Si queremos tomar algo del resto del mundo, deberíamos partir en cambio por reconocer que un gran número de países perfectamente democráticos y estables el jefe del Gobierno cuenta con la facultad de organizar la Administración de acuerdo con sus prioridades y criterio.
A fines de agosto pasado el Presidente José Antonio Kast anunció la formación de una comisión sobre “Nueva Arquitectura del Estado”. Dicha Comisión, integrada por 12 personas de diversas trayectorias y sensibilidades políticas tendrá que generar, en un plazo de 120 días, una propuesta de nueva estructura ministerial, revisar el número de carteras, eliminar superposiciones de funciones y reasignar recursos, todo lo cual el Gobierno traducirá en iniciativas legales que se someterán al Congreso Nacional.
Es valioso que el Gobierno se haya planteado el tema de la organización del Estado. Como señala el Presidente en su discurso, su estructura actual no es producto de un diseño consciente y racional, sino de la agregación de reformas parciales, usualmente justificada por temas emergentes de política pública cuya relevancia política se ha querido simbolizar a través de la creación de nuevos ministerios o servicios públicos.
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Este proceso de desarrollo institucional inorgánico se aceleró significativamente a contar de 2010. Hasta antes de ese año el Estado contaba con 18 ministerios y 160 servicios públicos; en la actualidad existen 25 ministerios y 203 servicios públicos. Mientras en este período se crearon 44 servicios públicos, se produjo una sola fusión.
Esta proliferación de organismos estatales no es producto de banalidad política, populismo, funcionarios refractarios o estatismo, sino de una característica muy especial de nuestra institucionalidad: de acuerdo con nuestra Constitución, la creación o supresión de cargos públicos sólo puede hacerse mediante una ley (Artículo 65). Dado que los cargos públicos están definidos en plantas por cada servicio, si se quiere fusionar o reestructurar instituciones, se debe formular un proyecto de ley que seguramente tomará varios años tramitar en el Congreso. Este mismo requerimiento explica también por qué existen aún ministerios que no se han adecuado plenamente a la Ley de Bases de la Administración del Estado, de 1986.
Esta norma constitucional contrasta, sin embargo, con aquella que establece que el Presidente de la República es el responsable del gobierno y la administración del Estado (Artículo 24). Si el Presidente es Jefe de Estado cabe preguntarse por qué tiene que hacerlo sobre una estructura rígida, predeterminada y no adecuarla a sus prioridades y estilo de gestión, reflejando las sinergias, coordinaciones y contrapesos que quiere lograr.
En la respuesta a esta pregunta se juega en buena medida el éxito o fracaso de la Comisión creada por el Presidente Kast. Si la Comisión opta por proponer una nueva estructura fija de ministerios, es probable que no sólo le cueste generar consenso a su interior, sino que la propuesta quede expuesta a críticas en su tramitación legislativa. Después de todo, la diversidad de “arquitecturas” gubernamentales en el mundo sugiere que no existe un modelo perfecto al cual recurrir.
Si queremos tomar algo del resto del mundo, deberíamos partir en cambio por reconocer que un gran número de países perfectamente democráticos y estables el jefe del Gobierno cuenta con la facultad de organizar la Administración de acuerdo con sus prioridades y criterio. Esta facultad usualmente se ejerce –o está restringida– al inicio de una gestión, cuando todavía no existen ministros incumbentes que se resistan a un cambio. Para lograr esto en Chile no es necesario reformar la Constitución, sino que basta con incorporar a la práctica política el que el Congreso otorgue al jefe de estado entrante dicha facultad por un plazo limitado y acotando los efectos que ello pueda tener en el empleo público.
Para completar la tarea de la Comisión, dos temas parecen especialmente relevantes. El primero es adecuar la lógica de los subsecretarios. Históricamente, estos han sido concebidos como viceministros, con una responsabilidad más política que de gestión. En ministerios con mandatos múltiples, los subsecretarios deberían convertirse en responsables de un área específica, más que segundos de todo. Esto se ha ido imponiendo en la práctica en reformas sectoriales recientes, pero esta sería una buena oportunidad de extenderlo al conjunto de ministerios.
El segundo es tomar en cuenta la estructura institucional subnacional como parte de la organización del Estado. La reforma que creó los gobiernos regionales con gobernadores electos es aún un proceso en desarrollo, que ha encontrado múltiples dificultades y resistencias para traspasar al nivel regional competencias del Gobierno Central que tiene mucho más sentido administrar desde el territorio. Avanzar más decididamente en este proceso –con definiciones más ambiciosas de competencias traspasables, recursos y responsabilidad de los gobernadores—es esencial para consolidar una lógica moderna de organización estatal.
En definitiva, más que arquitectura, lo que nuestro Estado requiere es diseño, con piezas modulares que generen un marco institucional más parecido al de una plataforma, capaz de responder a nuevos desafíos sin perder su propósito último de servir a la ciudadanía.
Sobre el autor
Mario Marcel es exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central.
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