Empresas que difundan publicidad que apunte a la sustentabilidad deberán respaldarla con pruebas
La estrategia empresarial conocida como greenwashing o lavado verde, a través de la cual una compañía busca hacer creer a la opinión pública un comportamiento ambiental que no se condice con la realidad, llegó al Congreso en un proyecto de ley que no convence del todo a los expertos medioambientales.
Si bien la discusión del proyecto se encuentra en una fase inicial, el especialista en sustentabilidad urbana de la Universidad Andrés Bello, Iván Franchi, comentó algunos riesgos de la propuesta presentada en el Parlamento.
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“Hay conceptos, adjetivos, indicadores, estándares y certificaciones quedan supeditados a un reglamento posterior a la potencial aprobación de moción legislativa, siendo estos elementos los que requieren mayor contundencia, claridad y robustez para establecer el marco regulatorio en la materia. A ello se suma las referencias a ‘publicidad de la sustentabilidad’ cuya definición es una reiteración vaga y ambigua: prácticas responsables y sustentables”, explicó el experto a EFE.
La iniciativa de ley establece que las empresas que difundan publicidad que apunte a la sustentabilidad deberán entregar información íntegra, verídica, comprobable y entendible, y detallar sus prácticas ambientales, tanto las ejecutadas en el territorio nacional como en los países en los que tienen inversiones, actividades o sucursales.
También prohíbe emitir publicidad por un periodo de cinco años a las compañías sancionadas o condenadas por daño ambiental.
A modo de ejemplo, Franchi comenta que “un envase tetrapack con un logo de 100% reciclable, sin certificación, sin información de dónde y en qué condiciones aquello puede ser real, es greenwashing. Una empresa que promociona un automóvil ‘cero emisiones’ sin demostrar cuál es el balance de emisiones, ni cómo aquello está medido, ni quién lo certifica, también es greenwashing”.
Países que ya regulan el greenwashing
De llegar a aprobarse el proyecto, Chile se sumaría a países como España, Francia, Brasil o Estados Unidos, que ya poseen regulaciones de este tipo y que forman parte también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
“La regulación de la información ambiental en todo ámbito es una condición imprescindible para la transición socioecológica”, aunque atreverse a legislar esta práctica “no es fácil” porque se busca “dotar de transparencia y garantía de acceso a la información el desempeño ambiental de productos y productores”, reconoce Franchi.
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El académico destaca que, junto con entregar el poder de decisión al consumidor, la regulación “permite intervenir el mercado de modo tal que sus productos se ven en la obligación normativa y ética de adaptar sus procesos y estándares a las exigencias que la realidad ambiental nacional y mundial exige”
“Si te declaras carbono neutral, respalda dicha aseveración con herramientas estandarizadas de cuantificación de emisiones, como el Análisis Ciclo de Vida, tal como han hecho los daneses, por ejemplo. Si hay una declaración de sustentabilidad, deberá existir una batería de indicadores que permitan medirlo: origen de la energía, consumo de agua, cantidad de producto recuperado”, ejemplifica Franchi.
Entre los criterios que, según el experto, las empresas deberían seguir para considerar que el greenwashing no está entre sus prácticas están la transparencia y acceso a la información, pero también estándares laborales, el nivel de ingreso de los trabajadores y horas de trabajo, entre otros.
EFE