La negociación que mantiene nuestro país con Estados Unidos debe ser prioritaria y concentrarse en aquellos productos donde el impacto económico y social sea mayor.
Chile ha construido durante décadas una de sus principales fortalezas económicas sobre una premisa clara: abrir mercados, reducir barreras y competir internacionalmente sobre la base de reglas y acuerdos comerciales.
Por eso, la sobretasa de 12,5% aplicada por Estados Unidos a una parte relevante de las exportaciones chilenas debe mirarse con atención. El desafío no es solo negociar nuevas exclusiones. También es proteger la competitividad, el empleo y la capacidad de Chile para seguir creciendo a través del comercio exterior.
Es importante precisar que la medida no afecta a todas nuestras exportaciones. Según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el 53,6% del valor exportado a Estados Unidos quedó excluido, mientras un 40,3% quedó afecto a la sobretasa. Entre los productos alcanzados se encuentran salmones, uvas, arándanos, carnes de ave, cerezas, vinos, cítricos y otros alimentos y manufacturas.
El problema, por tanto, no está solo en el porcentaje, sino en los productos afectados y en su importancia para determinadas regiones y cadenas productivas.
Un arancel de esta magnitud representa un deterioro concreto de las condiciones de acceso al mercado estadounidense. Dependiendo del producto y de la estructura comercial, el costo podrá ser absorbido por consumidores, importadores o distribuidores. Pero en muchos casos los exportadores chilenos deberán reducir sus márgenes para mantener su posición frente a competidores de otros países.
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Y ahí aparece uno de los principales riesgos: perder participación de mercado.
Esto es especialmente relevante para productos perecibles y sectores que ya enfrentan una fuerte competencia internacional. Una fruta que no se vende oportunamente no puede esperar mejores condiciones de mercado. En estos rubros, una pérdida de competitividad puede traducirse rápidamente en menores envíos y retornos.
El efecto, además, no termina en la empresa exportadora. Detrás de cada contenedor existe una extensa cadena de productores, trabajadores, plantas de proceso, transporte, puertos, agencias de aduana, operadores logísticos y numerosos proveedores. Cuando una exportación pierde competitividad, el impacto puede transmitirse a toda esa red.
La medida tampoco debe interpretarse erróneamente como una sanción específica contra Chile. El Gobierno ha señalado que la investigación estadounidense tuvo carácter global y que no sostiene que nuestro país exporte bienes producidos mediante trabajo forzoso. Sin embargo, que no sea una medida dirigida exclusivamente contra Chile no significa que sus efectos sean menores.
La negociación que mantiene nuestro país con Estados Unidos debe ser prioritaria y concentrarse en aquellos productos donde el impacto económico y social sea mayor.
Pero sería un error pensar que la respuesta termina en Washington. Un arancel externo no lo podemos controlar; muchos de nuestros costos internos sí.
Si nuestros exportadores deben enfrentar una sobretasa adicional, Chile no puede agregar a ese escenario burocracia, duplicidad de trámites, ineficiencias logísticas o mayores costos evitables. Esta coyuntura debe acelerar la digitalización del comercio exterior, mejorar la coordinación entre organismos públicos, fortalecer la infraestructura y reducir tiempos y costos en la cadena logística.
También debemos profundizar la diversificación de mercados, sin abandonar la posición que Chile ha construido en Estados Unidos durante décadas.
La respuesta debe ser público-privada, técnica y estratégica. Negociar mejores condiciones afuera, pero también corregir nuestras propias brechas de competitividad.
Porque cuando un contenedor deja de salir de Chile, el costo no lo paga solamente el exportador. Lo termina pagando toda una cadena productiva.
Y en un país que necesita crecer y generar empleo, cada punto de competitividad que perdamos puede ser mucho más difícil de recuperar de lo que parece.
Sobre el autor
Marcelo Abrigo Parra es gerente general de la Asociación Nacional de Agentes de Aduana ANAGENA A.G.
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