Chile a dos semanas de aprobar o rechazar su nueva Constitución

Chile está a dos semanas de votar para aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución que se ofreció como salida política al estallido social de 2019 y las últimas encuestas que se publicaron apuntan a que el documento podría ser rechazado por una mayoría de los votantes.

Los últimos sondeos publicados el jueves pasado, cuando comenzó la veda para divulgar encuestas electorales, indican que la opción del “Rechazo” a la nueva Constitución aventaja a la del “Apruebo”, con importantes cantidades de indecisos.

El sondeo Pulso Ciudadano, de Criteria, mostró que un 45,8% rechazaría el nuevo texto, mientras que un 32,9% se inclinaría por aprobarlo, con un 15,7% de indecisos. Por su parte, la encuesta Plaza Pública, de Cadem, también indica que el rechazo va ganando al apruebo por 46% a 37%, con un 17% de indecisos.

Más de 15 millones de personas están llamadas a las urnas el próximo 4 de septiembre para decidir si aprueban la nueva Constitución o mantienen la actual, elaborada en dictadura y reformada parcialmente en democracia.

Esta vez el voto es obligatorio, a diferencia del plebiscito de octubre de 2020, cuando el voto era voluntario y ganó por casi un 80% la opción de redactar una nueva Constitución con más de la mitad del padrón electoral.

Los analistas advierten de que hay una bolsa de electores que no acude a las urnas desde 2012, cuando el sufragio se hizo voluntario, y cuyo voto es impredecible.

¿Que contiene la propuesta de nueva Constitución?

La propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional elegida específicamente para ese propósito define a Chile como un Estado social y plurinacional, elimina el actual Senado y otorga derechos a la naturaleza, entre otros cambios a lo largo de sus 388 artículos.

También impulsa la paridad de género en los órganos estatales y elimina la exigencia de muy altas mayorías —incluso de dos tercios— para modificar las leyes.

Sistema político y leyes

Presidente – En cuanto al sistema político, la propuesta de nueva Constitución establece que el Presidente continúa siendo el jefe de Estado y de Gobierno, pero ya no tendrá la exclusividad de impulsar leyes que impliquen gasto público y esas iniciativas también podrán ser ingresadas por legisladores. El mandatario, además, podría ser reelegido consecutivamente por una vez, lo que actualmente no se permite. Esta disposición entrará en vigor para el próximo término presidencial, por lo cual el actual mandatario, Gabriel Boric, no podrá optar a la reelección.

Congreso – El Congreso pasa de un bicameralismo en la que ambos cuerpos —Senado y Cámara de Diputados— tienen las mismas funciones a un sistema “asimétrico” en el cual la Cámara concentra la función legislativa, el Senado actual desaparece tras 200 años de funcionamiento y es reemplazado por una Cámara de las Regiones con facultades atenuadas y concentrada principalmente en leyes de alcance regional y “leyes de acuerdo regional”, que incluyen aquellas que reformen la Constitución, las que regulen los sistemas de Justicia, el Poder Legislativo, leyes sobre derecho a la salud, educación y vivienda y presupuestos, entre otras.

“Son facultades que se refieren a procesos legislativos que tienen que ver con las cuestiones fundamentales del orden democrático y en segundo lugar, cuestiones que tienen que ver con el interés de las regiones”, detalló el abogado y constituyente de izquierda Fernando Atria.

Este organismo también tendrá la facultad de resolver como jurado en las acusaciones constitucionales (juicios políticos contra altos funcionarios), al igual que el actual Senado.

La fórmula de la Cámara de las Regiones se adoptó como una vía intermedia para destrabar las enquistadas discusiones entre los constituyentes bicameralistas, que optaban por mantener el sistema actual, y los unicameralistas, partidarios de mantener solo a los diputados.

La propuesta constitucional innova, además, en introducir mecanismos de democracia directa, como las iniciativas populares de ley y las consultas ciudadanas. Su artículo 151 dice que “en Chile, la democracia se ejerce de forma directa, participativa, comunitaria y representativa”.

Uno de los cambios fundamentales que propone la nueva Constitución es la eliminación de las altas mayorías —de hasta dos tercios— exigidas actualmente para modificar ciertas leyes. Ahora, salvo para normar sobre procesos electorales u órganos como la Contraloría o el Banco Central, entre otros pocos asuntos, las leyes podrán ser modificadas o derogadas por la mayoría de los presentes en la Cámara de Diputados.

Estado social

La Constitución actual no lo explicita, pero deja al Estado en un rol subsidiario, un asunto que fue eje central de masivas protestas sociales hace dos años en Chile, cuando los ciudadanos exigían mayor bienestar y derechos sociales. El texto propuesto define a Chile como “un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico” y garantiza el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la salud, el trabajo, el acceso a los alimentos, entre varios otros.

Pensiones

El texto sostiene que toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad, y propone que sea financiado por trabajadores, empleadores y rentas generales del Estado. Queda en manos del Gobierno crear el sistema de Seguridad Social y el actual presidente Boric ya trabaja en una reforma al sistema de pensiones basado en una pensión básica universal, cotizaciones obligatorias de empleadores y trabajadores, y ahorros voluntarios manejados por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, que son las que manejan el sistema en la actualidad.

Plurinacionalidad

El texto señala que en Chile coexisten diversos pueblos y naciones y que es deber del Estado “respetar, promover, proteger y garantizar” el ejercicio de la libre determinación, sus derechos colectivos e individuales así como su participación en el ejercicio del poder. También que es un Estado plurilingüe, donde el idioma oficial es el castellano y los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena.

Entre los “pueblos y naciones indígenas preexistentes” figuran los Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán y Selk’nams. Más adelante, el articulado señala que el Estado se organiza territorialmente en entidades autónomas, como las comunas, las regiones y las autonomías territoriales indígenas. De acuerdo al censo poblacional de 2017, un 12,8% de la población de Chile declaró ese año pertenecer a un pueblo originario.

La propuesta garantiza, además, “el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”, les otorga escaños reservados en los órganos de representación y establece que deberán ser consultados para su consentimiento en asuntos que les afecten en sus derechos.

El texto crea, además, un sistema de justicia indígena paralelo, coordinado en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia y que deberá respetar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte.

Los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales se establecerán por ley y en todo caso la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena.

Medioambiente

A diferencia de la Constitución actual, que tiene un artículo al respecto, la propuesta tiene todo un capítulo dedicado a la naturaleza y medioambiente que establece que “la naturaleza tiene derechos” y que los animales son “sujetos de especial protección” que el Estado está obligado a proteger contra maltratos.

El texto señala el deber del Estado de adoptar medidas frente a la crisis climática, de proteger la biodiversidad, las especies nativas silvestres y los espacios naturales, así como regular y fomentar la gestión y valoración de residuos.

También se explicita la protección de los humedales y se establece que el agua es un “bien inapropiable”, mientras señala que los glaciares “quedan excluidos de toda actividad minera”. Chile es el mayor productor mundial de cobre y según cifras oficiales en el país se llevan a cabo operaciones mineras de diversos tamaños cerca de 44 glaciares y periglaciares, y en 65 zonas de permafrost.

Paridad de Género

“El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad”, dice el comienzo de artículo 6, que también plantea que los órganos estatales y empresas públicas, entre otros entes, deben tener composición paritaria.

El texto también se manifiesta contra la violencia de género detallando que el Estado debe tomar medidas para erradicarla y sancionarla. La propuesta también establece que toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos, entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo, y que la ley regulará el ejercicio de éstos.

Los puntos en conflicto

La derecha y parte de la centro izquierda se movilizaron para votar por el “Rechazo” al texto propuesto por encontrarlo “radical”, mientras que la izquierda está haciendo campaña a favor del “Apruebo”, aunque llegó a un gran pacto si el texto es aprobado para reformar sus aspectos más conflictivos.

El carácter plurinacional del Estado, la eliminación del Senado, el sistema de justicia o la mayor presencia del Estado o el aborto libre son algunos de los aspectos de la propuesta que generan más incertidumbre entre quienes promueven el “Rechazo”.

El exgobernador de la provincia de Cautín (sur), el abogado mapuche Richard Caifal, critica que la propuesta supone un “movimiento pendular, pasando de un Estado garante de libertades a uno omnipresente”.

“Caemos en un excesivo estatismo (…) El Estado actual garantiza a los particulares realizar cualquier actividad económica, y la propuesta elimina esa posibilidad. Por ejemplo, por los derechos de la naturaleza. El Etado que era subsidiario pasa a ocupar el protagonismo de nuestra realidad”, señaló Caifal.

Stephania Jeldrez, portavoz de “Con mi plata no”, organización que defiende la propiedad individual de los fondos de pensiones administrados por las AFP, también criticó la mayor presencia del Estado.

“No tengo esperanzas en las cosas estatales. En el caso de las pensiones, nadie nos asegura que el Estado podrá rentabilizar los fondos como lo hacen las AFP”, afirmó.

“Con mi plata no” presentó una de las las iniciativas de norma popular que más firmas recolectó para ser incluidas en la ley fundamental, pero fue desechada por la Convención Constitucional.

“Muchos de estos movimientos y sus causas participaron del proceso constituyente a través de pero lamentablemente no fueron escuchados. Este texto no es una propuesta que nos una como chilenos y por eso, con mucha esperanza, saldremos desde la sociedad civil a decir que queremos seguir avanzando”, señaló Claudio Salinas, vocero de la “Casa Ciudadana del Rechazo”, un comando para el no.

A juicio de Caifal, que encabeza la Fundación Rakizuam, institución dedicada al “dialogo intercultural entre los constituyentes”, el texto “evidencia situaciones muy complejas de entender” que “han generado mucha incertidumbre en la ciudadanía”.

“Por ejemplo, la plurinacionalidad. Todavía no se entiende cabalmente cuáles serían sus implicaciones. No observamos mayor complejidad en el concepto, sino en los contenidos”, explicó.

Una de esas controvertidas implicaciones es la “coexistencia” de sistemas jurídicos indígenas y el Sistema Nacional, bajo el paraguas de la Corte Suprema.

“Hay críticas que apuntan al debilitamiento del poder judicial o la creación de dos sistemas paralelos, que se origina de la incomprensión o la lectura parcial de las normas propuestas”, explica José Antonio Ramírez, doctor en derecho constitucional y profesor de la Universidad de O’Higgins (UOH).

“La labor judicial toma en consideración las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios, pero no significa legislaciones penales o civiles diversas”, precisa.
Igualmente, ocurre con la eliminación del Senado o los plazos para el aborto, que también genera resistencia desde los partidos tradicionales.

Escenarios futuros

Ante la incertidumbre sobre el resultado, los partidos oficialistas de la izquierda gobernante decidieron hace más de una semana llegar a un acuerdo para aclarar “ciertas dudas e interpretaciones” que han surgido frente al texto constitucional, reformándolo posterior al plebiscito.

Por ejemplo, respecto a los sistemas de justicia indígena, los partidos oficialistas reafirmaron “la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos”.

“La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”, sostiene el acuerdo firmado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y Convergencia Social (de Boric), entre otros.

El documento también ratificó la presencia de actores privados en los sistemas de pensiones, de salud y de educación, así como el derecho a la propiedad privada, ante versiones que sugieren su desaparición con la nueva ley fundamental.

FORBES STAFF / AGENCIAS