La imposición de aranceles a los productos chilenos erosiona un equilibrio cuya construcción requirió una década de negociaciones entre Chile y Estados Unidos las que culminaron en el Tratado de Libre Comercio, vigente desde 2004.
El pasado 23 de julio, Estados Unidos impuso a Chile una sobretasa arancelaria de 12,5%, dentro de un paquete que alcanzó a sesenta economías, invocando la Sección 301 de la Trade Act de 1974 por un supuesto incumplimiento en la fiscalización del trabajo forzoso.
Estos nuevos aranceles, a diferencia del arancel general que ese mismo gobierno impuso meses antes invocando la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) —y que fuera finalmente invalidado por la Corte Suprema de dicho país—, esta nueva medida no aparece, al menos por ahora, como litigable para los importadores estadounidenses: en junio de 2026 la propia Corte Suprema rechazó revisar un caso que cuestionaba la potestad del Representante Comercial para aplicar sobretasas bajo la Sección 301.
La imposición de aranceles a los productos chilenos erosiona un equilibrio cuya construcción requirió una década de negociaciones entre Chile y Estados Unidos las que culminaron en el Tratado de Libre Comercio, vigente desde 2004. El Tratado con Estados Unidos consolidó arancel cero para toda la canasta exportadora chilena el año 2015. Que Washington recurra hoy a herramientas domésticas unilaterales para modificar de facto ese equilibrio, contra un socio que ya pagó el precio de la apertura recíproca, algunos afirmarían que vacía de sentido el valor mismo de negociar tratados comerciales.
En ese contexto, y en medio de esta convulsión, se ha conocido en los últimos días a través de la prensa que, la decisión del equipo negociador chileno sería la de persistir en la vigencia del Tratado de Libre Comercio y, en cambio, no suscribir un Agreement on Reciprocal Trade (ART) que habría sido propuesto por Estados Unidos. La posición del experto equipo negociador chileno de no abrir espacio para la firma de un Acuerdo de Comercio recíproco como el firmado por Argentina parece ir en la dirección correcta.
Y es que el análisis de dichos textos recientemente acordados por Estados Unidos con socios como Argentina permite concluir que se trata de un modelo que no ofrece reciprocidad real: en el caso de Argentina, dicho país desgrava de inmediato las mercancías provenientes de Estados Unidos, mientras Estados Unidos solo se compromete a un techo de 10% —revisable unilateralmente por razones de seguridad o prácticas desleales—, muy superior al 0% que Chile ya tiene consolidado.
Suscribir un instrumento de tales características sería retroceder, no avanzar y esto es coherente con la política comercial chilena y la vocación de apertura que se mantiene como un pilar de la política exterior de Chile.
Esa coherencia de Estado exige mirar también los frentes menos visibles, como los aranceles sectoriales impuestos en virtud de la Sección 232 sobre aluminio, acero y cobre, que hoy someten a empresas como Condensa —exportadora ariqueña de envases de aluminio, con 230 empleos directos y 85% de sus ventas en EE.UU.— a una sobretasa de 50%, con riesgo real para su continuidad y el empleo regional.
Frente a este nuevo escenario, las empresas exportadoras enfrentan una decisión comercial ineludible: no basta con revisar mecanismos de control interno ni apostar a la diversificación de mercados, un proceso que toma años. Hoy es más atendible que nunca la elección del Incoterm y la estructura misma del contrato de compraventa internacional de mercancías, porque de esas cláusulas depende quién asume, en la práctica, el costo de estos aranceles.
La posición chilena debe sostenerse en defender sin ambigüedades el TLC, resistir la tentación de sustituirlo por instrumentos de menor jerarquía, y proteger tanto a los grandes sectores exportadores como a las economías regionales que, como Arica, dependen de empresas que rara vez aparecen en los titulares.
Sobre la autora
Daniela Veas Jaime — Abogada asociada de UR Customs. Especialista en derecho aduanero, comercio internacional y política comercial. Docente, Universidad de Valparaíso.
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