Nuevas leyes y requerimientos gubernamentales a raíz de grandes escándalos de corrupción y colusión han provocado que las grandes empresas de replanteen la pregunta ¿estamos preparados?
El caso de la constructora brasileña Odebrecht es quizás el más representativo y conocido cuando se habla de corrupción en Latinoamérica. Se trata de una red de distribución millonaria que involucró a empresarios, políticos y funcionarios de doce países a través de sobornos para obtener beneficios en contrataciones públicas. Y fue justo ese caso que encenció las alarmas en el compliance corporativo de la región.
“El caso Odebrecht es una de las razones gatillantes de por qué el compliance se ha profundizado, ha pasado de ser un compliance de papel a ser progresivamente más efectivo, porque una cosa es hablarlo y otra practicarlo desde los directorios y tomadores de decisiones hacia el resto de la empresa”, indica Rodrigo Albagli, abogado chileno y representante de la firma Albagli Zaliasnink (AZ).
Albagli se percató de la fuerza y la necesidad que tenían -las grandes empresas, sobre todo- en resolver y mantenerse al día con el cumplimiento de las leyes anticorrupción, criterios ESG, gobernanza ambiental y sustentabilidad; pero no sólo con una visión local. Así que en marzo de 2022 creó la plataforma Compliance Latam, que define como “la primera plataforma continental orientada al ecosistema del compliance”.
“Cuando explota un escándalo en este ámbito, internacional o local -aquí en Chile hemos tenido el caso farmacias, colusión en venta de pollo- van surgiendo normativas y se van aumentado los estándares. Estos casos son los que se ponen a prueba los modelos. Y en estos, al igual que en el de Odebrecht, no había un verdadero compromiso de los directores de alta administración y se hablaba más como una responsabilidad marketera o lavado de imagen a través de temas de medioambiente o sostenibilidad, donde muchas veces se habla más de lo que se hace”, infiere Albagli.
Compliance Latam está integrada por firmas legales de diferentes países de la región: Albagli Zaliasnik (Chile), Basham, Ringe y Correa (México), Beccar Varela (Argentina), BLP (Centroamérica), Bustamante Fabara (Ecuador), CPB (Perú), Ferrere (Uruguay, Paraguay y Bolivia), Miller & Chevalier (Estados Unidos) y Posse Herrera Ruiz (Colombia).
“Se presenta como un lugar de encuentro donde los distintos actores del ámbito legal pueden encontrar información relevante para enfrentar el desafío que imponen los marcos regulatorios actuales, promoviendo activamente mejores prácticas de cumplimiento en el mundo tanto privado como público”, dice a Forbes Albagli.
Nueva Ley aprieta tornillos en los directorios
El pasado 17 de agosto de 2023 entró en vigencia la Ley de Delitos Económicos y Ambientales en Chile que amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se sintetiza en cuatro claves importantes:
- Menos casos en los que las penas podrán cumplirse en libertad.
- Se crean nuevos delitos y se actualiza el de lavado de activos.
- Aquellos condenados no podrán ejercer cargos públicos gerenciales ni tener contratos con el Estado.
- Establece delitos de contaminación de aguas y suelos o el daño de parques nacionales y humedales.
Días después el aumento de asesorías, capacitaciones y regulaciones fue “increíblemente exponencial”, cuenta el abogado.
“En Chile, esta Ley va a cambiarlo todo, porque estamos en otro escenario, con otras sanciones, agravantes menos atenuantes y cero posibilidades de cumplir las penas en libertad; así que los directores están realmente preocupados y asustados. Los cambios de cultura se producen por el susto muchas veces y no siempre por la convicción“, afirma el experto legal.
El escenario en Perú
En Perú, los cambios a la Ley Nº 31740 van en la ampliación del catálogo de delitos por los que las empresas puden ser sancionadas en el ámbito penal. Previamente, los delitos contemplados eran aquellos relacionados con corrupción y lavado de activos que, “muchas empresas sentían, no eran relevantes en su organización o cuya comisión no representaba un real riesgo”, explica Mario Pinatte, Senior Partner de CPB Abogados de Perú y miembro de Compliance Latam.
Sin embargo, con la incorporación de los delitos tributarios, aduaneros y otros, las empresas se ven
frente a un nuevo escenario en el que resulta cada vez más relevante estar protegidos. “Si bien establecer un sistema de prevención es aún es voluntario, las exigencias en las negociaciones con las contrapartes lo vuelven en obligatorio, del otro lado voy a tener a un cliente, proveedor que cuenta con un sistema y que me va a requerir cumplir con tener un sistema o adoptar sus lineamientos, los que pueden distar de la realidad de mí compañía”, añade.
Y es por esto que, Pinatte, resalta que es importante tener acceso a las experiencias y lo que está sucediendo en el mundo corporativo de Latinoamérica y el mundo en términos de compliance.
“Aquí no sólo vamos a hablar de las distintas normas de cada país, sino de cómo estas se han ido desarrollando y cómo afectan a escala global, sobre todo para aquellas multinacionales que no sólo deben adaptarse a cada país sino que deben contar con sistemas de prevención que conversen y que puedan entenderse como un todo”, señala Pinatte.
Para ambos abogados, el compliance no es un tema de ciertas industrias: mineras, banca, entre otras específicas. Este abarca todas las compañías y, especialmente, las grandes y con operaciones en más de un país, por la complejidad de las normativas.
¿Es este el principal desafío de las grandes compañías actualmente?
“Sin duda”, responden. Actualmente se requieren varios responsables dentro de las empresas para hacer control oficial de cumplimiento de normas, las que antes podían recaer en una sola.
Los especialistas también indican que las compañías tendrán que tener comités de gestión de riesgos por las responsabilidades penales personales, más allá de la empresarial. ¿Estarán preparadas para el desafío?
