El camino a este punto inició hace tres años y 15 millones de personas decidirán cuál es el desenlace
El plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución comenzó este domingo en el país con la apertura de los centros de votación a las 8:00 de la mañana y unas 15 millones de personas están convocadas a votar de manera obligatoria.
La votación marca el desenlace de en un proceso que comenzó hace tres años con el estallido social contra el sistema económico que produjo prosperidad durante los últimos 30 años aunque de manera desigual.
Poco después de la apertura de los centros de votación, cerca de las 8:30, el presidente Gabriel Boric votó en el Liceo Industrial de Punta Arenas acompañado de su pareja, Irina Karamanos, sus padres y su hermano. Posteriormente viajaría a Santiago.
“Este es un momento histórico del cual creo que es muy importante que todas y todos, independiente de nuestra opción, nos sintamos profundamente orgullosos”, dijo Boric tras depositar su voto.
Cuestionado sobre el escenario post plebiscito, gane cualquiera de las opciones, “Apruebo” o “Rechazo”, sostuvo que independientemente del resultado convocará a “una amplia unidad nacional” ya sea para implementar el texto de la nueva Constitución, para lo cual ya hemos convocado a varios constitucionalistas y diferentes personalidades de la sociedad civil” en caso de que gane el “Apruebo”, o “para darle continuidad al proceso constituyente en caso de que gane la otra opción”.
Las últimas encuestas, publicadas hace dos semanas porque la ley chilena prohíbe su divulgación 15 días antes de la votación, daban como ganadora a la opción del “Rechazo” sobre el “Apruebo”, por al menos ocho puntos de ventaja, con un gran número de indecisos.
¿Cómo comenzó todo?
El proceso constituyente fue el mecanismo institucional que encontraron los partidos políticos chilenos para contener el estallido social de 2019, que dejó una treintena de muertos, cientos de mutilados oculares por las fuerzas de seguridad y miles de heridos, además de pérdidas por más de US$ 3.000 millones por daños al sistema de transporte público, al Metro de Santiago, comercios, pymes, entre otros.
En esa ocasión, tras un alza del boleto de Metro de Santiago, manifestantes salieron a las calles a reclamar contra la desigualdad económica y social en el país, uno de los más desiguales de Latinoamérica.
En Chile, el país con más renta per cápita de América Latina, el 1% de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza total, mientras que el 50% de las familias más pobres tiene solamente el 2,1 %, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Promoviendo esa desigualdad, dicen sus críticos, está la Constitución actual escrita en dictadura.
Aunque la Constitución actual no lo explicita, la ley fundamental deja al Estado en un rol subsidiario, en el cual actúa solo en aquellos ámbitos en donde los sectores privados no puedan, o no quieran, hacerlo.
De esa manera, sectores como la salud, la educación o las pensiones son manejados por la empresa privada, mientras los ciudadanos exigen mayor bienestar y derechos sociales.
La propuesta de nueva Constitución define a Chile como “un Estado social y democrático de derecho”, además “plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, que garantiza el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, el trabajo, el acceso a los alimentos, entre varios otros.
Las protestas del estallido del 19 de octubre de 2019 pusieron en jaque al Gobierno y lo obligaron a buscar una solución política, que encontró en un amplio pacto político para elaborar una nueva Constitución.
En octubre de 2020 la mayoría de los votantes aprobó la elaboración de una nueva Constitución y eligió a una Convención Constitucional compuesta por 154 representantes de manera paritaria —hecho inédito en el mundo— y escaños reservados para los pueblos originarios que, durante un año, redactó el texto que se someterá a la voluntad popular el próximo domingo.
La derecha y parte de la centro izquierda votarán en contra del nuevo texto por hallarlo “radical”, mientras que la izquierda votará a favor, aunque se ha comprometido a alcanzar un gran pacto para reformar los aspectos más conflictivos de la propuesta nueva ley fundamental, como la plurinacionalidad o los sistemas de justicia para las comunidades originarias.
Los simpatizantes de la propuesta relevan una mejora en los derechos de las personas en temas como vivienda, educación y salud.
Sus detractores ponen énfasis en los eventuales riesgos que traería a la economía —por ejemplo la desaparición del rol de las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones en el manejo exclusivo de los fondos de pensiones, la mayor fuente de financiamiento local para empresas—, además de cuestionar cambios al sistema político vigente, como la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones.
¿Cómo será la votación?
Más de 15 millones de personas, entre chilenos y residentes, están habilitados para sufragar el domingo y el voto es obligatorio para este plebiscito.
La autoridad electoral aplicó un proceso de reorganización para que las personas votaran en locales de votación más cercanos a su vivienda. Además se aumentó en un 10% los locales a más de 3.000 a lo largo del territorio.
¿Qué pasa se se aprueba la nueva Constitución?
La coalición oficialista firmó un pacto para reformar el texto y “aclarar” algunos puntos cuestionados, como asegurar la propiedad de viviendas o mantener el componente de capitalización individual en el sistema de pensiones. Hacia adelante vendría el ajuste de toda la legislación para adaptarse al nuevo texto de acuerdo a las disposiciones transitorias.
¿Qué pasa si se rechaza?
El presidente Gabriel Boric ha dicho que de rechazarse el texto debe iniciarse un nuevo proceso constitucional para cumplir con la voluntad popular expresada en el referendo de fines de 2020.
Otros sectores políticos apuntan a que se puede realizar una reforma a la carta magna vigente usando los ajustes de quórum que han sido aprobados recientemente para facilitar su eventual modificación.
¿Que contiene la propuesta de nueva Constitución?
La propuesta de nueva Constitución define a Chile como un Estado social y plurinacional, elimina el actual Senado y otorga derechos a la naturaleza, entre otros cambios a lo largo de sus 388 artículos.
También impulsa la paridad de género en los órganos estatales y elimina la exigencia de muy altas mayorías —incluso de dos tercios— para modificar las leyes.
Sistema político y leyes
Presidente – En cuanto al sistema político, la propuesta de nueva Constitución establece que el Presidente continúa siendo el jefe de Estado y de Gobierno, pero ya no tendrá la exclusividad de impulsar leyes que impliquen gasto público y esas iniciativas también podrán ser ingresadas por legisladores. El mandatario, además, podría ser reelegido consecutivamente por una vez, lo que actualmente no se permite. Esta disposición entrará en vigor para el próximo término presidencial, por lo cual el actual mandatario, Gabriel Boric, no podrá optar a la reelección.
Congreso – El Congreso pasa de un bicameralismo en la que ambos cuerpos —Senado y Cámara de Diputados— tienen las mismas funciones a un sistema “asimétrico” en el cual la Cámara concentra la función legislativa, el Senado actual desaparece tras 200 años de funcionamiento y es reemplazado por una Cámara de las Regiones con facultades atenuadas y concentrada principalmente en leyes de alcance regional y “leyes de acuerdo regional”, que incluyen aquellas que reformen la Constitución, las que regulen los sistemas de Justicia, el Poder Legislativo, leyes sobre derecho a la salud, educación y vivienda y presupuestos, entre otras.
“Son facultades que se refieren a procesos legislativos que tienen que ver con las cuestiones fundamentales del orden democrático y en segundo lugar, cuestiones que tienen que ver con el interés de las regiones”, detalló el abogado y constituyente de izquierda Fernando Atria.
Este organismo también tendrá la facultad de resolver como jurado en las acusaciones constitucionales (juicios políticos contra altos funcionarios), al igual que el actual Senado.
La fórmula de la Cámara de las Regiones se adoptó como una vía intermedia para destrabar las enquistadas discusiones entre los constituyentes bicameralistas, que optaban por mantener el sistema actual, y los unicameralistas, partidarios de mantener solo a los diputados.
La propuesta constitucional innova, además, en introducir mecanismos de democracia directa, como las iniciativas populares de ley y las consultas ciudadanas. Su artículo 151 dice que “en Chile, la democracia se ejerce de forma directa, participativa, comunitaria y representativa”.
Uno de los cambios fundamentales que propone la nueva Constitución es la eliminación de las altas mayorías —de hasta dos tercios— exigidas actualmente para modificar ciertas leyes. Ahora, salvo para normar sobre procesos electorales u órganos como la Contraloría o el Banco Central, entre otros pocos asuntos, las leyes podrán ser modificadas o derogadas por la mayoría de los presentes en la Cámara de Diputados.
Estado social
La Constitución actual no lo explicita, pero deja al Estado en un rol subsidiario. El texto propuesto define a Chile como “un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico” y garantiza el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, el trabajo, el acceso a los alimentos, entre varios otros.
Pensiones
El texto sostiene que toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad, y propone que sea financiado por trabajadores, empleadores y rentas generales del Estado. Queda en manos del Gobierno crear el sistema de Seguridad Social y el actual presidente Boric ya trabaja en una reforma al sistema de pensiones basado en una pensión básica universal, cotizaciones obligatorias de empleadores y trabajadores, y ahorros voluntarios manejados por las AFP privadas, que son las que manejan el sistema en la actualidad.
Plurinacionalidad
El texto señala que en Chile coexisten diversos pueblos y naciones y que es deber del Estado “respetar, promover, proteger y garantizar” el ejercicio de la libre determinación, sus derechos colectivos e individuales así como su participación en el ejercicio del poder. También que es un Estado plurilingüe, donde el idioma oficial es el castellano y los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena.
Entre los “pueblos y naciones indígenas preexistentes” figuran los Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán y Selk’nams. Más adelante, el articulado señala que el Estado se organiza territorialmente en entidades autónomas, como las comunas, las regiones y las autonomías territoriales indígenas. De acuerdo al censo poblacional de 2017, un 12,8% de la población de Chile declaró ese año pertenecer a un pueblo originario.
La propuesta garantiza, además, “el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”, les otorga escaños reservados en los órganos de representación y establece que deberán ser consultados para su consentimiento en asuntos que les afecten en sus derechos.
El texto crea, además, un sistema de justicia indígena paralelo, coordinado en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia y que deberá respetar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte.
Los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales se establecerán por ley y en todo caso la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena.
Medioambiente
A diferencia de la Constitución actual, que tiene un artículo al respecto, la propuesta tiene todo un capítulo dedicado a la naturaleza y medioambiente que establece que “la naturaleza tiene derechos” y que los animales son “sujetos de especial protección” que el Estado está obligado a proteger contra maltratos.
El texto señala el deber del Estado de adoptar medidas frente a la crisis climática, de proteger la biodiversidad, las especies nativas silvestres y los espacios naturales, así como regular y fomentar la gestión y valoración de residuos.
También se explicita la protección de los humedales y se establece que el agua es un “bien inapropiable”, mientras señala que los glaciares “quedan excluidos de toda actividad minera”. Chile es el mayor productor mundial de cobre y según cifras oficiales en el país se llevan a cabo operaciones mineras de diversos tamaños cerca de 44 glaciares y periglaciares, y en 65 zonas de permafrost.
Paridad de Género
“El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad”, dice el comienzo de artículo 6, que también plantea que los órganos estatales y empresas públicas, entre otros entes, deben tener composición paritaria.
El texto también se manifiesta contra la violencia de género detallando que el Estado debe tomar medidas para erradicarla y sancionarla. La propuesta también establece que toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos, entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo, y que la ley regulará el ejercicio de éstos.
Los puntos en conflicto
El carácter plurinacional del Estado, la eliminación del Senado, el sistema de justicia o la mayor presencia del Estado o el aborto libre son algunos de los aspectos de la propuesta que generan más incertidumbre entre quienes promueven el “Rechazo”.
El exgobernador de la provincia de Cautín (sur), el abogado mapuche Richard Caifal, critica que la propuesta supone un “movimiento pendular, pasando de un Estado garante de libertades a uno omnipresente”.
“Caemos en un excesivo estatismo (…) El Estado actual garantiza a los particulares realizar cualquier actividad económica, y la propuesta elimina esa posibilidad. Por ejemplo, por los derechos de la naturaleza. El Estado que era subsidiario pasa a ocupar el protagonismo de nuestra realidad”, señaló Caifal.
Stephania Jeldrez, portavoz de “Con mi plata no”, organización que defiende la propiedad individual de los fondos de pensiones administrados por las AFP, también criticó la mayor presencia del Estado.
“No tengo esperanzas en las cosas estatales. En el caso de las pensiones, nadie nos asegura que el Estado podrá rentabilizar los fondos como lo hacen las AFP”, afirmó.
“Con mi plata no” presentó una de las las iniciativas de norma popular que más firmas recolectó para ser incluidas en la ley fundamental, pero fue desechada por la Convención Constitucional.
“Muchos de estos movimientos y sus causas participaron del proceso constituyente a través de pero lamentablemente no fueron escuchados. Este texto no es una propuesta que nos una como chilenos y por eso, con mucha esperanza, saldremos desde la sociedad civil a decir que queremos seguir avanzando”, señaló Claudio Salinas, vocero de la “Casa Ciudadana del Rechazo”, un comando para el no.
A juicio de Caifal, que encabeza la Fundación Rakizuam, institución dedicada al “dialogo intercultural entre los constituyentes”, el texto “evidencia situaciones muy complejas de entender” que “han generado mucha incertidumbre en la ciudadanía”.
“Por ejemplo, la plurinacionalidad. Todavía no se entiende cabalmente cuáles serían sus implicaciones. No observamos mayor complejidad en el concepto, sino en los contenidos”, explicó.
Una de esas controvertidas implicaciones es la “coexistencia” de sistemas jurídicos indígenas y el Sistema Nacional, bajo el paraguas de la Corte Suprema.
“Hay críticas que apuntan al debilitamiento del poder judicial o la creación de dos sistemas paralelos, que se origina de la incomprensión o la lectura parcial de las normas propuestas”, explica José Antonio Ramírez, doctor en derecho constitucional y profesor de la Universidad de O’Higgins (UOH).
“La labor judicial toma en consideración las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, pero no significa legislaciones penales o civiles diversas”, precisa.
Igualmente, ocurre con la eliminación del Senado o los plazos para el aborto, que también genera resistencia desde los partidos tradicionales.
Escenarios futuros
Ante la incertidumbre sobre el resultado, los partidos oficialistas de la izquierda gobernante decidieron hace más de una semana llegar a un acuerdo para aclarar “ciertas dudas e interpretaciones” que han surgido frente al texto constitucional, reformándolo posterior al plebiscito.
Por ejemplo, respecto a los sistemas de justicia indígena, los partidos oficialistas reafirmaron “la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos”.
“La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”, sostiene el acuerdo firmado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y Convergencia Social (de Boric), entre otros.
El documento también ratificó la presencia de actores privados en los sistemas de pensiones, de salud y de educación, así como el derecho a la propiedad privada, ante versiones que sugieren su desaparición con la nueva ley fundamental.