La administración entrante sostiene que entre los detenidos hay algunos imputados irregularmente.
A pocas horas de asumir el nuevo gobierno, se dio a conocer el anuncio del retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra de presos del estallido social, ocurrido desde el 18 de octubre de 2019.
Desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, a cargo de Izkia Siches y Marcela Ríos, respectivamente, señalaron también que se conformará una mesa de reparación para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, a cargo de la futura subsecretaria Haydee Oberreuter.
Así, esta es la primera medida del gobierno entrante que se dio a conocer a horas de realizarse el cambio de mando.
Las personas objeto de las querellas están imputadas por delitos diversos durante las manifestaciones del estallido social, como saqueos, destrucción de propiedad o incendios.
Sin embargo, el gobierno entrante sostiene que entre esas personas hay algunas imputadas con pruebas falsas o con detenciones preventivas extendidas.
El retiro inmediato de estas querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE), se debe a que “esta medida fue una promesa plasmada en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, y busca que la LSE no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada”, según señalaron las ministras en un comunicado, y agregaron que “como parte de la agenda de recuperación inclusiva, se destinarán recursos para reactivar los barrios y espacios afectados, asegurando así que vuelvan a estar disponibles para emprender”.
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El senador y líder del Partido Renovación Nacional, Francisco Chahuán, criticó la medida, señalando que “consideramos completamente inaceptable e inapropiado que la primera medida que anuncie la ministra de Justicia entrante sea justamente el retiro de las querellas. Hay que ser muy responsables desde el punto de vista de la seguridad pública. Llamamos a la ministra a asumir las responsabilidades”.
Chahuán añadió que “en un Estado de derecho, aquellos que cometen ilícitos tienen que cumplir con las condenas, y por tanto, someterse a los debidos procesos. Hacemos el llamado para que el Gobierno del Presidente Boric tome las medidas adecuadas para que prime el Estado de derecho”.
Desde el mismo partido del Presidente electo, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, añadió que “nuestro compromiso es con los derechos humanos. Hoy hay jóvenes que están siendo perseguidos por el Estado, injustamente, sin pruebas contundentes, por lo que estaremos por mejorar el trato inhumano e indigno que ha tenido el Estado de Chile”.
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