Política
Chile redactará su nueva Constitución desde el próximo 4 de julio
Piñera recordó que el trabajo de los constituyentes estará limitado por el acuerdo firmado en noviembre pasado por los partidos políticos del oficialismo y de la oposición.
La Convención que debe redactar la nueva Constitución de Chile se reunirá por primera vez el próximo 4 de julio en Santiago y tendrá hasta un año para elaborar una nueva ley fundamental que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El presidente Sebastián Piñera convocó el domingo a la primera sesión de la Convención Constitucional en la sede del Congreso Nacional de Santiago de Chile, que estará dedicada a elegir a un presidente y un vicepresidente, y a partir de ahí tendrá nueve meses para redactar la nueva Carta Magna, más otros tres en caso de que los necesite.
“Esta Convención Constitucional será un hito histórico. Por primera vez en nuestra historia estaremos escribiendo democráticamente una nueva Constitución para Chile”, dijo Piñera en un acto en el Palacio presidencial de La Moneda.
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“Representa una gran oportunidad para lograr acuerdos amplios y sólidos, que permitan dar origen a una Constitución que sea reconocida y respetada por todos y constituya un gran marco de unidad, estabilidad y proyección hacia el futuro, para nuestra democracia y nuestra sociedad”, agregó.
La nueva Constitución debe ser ratificada en 2022 mediante un referendo con voto obligatorio, en un plazo máximo de 60 días después de aprobada en la Convención.
Una Constitución para pacificar el país
El órgano constituyente, elegido en mayo pasado, está formado por 155 delegados y delegadas elegidos paritariamente (igual número de hombres y mujeres), entre ellos 17 representantes de los pueblos originarios de Chile.
El proceso constituyente nació de un acuerdo entre los partidos políticos para sofocar las protestas ciudadanas que estallaron en octubre de 2019 contra el modelo socioeconómico del país.
Los detractores de la Constitución de 1980, promulgada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, creen que el documento está detrás de mucho de los males sociales actuales que sufre el país: a pesar de ser un país rico en recursos naturales, que tiene la mayor renta per cápita de América Latina y ser el tercero con más multimillonarios de Latinoamérica, cuenta con elevados índices de desigualdad y servicios de salud, educación y pensiones privatizados que endeudan a la población.
Todo esto por una Constitución que, sostienen sus críticos, limita el rol del Estado, incapaz de asegurar servicios de calidad y bienestar social al ciudadano, o de resguardarlo de excesos empresariales.
El descontento con el sistema desembocó en el gran estallido social que dejó más de 30 muertos, cientos de comercios y edificios y estaciones del Metro incendiados, y miles de millones de dólares en pérdidas.
Entre los temas que los ciudadanos y constituyentes han expresado que quieren ver consagrados en la Constitución se encuentran:
- Garantizar el derecho a la salud, a la educación, a las pensiones y a los salarios dignos, a la vivienda
- Desprivatización del agua
- Mayor regulación del Estado ante abusos empresariales.
- Cambiar el sistema de gobierno actual o la duración de los mandatos.
Sin embargo, los poderes de la Convención no son absolutos, como recordó Piñera.
Los límites de la Convención Constitucional
El trabajo de los constituyentes estará limitado por el acuerdo que habilitó este proceso y que fue firmado en noviembre pasado por los partidos políticos del oficialismo y de la oposición.
La Convención “deberá respetar el carácter de república que tiene el Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutorias, y los tratados internacionales ratificados y que se encuentren vigentes”, dijo Piñera.
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“No podrá poner término anticipado al período de las autoridades elegidas por votación popular”, agregó, y “no puede adjudicarse el ejercicio de la soberanía ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente concedidas”.
En resumen, afirmó el Presidente: “su misión no es gobernar ni legislar”.
Con su referencia a la soberanía de la Convención, el Presidente respondió al llamado que la semana pasada hizo un grupo de constituyentes a “hacer efectiva la soberanía popular” del organismo y a no ajustarse a los límites establecidos para su trabajo en el acuerdo que dio inicio al proceso constituyente.
Los 155 constituyentes electos para la Convención representan a diversos sectores políticos, sociales, culturales y étnicos del país, siendo los independientes los que componen la mayor fuerza dentro del organismo (48).
La dividida oposición de centro y de izquierda cuenta con 53 cupos entre sus dos bloques, mientras que la derecha oficialista tiene 37 y los pueblos originarios 17.
Como ningún sector político obtuvo un tercio de los escaños para bloquear propuestas a la Constitución, los delegados y delegadas están obligados a negociar acuerdos.
La labor del Ejecutivo durante el proceso será prestar apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la Convención.
