Un duro golpe para los programas sociales de salud, pensiones y cuidado que prometió el Presidente
La Cámara de Diputados de Chile rechazó este miércoles en general la reforma tributaria presentada por el presidente Gabriel Boric, una de sus promesas de campaña con la que buscaba recaudar el 3,6 % del PIB en cuatro años para financiar programas sociales de salud, pensiones y cuidado.
El pleno de parlamentarios rechazó por estrecho margen la iniciativa con 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones.
El proyecto incluía la reestructuración del impuesto a la renta, la reducción de las exenciones tributarias, la aplicación de un nuevo royalty minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medioambiente.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lamentó el resultado de la votación y dijo que se trata “de una muy mala noticia” para los pensionados y las mujeres, ya que se cierran las vías para financiar mejores condiciones.
Marcel dijo que hubiese querido dar buenas noticias esta tarde tras haberse reportado esta mañana un sorpresivo descenso del 0,1% en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) mensual, el primero desde noviembre de 2020.
“Hubiéramos querido dar una buena noticia, en el sentido de que seguíamos adelante con esta reforma tributaria que tiene fundamentalmente como objeto movilizar recursos en favor de las necesidades de la ciudadanía y obteniendo los recursos de donde mas dinero y fortunas existen”, dijo Marcel tras la votación.
Sin embargo, aclaró que la acción tomada por la Cámara significa que el tema de la reforma queda fuera de discusión por lo menos por un año, descartando de esa manera que el Gobierno vaya a introducirla por el Senado.
“Creo que es importante ser claro porque se plantean elucubraciones sobre cosas que puedan seguir”, continuó, “creo que es importante tener claro qué es lo que se votó y cuáles son las consecuencias de ello”.
“Lo que se rechazó por dos votos de diferencia fue la idea de legislar. Es decir, la idea de que exista una reforma tributaria, y además con todos sus componentes. Eso la implicancia que tiene es que no puede volver a legislarse sobre esta materia hasta un año más… la votación en general en contra de este proyecto significa, por ejemplo, que los dos tercios del articulado referidos a la reducción de la evasión y la elusión no van a poder legislarse, no importa los argumentos que se den”, sostuvo Marcel.
El proyecto de ley era clave para financiar el programa del Ejecutivo y representantes de la oposición reclamaron al Ejecutivo no haberse sentado con ellos a negociar la propuesta.
“Es una señal primero a una tozudez del Gobierno de no estar dispuesto a sentarse realmente a conversar; en la Comisión de Hacienda, durante un período largo no hubo prácticamente ningún tipo de flexibilidad”, señaló poco después de la votación el diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.
“El rechazo demuestra que no es solo de un sector político, es de quienes somos de derecha y también de centro, ya que se requería llegar a una mayoría que no se logró, creemos nosotros por la tozudez constante del Gobierno de no entender que era una mala reforma que afectaba a las pequeñas y medianas empresas”, agregó.
“Victoria para los evasores”
El ministro Marcel también opinó que la derrota de la iniciativa es motivo de “celebración” para los evasores de impuestos.
“Hoy celebrarán los partidos más a la derecha del espectro político, hemos visto que van a celebrar quienes evaden impuestos y asesoran a los contribuyentes para hacerlo, porque tendrán al menos un año mas para usar los mecanismos de elusión tributaria”, dijo. “Vamos a tener una celebración de los grandes capitales, van a celebrar los lobbistas”.
La recaudación tributaria en Chile supuso el 19,3% del producto interior bruto (PIB) en 2020, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muy por debajo del promedio en Latinoamérica, el 21,9%, y de este propio organismo, un 33,5%.
Según los cálculos de Marcel, la reforma obligaría a pagar más impuestos “a un 3% de la población” en un país con los mayores índices de desigualdad de la OCDE.
