonos: ¿entendemos los riesgos concretos de conectar Hong Kong con Concón a través de infraestructura tecnológica china?
Los cables submarinos no son infraestructura neutra. Transportan más del 95% del tráfico mundial de datos: transacciones financieras, comunicaciones gubernamentales, información estratégica. Son infraestructura crítica.
El primero y más evidente de los riesgos es el espionaje. China Mobile, China Unicom y China Telecom —las empresas detrás del proyecto— son estatales y están sujetas a la Ley Nacional de Inteligencia china de 2017, que obliga a toda organización china a cooperar con los esfuerzos de inteligencia del Estado cuando este lo requiera. Acá no hay especulación, es el texto de la ley. Al canalizar nuestras comunicaciones por tecnología bajo esa obligación legal, Chile amplía su superficie vulnerable de forma significativa. Y no estamos hablando de cualquier infraestructura, estamos hablando de la columna vertebral digital del país.
El segundo riesgo es menos inmediato, pero igual de serio: la dependencia. Otorgarle a China el control de un nodo crítico de nuestra conectividad no es un gesto comercial neutro. Es entregarle una palanca negociadora de gran importancia. Hoy la relación es más bien fluida. Pero en caso de disputa, ya sea comercial, diplomática o de otro tipo, ese control se convierte en presión. Las infraestructuras críticas no se evalúan solo para el escenario optimista.
Ahora bien, Chile necesita inversión extranjera y sería un error leer este debate como un llamado al proteccionismo. El punto es otro: no toda inversión extranjera viene únicamente con intereses comerciales, y cuando no lo hace, el Estado debe estar en condiciones de evaluarlo. Un cable submarino es infraestructura que toca nuestra soberanía digital, nuestras alianzas estratégicas, nuestro posicionamiento en un disputado tablero geopolítico y nuestra seguridad nacional. Aprobar o rechazar algo así no puede reducirse a una tramitación administrativa. Requiere una evaluación de Estado, con criterios claros y una visión de largo plazo sobre qué clase de dependencias estamos dispuestos a asumir.
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Nuestra soberanía digital no se defiende rechazando cables ni cediendo ante presiones externas. Se defiende construyendo la capacidad de analizar qué estamos aprobando antes de firmarlo. Un país que no tiene los mecanismos para evaluar de manera autónoma si una inversión en infraestructura crítica representa un riesgo, termina delegando esa decisión en otros, ya sea en Washington que revoca visas, o en Beijing que consolida dependencias. Ambos escenarios son una forma de pérdida de soberanía.
Si algo dejó en claro este episodio, es que Chile no puede seguir navegando la geopolítica digital sin brújula propia.
Sobre el autor
Sebastián Dueñas Müller es subdirector del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UC.
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