La estatal incorpora nuevos antecedentes por delitos de soborno y lavado de activos, en una causa que ya involucra pagos por más de $17 mil millones. Así se busca ampliar la querella interpuesta en noviembre de 2025, en el marco de la investigación por graves irregularidades en procesos judiciales que afectaron a la Corporación.
La minera estatal Codelco dio un nuevo paso en uno de los casos judiciales más sensibles que enfrenta en los últimos años. La compañía amplió la querella presentada en noviembre de 2025 en el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, incorporando nuevos antecedentes y sumando imputados por delitos de soborno y lavado de activos.
La acción fue ingresada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y se enmarca en la investigación liderada por el Ministerio Público, que indaga una serie de irregularidades en litigios sostenidos entre la estatal y el Consorcio Belaz Movitec (CBM).
Nuevos imputados y delitos
En esta nueva arista, Codelco dirige la acción penal contra los abogados Gabriel Silber Romo y Aldo Cornejo González, a quienes imputa como coautores del delito de soborno y autores de lavado de activos. Asimismo, incluye a María Pía Peñaloza López, en calidad de cómplice de soborno y autora de lavado de activos.
La ampliación se sustenta en nuevos antecedentes incorporados a la carpeta investigativa, que —según la estatal— permitirían establecer la participación de los involucrados en un esquema de coordinación de pagos, tramitación de acciones judiciales y operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de los dineros.
Un esquema bajo la lupa
El caso tiene como eje una serie de decisiones judiciales que habrían sido influenciadas mediante pagos y beneficios económicos, en perjuicio de la minera. En particular, la investigación apunta a resoluciones dictadas por la Tercera Sala de la Corte Suprema entre 2023 y 2024, en causas iniciadas por CBM contra Codelco.
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Estas decisiones derivaron en desembolsos por más de $17 mil millones por parte de la estatal. Según los antecedentes, tras fallos favorables al consorcio, se habrían generado pagos que posteriormente dieron paso a transferencias y operaciones destinadas a retribuir dichas intervenciones.
El patrón, de acuerdo con la investigación, no sería aislado, sino parte de un esquema reiterado que hoy es objeto de análisis por parte de la fiscalía.
Más allá de lo judicial, el caso abre una arista relevante para el gobierno corporativo de la mayor productora de cobre del mundo. A través de un comunicado, se informó que a decisión de ampliar la querella busca reforzar una señal de control interno y colaboración activa con las autoridades, en un contexto donde la reputación y la transparencia son activos críticos, especialmente en momentos en que la compañía impulsa nuevos proyectos estratégicos —como su expansión en litio— y requiere certezas regulatorias.
Desde la estatal recalcaron que continuarán colaborando con la investigación “para que avance y alcance a todos quienes hayan tenido participación en los hechos delictivos”.