Medir para actuar: la deuda de Chile con el desperdicio de alimentos

Hay cifras que cuesta poner una al lado de la otra. El último informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI 2026), elaborado conjuntamente por la FAO, el FIDA, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la OMS, estima que en 2025 cerca de 2.100 millones de personas enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o grave. En América Latina y el Caribe, esta realidad afecta al 22,9% de la población y nuestra región registra, además, el costo promedio más alto del mundo para acceder a una dieta saludable.

En ese escenario, que enormes cantidades de alimentos aptos para el consumo sigan perdiéndose o terminando en la basura no es solo una ineficiencia; es por sobre todo una contradicción que nuestros sistemas alimentarios ya no pueden permitirse.

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Este 29 de septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, debiera servirnos en Chile para hacernos una pregunta incómoda: ¿cómo podemos trabajar para mitigar este enorme desafío si aún no sabemos a ciencia cierta cuánto estamos desperdiciando?

Tenemos aproximaciones, estudios sectoriales y esfuerzos valiosos desde la academia y distintas organizaciones, pero seguimos sin contar con una medición nacional, periódica y comparable que permita dimensionar el problema a lo largo de toda la cadena. Y lo que no medimos difícilmente podemos gestionarlo; mucho menos fijar metas o evaluar si las políticas implementadas están funcionando.

Los datos que sí tenemos muestran que existe un problema que merece atención. En nuestra segunda Encuesta Regional sobre Percepción del Desperdicio de Alimentos, realizada a 4.504 personas en Chile, Argentina, México y Colombia, Chile presentó la mayor proporción de personas que reconoce botar comida al menos una vez por semana: 49,9%, frente a un promedio regional cercano al 40%.

La paradoja es todavía mayor porque no parece existir falta de conciencia. El 93,6% de las personas encuestadas en Chile considera el desperdicio un problema al menos relevante y el 90,1% le atribuye un impacto ambiental medio o alto. Sabemos que importa, pero ese conocimiento no está siendo suficiente para modificar nuestros hábitos.

Según nuestro estudio, seis de cada diez encuestados consideran que en sus países falta información para dimensionar el desperdicio de alimentos. Sin embargo, cuando se les pregunta qué políticas públicas deberían impulsarse para enfrentarlo, apenas una de cada diez personas menciona las campañas de concientización. Es decir, reconocemos que necesitamos comprender mejor la magnitud del problema, pero también que informar no basta para resolverlo. El desafío entonces es transformar ese conocimiento en condiciones que permitan actuar: prevenir los excedentes, facilitar el rescate de alimentos y hacer que aprovecharlos sea una alternativa cada vez más sencilla y accesible.

Resulta evidente lo crucial que es la medición del problema para poder gestionarlo, pero también que esto solo tiene sentido si esos datos luego conducen a la acción concreta y la efectiva mitigación del desafío. Así, son fundamentales reglas claras que faciliten la donación y el rescate; incentivos para que empresas y comercios prevengan y gestionen sus excedentes; mejores herramientas para los hogares; y mecanismos que permitan aprovechar alimentos antes de que se conviertan en residuos. La experiencia de las personas muestra que ahí existe una brecha concreta: la mayoría no sabe cómo donar, vender con descuento o rescatar alimentos antes de que se pierdan.

El SOFI 2026 muestra que el mundo ha logrado algunos avances en la reducción del hambre, pero también que estos siguen siendo frágiles y profundamente desiguales. Casi una de cada tres personas en el planeta todavía no puede acceder a una dieta saludable. Es difícil aceptar esa realidad y, al mismo tiempo, asumir como inevitable que alimentos aptos para el consumo se pierdan o desperdicien todos los días.

Frente a esa realidad, reducir el desperdicio no puede seguir dependiendo solo de buenas intenciones individuales. Necesitamos saber qué estamos perdiendo para poder evitarlo. Y necesitamos una política pública que transforme esos datos en metas, incentivos y soluciones concretas. Porque ningún sistema alimentario puede considerarse verdaderamente eficiente mientras una parte de lo que produce para alimentar, con todos los costos que ello implica, termina en la basura y contaminando.

Sobre la autora:

Natalia Paredes, gerente general de Cheaf Chile.

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