El país está abordando ya la desafiante reforma de pensiones que apunta a que los chilenos logren pensiones que les aseguren un nivel de vida digno. Esteban Arias Montevechio da a conocer las propuestas de Gobierno y oposición, que difieren en forma pero que reconocen la urgencia de fortalecer el sistema.
El sistema de pensiones chileno ha estado en el foco del debate público en las últimas décadas. Estos debates van en línea con los objetivos primordiales establecidos por la OCDE. Dichos objetivos buscan asegurar que las pensiones proporcionen un nivel de vida digno, sean equitativas y ofrezcan un ingreso de reemplazo cercano a los ingresos obtenidos durante la vida laboral. Sin embargo, se ha identificado un desajuste en la tasa de cotización, un elemento esencial para alcanzar estos propósitos.
En la actualidad, la tasa de cotización en Chile se ubica en un 12,8%, significativamente por debajo del promedio OCDE de 18,2 %. Esto tiene consecuencias importantes, ya que la tasa de cotización es la base sobre la cual se construirán las futuras pensiones. Bajo este desafío, es importante considerar la contribución del empleador, que en Chile es solamente del 1,6% en comparación con el promedio OCDE del 11,1%.
Esta discrepancia en la tasa de cotización plantea un escenario preocupante en términos de tasas de reemplazo y, en última instancia, el riesgo de mayores niveles de pobreza entre la población adulto mayor. Además, la volatilidad económica y los retiros de fondos de las AFP han exacerbado la situación, sugiriendo la necesidad de medidas correctivas.
En respuesta a esto, tanto el Gobierno como la oposición han unido fuerzas para abordar el problema. Se ha acordado un aumento del 6% en la tasa de cotización a cargo de los empleadores, acercándola a un 70% del promedio OCDE, mientras que la tasa de cotización global se encontraría levemente sobre la tasa promedio. Sin embargo, surgen diferencias en cuanto a la asignación de este incremento.
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El Gobierno proponía en primera instancia destinar la totalidad del 6 % a un seguro social que complementaría las cotizaciones individuales. Esta propuesta tendría un impacto positivo en las pensiones, incrementándolas en una Unidad de Fomento por cada década de cotización, así como también incrementaría de forma inmediata las pensiones de miles de chilenos que actualmente se encuentran jubilados. Vale la pena resaltar que el 80 % de los afiliados a las AFP reciben pensiones por debajo del sueldo mínimo (y el 50 % no llega siquiera a $215 mil pesos).
En contraste, la oposición sostiene que los fondos deben mantenerse como ahorros personales, argumentando además que no existe un sostén político y social para su implementación. En relación con las mejoras de las pensiones actuales de los jubilados, existe un amplio consenso en torno a la necesidad de aumentar la Pensión Garantizada Universal a $250 mil pesos y agilizar el proceso de revisión y modificación de las regulaciones de las AFP. A pesar de estas opiniones divergentes, ambas partes reconocen la urgencia de fortalecer el sistema previsional.
Esta discusión ha evolucionado desde un inicial apoyo al seguro social (6-0) por parte del gobierno, hacia un equilibrio a favor del sistema de capitalización individual inamovible por parte de la oposición (0-6), pasando por propuestas intermedias (4-2, y al parecer un 2-4 en el futuro próximo), todo rodeado de tensiones políticas. La incertidumbre persiste en cuanto al curso que tomará esta deliberación, y el resultado tendrá un impacto significativo en la vida de miles de personas, influenciando la posición de Chile en relación con otras naciones OCDE en el ámbito de seguridad social.
En última instancia, este diálogo trasciende las diferencias políticas y busca construir un futuro más sólido y justo para las generaciones venideras. El objetivo es claro: mejorar las pensiones, reducir la desigualdad y establecer una base financiera sólida para los jubilados chilenos. A medida que la discusión continúa, alcanzar un acuerdo que garantice la seguridad financiera en la jubilación y permita que Chile se equipare a los estándares internacionales de seguridad social es, más que un deseo, una necesidad transversal en nuestra sociedad.
*El autor es Académico de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello Concepción
