Chile enfrentará años de crecimiento mediocre, muy cercano al 2%, lo cual no da espacio para financiar políticas sociales, mejorar la infraestructura, financiar pensiones, educación, salud, y un largo etcétera.
El Comité de Expertos proyectó recientemente un PIB no minero tendencial de 2,6% para 2026 y 2,1% promedio hasta 2030. Estas cifras son algo optimistas considerando, por ejemplo, la encuesta de expectativas económicas, según la cual, sin cambios estructurales profundos, Chile enfrentará años de crecimiento mediocre, muy cercano al 2%, lo cual no da espacio para financiar políticas sociales, mejorar la infraestructura, financiar pensiones, educación, salud, y un largo etcétera.
Para cambiar ese pronóstico, es necesario avanzar en al menos tres cambios estructurales. El primero, es incentivar el ahorro y la inversión. En sus publicaciones regulares, el Banco Central reportó una tendencia decreciente de las tasas de inversión y ahorro durante los últimos 10 años. La inversión extranjera y local es el motor que pone en marcha nuevos proyectos, genera empleo y moderniza nuestra matriz productiva. Sin embargo, el exceso de burocracia, la lentitud en la tramitación de permisos y la incertidumbre regulatoria han frenado decisiones clave. Si no logramos un marco institucional ágil, transparente y estable, las oportunidades de inversión se irán a otros mercados.
Por otra parte, Chile registró una tasa de ahorro promedio de 20% del PIB aproximadamente en los últimos 10 años, al menos 2 puntos porcentuales por debajo del promedio OCDE para el mismo período, y por debajo del de 25% promedio que ahorramos durante la primera década del siglo XXI, lo que limita la capacidad de financiar proyectos internos de largo plazo. En un contexto de envejecimiento poblacional y reformas previsionales aún en discusión, el ahorro debe ser visto no solo como una responsabilidad individual, sino como una estrategia de desarrollo país. Sin ahorro, dependemos del financiamiento externo, y eso nos hace más vulnerables a los vaivenes globales.
El gasto público también debe estar presente en este tándem virtuoso, aunque sea comprometiéndose a un déficit fiscal acotado, y niveles de deuda que no se traduzcan en mayores costos financieros para Chile, vía riesgo país.
El segundo cambio estructural apunta al capital humano. El mercado laboral no es una isla: es un espacio dinámico que debe ser competitivo, flexible y equilibrado entre las necesidades de las empresas y los trabajadores. Para ello, debemos enfrentar la baja productividad, la informalidad que afecta a más de un 25% de los ocupados y la falta de capacitación adecuada. El futuro del trabajo, marcado por la inteligencia artificial, la digitalización y la transición energética, exige políticas de formación continua, reconversión laboral y colaboración entre el sector público y privado.
En este aspecto, la educación es fundamental. Chile posee buenos indicadores en cuanto a cobertura educacional, sin embargo, pruebas internacionales muestran que la comprensión de nuestros connacionales se queda en grupo de países con habilidades básicas, con una diferencia de más de 50 puntos menos comparados con el promedio de países de la OCDE, según la última medición PISA 2022. Tenemos el desafío de mejorar y fortalecer el sistema educacional chileno para alcanzar resultados cercanos a los países desarrollados. Con esto, será posible aumentar la productividad y garantizar mayor flexibilidad en la adopción de nuevas tecnologías.
Lee también: Estos son los 50 ejecutivos que están liderando la transformación empresarial en Chile
Por muchos años, toda la atención ha estado puesta principalmente en la cobertura universitaria, pero ese es un camino peligroso. La educación escolar ha quedado descuidada, y las carreras universitarias están jugando un rol de nivelación. En otras palabras, quienes terminan el colegio en Chile son nada competitivos respecto a otros países OCDE, y nivelarlo por medio de carreras universitarias es un mecanismo sumamente costoso para resolver el problema (además de regresivo).
El tercer cambio estructural -que nos permitirá darle paso a los dos anteriores- es una reforma política que permita alinear los incentivos del poder legislativo, con una agenda de acuerdos pro-crecimiento que velen por el bien superior del país y no por grupos particulares de intereses. Esto muchas veces termina agregando más trabas o generando desconfianza a la inversión local o extranjera, debido a la falta de consenso en cuanto a las prioridades del país.
Es importante que avancemos en estos tres cambios estructurales. Solo así podremos retomar la senda del crecimiento.
*Nicolás Hardy es profesor investigador de Facultad de Administración y Economía Universidad Diego Portales y Gonzalo Iberti, Director Magíster en Finanzas e Inversiones de la Universidad Diego Portales
