La norma que se discute pretende nacionalizar las empresas mineras en Chile, así como todos sus bienes
La aprobación de una norma constitucional que pretende nacionalizar las empresas
de explotación y exploración minera en Chile, así como todos sus bienes relacionados a esa actividad extractiva, provocó el malestar del gremio de mineras del país, que calificó la misma como una “barbaridad”.
La discusión y aprobación de la norma ocurrió a nivel de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional (CC), por lo que la misma es preliminar y podría sufrir ajustes, adiciones o incluso ser eliminada.
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“Se nacionalizan los bienes, las empresas y también ponemos fin a las concesiones mineras, así que ha sido bastante relevante lo sucedido en la Convención”, dijo tras la aprobación de la norma la constituyente Ivanna Olivares, quien promovió la iniciativa.
“Esta es una demanda histórica de los pueblos, 50 años luchando por el proceso de nacionalización del cobre. Sabemos que tenemos que mantener la moderación, porque esto se va a definir en el pleno”, agregó Olivares.
¿Qué dice la norma constitucional?
El texto aprobado por la comisión para ser incluido en la Constitución chilena declara como “bienes estratégicos” a minerales como “el cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros minerales”, y afirma que el Estado tiene “el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos“, así como de sus yacimientos.
En otro artículo transitorio se ordena nacionalizar “las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional”.
También se eliminan las concesiones de exploración y explotación minera.
Olivares dijo que la nacionalización no afectaría a la pequeña y mediana minería, y que la miams “podría dar garantías para el financiamiento de las demandas ciudadanas, generar las bases de un nuevo modelo económico que otorgue al Estado sostenibilidad fiscal, recursos para el financiamiento de la industrialización y para la regeneración ambiental y social” de zonas altamente contaminadas.
La constituyente incluso dijo que la primera minera que quiere nacionalizar es la Escondida, la mayor mina de cobre del mundo. “Vamos a ir primero con la Escondida, que es la minera privada más grande”, dijo Olivares en entrevista con CNN Chile.
Las críticas no se hicieron esperar
La norma fue criticada por el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien la calificó de “anticuada”.
“Propuestas naftalínicas, trasnochadas, anticuadas no son buenas para Chile, ni tampoco son buenas para el planeta”, dijo Palacios en declaraciones a la prensa.
“Lo que necesitamos es mayor inversión, es mayor tecnología, para justamente poder hacernos cargo de la contaminación que significan ciertas labores. Vemos en la minería que ha hecho grandes inversiones sustantivas en esa materia”, agregó
Las mineras, por su parte, dijeron tener “extrema preocupación” por la propuesta, que calificaron como una “barbaridad”.
Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) —que agrupa a las empresas del sector—, dijo en un comunicado que la decisión no pondera el impacto que tendría una medida de esa naturaleza.
“Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger”, afirmó.
“Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses“, agregó.
“El debate que se da en esta Comisión es preocupante y, no solo carece de una visión jurídica y económica, sino que de los más mínimos elementos de funcionamiento de los mercados y del sector en particular”, concluyó Hernández.
La incertidumbre por el debate político
Los debates sobre el contenido de la nueva Constitución, que busca reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, iniciarán el 15 de febrero.
Las eventuales decisiones del organismo, dominado por independientes y partidarios de izquierda, han generado incertidumbres en diversos sectores.
La industria minera ha llamado a conservar la certeza jurídica que ha distinguido al mayor productor mundial de cobre y segundo mayor de litio para evitar impactos en las cuantiosas inversiones que requiere el sector para los próximos años.
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Un informe del Banco Central de Chile publicado la semana pasada indica que la incertidumbre sigue siendo importante para el clima de los negocios este año en Chile pese a que se ha reducido respecto a fines del año pasado, con preocupaciones en torno a la inflación y los planes de inversión a la espera de definiciones políticas.
El Informe de Percepciones de Negocios, para el cual fueron entrevistadas decenas de administradores de empresas en el país, indica que a pesar de que se observa un impulso en los planes de inversión programados para este año, “los entrevistados siguen citando el efecto restrictivo que tiene el proceso de definiciones políticas y regulatorias, sobre todo en el rubro minero”.
En el sector de la minería, por su parte, las expectativas son “positivas”, sobre todo porque se espera que los precios del cobre sigan altos este año, pero “persisten factores de incertidumbre, como los cambios regulatorios en temas como el royalty (regalías que pagan las mineras al Estado) que podrían afectar la inversión extranjera en el sector, la normalización de las cadenas de suministro y los efectos de los rebrotes de Covid-19″.
FORBES STAFF / AGENCIAS