Las pizarras blancas que al momento de esta entrevista con Forbes Chile concentraban la atención del fiscal Barros tienen que ver con la Operación Tokio. Fue el nombre que recibió la investigación que, tras el bullado allanamiento a una sucursal bancaria, reveló cómo se financiaba el Tren de Aragua en Chile.
Eran cerca de las 11 de la mañana de un viernes cuando Héctor Barros llegó al lugar. No traía mucho: una información de vecinos que habían escuchado ruidos y visto herramientas, ninguna certeza. Ronald Ojeda, exteniente del Ejército venezolano y refugiado político en Chile, llevaba nueve días desaparecido. En el sitio se encontró con un funcionario policial con el que había compartido procedimientos exitosos durante años, y se lo dijo sin rodeos y con mucha fe: “Si tú estás aquí y yo estoy aquí, hoy vamos a encontrar a la víctima”.
El hallazgo fue estremecedor. El cuerpo estaba dentro de una maleta, amarrado en posición fetal, cubierto con un saco de sal y enterrado a 1,40 metros de profundidad dentro de una caseta, bajo un radier de cemento. “El Tren de Aragua siempre dejaba los cuerpos tirados en cualquier parte. Jamás se había tomado el trabajo de esconder uno”, dice Barros.
La causa, cree Barros, estaba diseñada para ser un fracaso investigativo. No lo fue. Hoy, con un primer veredicto condenatorio y en medio de un juicio oral contra 18 miembros del Tren de Aragua, el fiscal la define como el punto de quiebre de la criminalidad transnacional en Chile: “Vemos que las organizaciones criminales también están al servicio de los Estados. Cuando un Estado usa a un grupo criminal para cometer delitos en territorio extranjero sin involucrarse directamente, lo instrumentaliza”.
En el juicio oral que se inició el pasado 20 de octubre, la Fiscalía presentará 192 testigos, 75 peritajes, 79 documentos, 122 evidencias materiales, 116 evidencias digitales y 234 evidencias fotográficas, entre otras pruebas. Se espera que dure meses. Y es muy posible que Barros, que termina su periodo como fiscal regional el 30 de abril de 2027, no esté para el alegato final.
¿Dónde estará en seis meses más el persecutor?
A través de los ventanales de su oficina, en los altos de un edificio de Gran Avenida, se ve un cielo encapotado sobre el sector sur de la ciudad. La mirada de Barros, en cambio, está puesta en dos grandes pizarras blancas que tiene frente a su escritorio: en una hay una lista de “diligencias pendientes”; en la otra, un largo listado de empresas cuya pista sigue y sobre las que pide reserva de identidad.
CURTIDO POR EL HORROR
Barros tiene 58 años. Nació en el campo, en una familia agricultora, y vivió allí hasta cuarto medio. Hizo dos años de servicio militar, estudió Derecho y fue abogado de la dirección jurídica de una municipalidad antes de entrar al Ministerio Público, hace 26 años. Lo atrajo el lugar que la reforma procesal penal le daba a la víctima, omitida en el antiguo sistema. Al año ya estaba investigando narcotráfico.
En noviembre de 2023 la Fiscalía Nacional le encargó implementar el ECOH, el equipo especializado en homicidios y secuestros vinculados al crimen organizado en toda la Región Metropolitana. Pidió algo que no existía: turnos 24/7 con un abogado, un analista criminal y un profesional de atención a víctimas en cada sitio del suceso, y una sola mirada sobre las cuatro fiscalías regionales de Santiago. La razón era la amplitud del mapa: el delito se cometía en Maipú y el cuerpo aparecía en Lampa; el secuestro ocurría en Santiago Centro y la víctima terminaba en Puente Alto. “El homicidio es la consecuencia de algo. Si solo nos hacemos cargo del homicidio, no vamos a llegar a ningún lado”, le planteó al fiscal nacional.
La metodología y el conocimiento acumulado por ese equipo en estos años dieron origen a una nueva institucionalidad: una fiscalía supraterritorial. Barros sigue siendo el referente en los casos de mayor complejidad.
Dice haber visto cientos de cuerpos. Ha observado videos de torturas y ajusticiamientos inenarrables.
Asegura que duerme tranquilo. “Lo que me llama la atención es que las víctimas nunca piden piedad. Es como si supieran que ese es su destino”, comenta. Su hijo le reclama que solo habla de muertos. “Es mi trabajo”, le responde.
Barros no es insensible, está curtido. Conoció otra criminalidad. Hacia 2007 y 2008 hubo una ola de secuestros contra antiguos lanzas internacionales que volvían a Chile a dedicarse al narcotráfico; las negociaciones a veces se hacían en italiano. Pero la víctima no era torturada, y si no había pago, terminaba liberada sin daño. Ese fair play se acabó. “Las organizaciones chilenas subieron sus niveles de violencia para equipararse a las transnacionales. Antes se disparaba a las piernas; ahora se dispara a la cabeza, al tiro”, compara. Hoy ve víctimas golpeadas con bates de béisbol y con las iniciales de líderes de bandas grabadas con cuchillo en la piel. “Esa violencia no va a volver a bajar, aunque saquemos a la criminalidad transnacional, porque ya quedó en la raíz”, lamenta.
Aun así, tiene esperanza. Se la dio la mujer de una víctima: el líder de una banda de motochorros que había sido secuestrado por sus rivales. A ella le extrañaba ser tratada como víctima, no entendía la preocupación de Barros por resolver el caso. En su país, le explicó la mujer, ese tipo de crímenes era normal y el Estado no perdía el tiempo investigando ajustes de cuenta entre delincuentes. “No podemos perder eso. Tenemos que seguir sobrerreaccionando, porque no podemos normalizar que alguien esté privado de libertad al arbitrio de un particular”, dice el fiscal.
Cuenta que cuando quiere desconectarse de su trabajo reconecta con lo esencial. Le gusta el trabajo manual. Es el encargado de los arreglos en su casa. Y cada vez que puede vuelve a la tierra donde creció. Junto a su hermana están plantando olivos y el plan, en un futuro cercano, es dedicarse a la producción de aceite.
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Las pizarras blancas que al momento de esta entrevista con Forbes Chile concentraban la atención del fiscal Barros tienen que ver con la Operación Tokio. Fue el nombre que recibió la investigación que, tras el bullado allanamiento a una sucursal bancaria, reveló cómo se financiaba el Tren de Aragua en Chile, y cómo desde acá se enviaba dinero a la matriz de Venezuela. Una verdadera empresa transnacional del crimen puesta al descubierto.
La operación tenía su base en el barrio Bellavista. Los dueños de locales nocturnos pagaban una “vacuna” de un millón de pesos, semanal o mensual según el grupo, para poder funcionar y asegurar público que el mismo Tren se encargaba de movilizar. Parte de las entradas eran para la organización, la droga era controlada por ella y la prostitución encubierta pagaba comisión. Algunos locatarios terminaban encontrando el modelo rentable, porque en lugar de 100 clientes les llegaban 200.
Barros explica —de memoria— el esquema: las cuotas se depositaban en cuentas enviadas por WhatsApp; cuatro cuentas concentraban los pagos; desde ahí, tras una cadena de transferencias, devoluciones y reenvíos destinada a borrar el rastro, el dinero llegaba a dos sociedades: Vex Digital y Vex Group. Dice que una de ellas estaba a nombre de un obrero de una empresa de Quilicura que, según los seguimientos, tomaba tres micros para llegar a su trabajo. Las cuentas de su sociedad, sin embargo, registraban 56 mil millones de pesos. La otra estaba a nombre de un hombre que se había trasladado a Estados Unidos, donde hoy está detenido en proceso de extradición.
Entre ambas empresas transfirieron unos 76 mil millones de pesos a Plus Service, una fintech que enviaba remesas en criptoactivos al exterior. Ahí, comenta, se perdía la pista. Insiste en que las tres sociedades estaban legalmente constituidas, tenían giros de tecnología o software —no de remesas, lo que exigiría registro—, pero ningún trabajador, ningún ingreso declarado y compartían el mismo domicilio: una oficina virtual en el centro de Santiago, contratada una vez y nunca más pagada. “Hemos visto empresas que llevan tres o cuatro años sin declarar ingresos, pero que tienen cuatro mil millones de pesos”, dice Barros.
Lo que más le impactó fue el nivel profesional de quienes operaban el sistema. “Habíamos menospreciado al Tren de Aragua. Lo veíamos como matarifes, carniceros dedicados a secuestrar, matar y agarrar plata. Nunca pensamos que estaban bien asesorados”, define. El ejecutivo bancario detenido en el allanamiento de junio es ingeniero comercial. Barros vincula este perfil a la primera ola migratoria venezolana, la más calificada, que necesitaba enviar dinero a sus familias: aprovecharon la normativa que permite crear empresas SpA
en un día, con giros tecnológicos. El dinero llegaba a Colombia y de ahí cruzaba en dólares físicos a Venezuela. “Encontraron una puerta con fines legítimos. Y por esa misma puerta el Tren de Aragua encontró cómo sacar su plata”, resume.
Según el fiscal, los cerca de 76 mil millones de Tokio no provienen solo de extorsiones, prostitución y droga, sino principalmente de estafas telefónicas y de ventas por internet. “Pregúntate a cuántas personas conoces a las que les ha pasado… Los 76 mil millones que descubrimos no son nada al lado del volumen total”, asegura.
Barros mira de reojo sus pizarras y dice: “Tenemos muchas más empresas que están siendo investigadas”. Sin una pizca de dramatismo y con seguridad factual, agrega: “Están desangrando económicamente al país”.
Según una investigación de Clapes UC, la delincuencia le cuesta a Chile en promedio unos US$8.222 millones al año, el 2,59% del PIB. Barros dice: “Me hace sentido, y capaz que sea más”.
LAS GRIETAS DEL SISTEMA
Para explicar cómo se lavó el dinero aprovechando una estructura de legalidad, Barros usa una imagen doméstica: “Es como la poza de agua sobre un techo de cemento. Uno dice: con cemento no me va a entrar nunca el agua. Pero el agua busca las debilidades, se va metiendo por los lugares más débiles hasta que lo erosiona y empieza a caer”. La empresa en un día, la apertura de cuentas en línea y el auge de las fintech —en las que Chile es líder regional— le parecen avances valiosos: “Los fines son súper loables. El problema es que en medio del cardumen siempre hay tiburones”, define.
El problema, a su juicio, es que no se fiscalizó “con sentido de realidad”. Dice que la CMF y el Servicio de Impuestos Internos tenían las herramientas. “A mí, si hago cualquier
cosa, el SII me para la declaración al tiro. ¿Cómo es posible que una empresa que no declara durante dos o cuatro años tenga miles de millones en la cuenta?”, cuestiona. Cuenta que entre los titulares de empresas investigados había personas con domicilio en un block de vivienda social en Bajos de Mena, pero que movían miles de millones sin que nadie preguntara nada. Dice que si la alerta llegaba, tardaba entre un año y un año y medio. Las organizaciones lo sabían: mantenían cada sociedad unos dos años, la abandonaban y abrían otra.
También falla el cruce entre bancos. Revela que el ejecutivo detenido ganaba alrededor de 1,2 millones de pesos en su banco, mientras en otras instituciones movía miles de millones. Admite que algunas lo reportaron, pero no todas, y que su empleador no lo sabía. Barros propone que la Unidad de Análisis Financiero autorice ese cruce con reserva. Y defiende el método de Tokio: partir desde abajo, desde la vacuna, “abriendo el paraguas”, en vez de esperar un reporte de la UAF que solo indica que una empresa tiene ingresos inexplicables y obliga a buscar después el delito de origen.
COMPLIANCE DE VERDAD
Tokio le dejó a Barros otra preocupación: la empresa formal. La nueva Ley de Delitos Económicos amplió a cerca de 200 los delitos por los que pueden responder las personas jurídicas, desde la receptación hasta infracciones a la Ley de Mercado de Valores o a la normativa del Banco Central. A dos años de su entrada en vigor, describe un arranque “bien tímido”, que se acelerará con la nueva institucionalidad de inteligencia económica: un comité encabezado por el director de la UAF, con el SII y Aduanas, entre otros. “Va a haber más cruce de información y más posibilidades de detectar responsabilidades penales de las empresas”, pronostica.
La exigencia, insiste, será un compliance real. Hasta ahora —describe con una analogía— todo funcionaba “como en un colegio” que, ante un niño golpeado tres veces, se defiende diciendo que tiene manual de convivencia. “Ya no basta con tener un manual de cumplimiento en las empresas. Se requiere que se aplique y que los controles sean reales, no meramente formales”, postula. A su juicio, las multas —que ahora existen y se ajustan al tamaño de la empresa— disuaden, pero pesa más la reputación.
El fiscal dice que percibe en los directorios conciencia y algo de temor. Los directores ahora responden con su patrimonio
personal aunque el hecho ocurra en otro eslabón de la compañía, y eso, prevé, desincentivará la práctica de sentarse en muchos directorios a la vez “a escuchar un rato e irse a otra empresa a escuchar lo mismo”. La autodenuncia, que la ley premia con beneficios procesales como en la colusión, le parece uno de los grandes incentivos del sistema. Pero recuerda que la Fiscalía actúa cuando el delito ya ocurrió: cree que los recursos deben ir a la prevención y a que los reportes de la CMF, la UAF, el SII y Aduanas lleguen a tiempo. “No basta un reporte de un delito de hace dos o tres años atrás”, asegura.
Pide, además, tribunales especializados. “Si tenemos salas especializadas en responsabilidad penal adolescente, ¿por qué no en crimen organizado o en delitos económicos?”. Recuerda que en 2006, cuando la Fiscalía empezó a hablar de crimen organizado, “todos se reían”. También se necesita tecnología: cuenta que las policías aún revisan flujos financieros en planillas Excel que toman meses, cuando con inteligencia artificial tomaría solo horas.
Propuestas le sobran. Tiempo no. Esta nueva arista penal lo motiva tanto que se inscribió en un diplomado en compliance y responsabilidad penal de la empresa en la Universidad Andrés Bello. Lo decidió después de Tokio. “Cuando vi que existía todo este mundo, dije: ‘Hay que prepararse bien para lo que viene’. Una cosa es la normativa y otra es ver cómo operan las empresas”, define.
¿Acaso el fiscal se prepara para entrar al sector privado? Dice que su vocación ha sido siempre pública, porque desde ahí “uno puede cambiarle la vida a la gente”. Pero tiene 58 años y aún no puede jubilar: “Voy a trabajar hasta el último día aquí. Lo que venga, Dios dirá”.
Peor que el Tren de Aragua
En septiembre la Fiscalía Sur formalizó a 19 personas como integrantes de la primera célula en Chile del Primer Comando de la Capital, la mayor y más peligrosa organización criminal de Brasil. “Al lado del PCC, el Tren de Aragua es un niño de pecho”, dice Barros sobre la organización nacida en la cárcel de Taubaté (São Paulo). Según sus cifras, el PCC tiene unos 11 mil miembros en Brasil y entre 20 mil y 30 mil a nivel internacional, y controla rutas de droga hacia Europa del Este en alianza con mafias albanesas.
Cuenta que la primera pista llegó en 2021, desde un procedimiento de la fiscalía de São Paulo en la triple frontera, donde se incautaron cientos de kilos de droga y dispositivos con fichas de miembros “bautizados” de varios países. A Chile le correspondían cuatro fichas. Con infiltraciones, seguimientos y escuchas, a partir de 2022 la Fiscalía identificó a más de 20 bautizados. Entre los formalizados hay un brasileño; el resto son chilenos. Es un modelo singular: a diferencia de la organización venezolana, que funciona con lógica de sucursales en el extranjero a cargo de sus connacionales, el PCC entrega a los locales de cada país la explotación de su franquicia criminal.
En Chile, según la Fiscalía, el grupo ofrecía información sobre bancos y empresas de traslado de valores para asaltos y coordinaba con el PCC boliviano el ingreso de un cargamento de droga. Todo eso se desarticuló antes de que se llegara a perpetrar. Barros lo plantea como una decisión de oportunidad: golpearlos a la entrada, antes de que empezaran a matar, o repetir la historia del Tren de Aragua. “Si al Tren de Aragua lo hubiésemos agarrado el primer día, tal vez no se habría expandido como lo hizo”, asegura.