El Senado aprobó el miércoles una reforma al Código de Aguas con limitaciones a las nuevas concesiones de agua y enfocada en su uso para consumo humano, entre otras disposiciones, y la despachó a la Cámara de Diputados para que continúe la discusión o la apruebe para que se convierta en ley. La reforma, que […]
El Senado aprobó el miércoles una reforma al Código de Aguas con limitaciones a las nuevas concesiones de agua y enfocada en su uso para consumo humano, entre otras disposiciones, y la despachó a la Cámara de Diputados para que continúe la discusión o la apruebe para que se convierta en ley.
La reforma, que languideció por una década en el Congreso, ha logrado grandes avances en lo que va de 2021, coronado por una votación unánime en el Senado a fines del mes pasado.
El código reformado requiere que las nuevas concesiones de agua sean temporales y que no se puedan vender ni heredar, como en la ley original. También prohíbe los derechos de agua sobre glaciares, protege el agua en territorios indígenas y permite al gobierno establecer reservas en áreas ambientalmente sensibles.
No más derechos indefinidos o heredables
El proyecto que debe ahora revisar la Cámara de Diputados, también requiere que todos aquellos con derechos de aprovechamiento se registren y revelen su uso actual o se arriesgan a perderlos.
La senadora socialista Isabel Allende dijo en el debate que la objeción de los legisladores no es eliminar derechos, sino ponerlos bajo el microscopio y una nueva regulación fuerte que dé prioridad el consumo humano.
“Los futuros (derechos) no serán indefinidos, a perpetuidad, no serán heredables, vendibles, etc. Tampoco permitirán especulación que muchos han hecho con esos derechos de aprovechamiento”, dijo la legisladora.
Chile es uno de los países con mayor nivel de privatización del agua del mundo: se calcula que el 80% de los recursos hídricos del país pertenecen a propietarios privados, en su mayoría empresas agrícolas, mineras y de energía.
La Constitución actual y el Código de Aguas, ambos heredados de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), otorgaron a particulares derechos de aprovechamiento gratuitos y a perpetuidad que ahora se compran y venden en el libre mercado.
Prioridad para consumo humano
Después, ya en democracia, se privatizaron también las sanitarias, encargadas del suministro.
El modelo actual no prioriza el agua para consumo humano, al contrario de lo que recomienda Naciones Unidas, y los precios son los más elevados de la región: siete de las 10 ciudades de América Latina con el agua más cara están en Chile, según un estudio de la Fundación Aquae.
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El país atraviesa, desde hace una década, la peor sequía de la que se tiene registros y la disponibilidad hídrica ha disminuido de manera paulatina y sostenida especialmente en la zona centro y norte.
La sequía ha obligado a las mineras en expansión a redoblar sus esfuerzos para reducir el uso de agua y construir plantas desalinizadoras.
La falta de lluvias, combinadas con la reducción de las nevadas y el retroceso de glaciares, también han llevado a las granjas y viñedos del país a repensar sus fuentes de riego.
Independientemente de la reforma que se apruebe en el Congreso la última palabra sobre el agua la tendrá la Convención Constitucional, donde el tema será prioritario.
De los 155 convencionales electos para redactar la nueva Constitución un total de 81 se han comprometido con garantizar que el agua sea un derecho para las personas y los ecosistemas.
FORBES STAFF / AGENCIAS