Alegan que el Gobierno intenta "privatizar" el valioso mineral con contratos a 29 años

Legisladores opositores chilenos intentan frenar por vía legislativa y judicial la licitación para explorar y producir 400.000 toneladas de litio que el gobierno del presidente Sebastián Piñera quiere llevar a cabo a mediados de este mes, un acto que ha generado polémica entre quienes afirman que la administración intenta “privatizar” el valioso mineral con contratos a 29 años.

El gobierno de Piñera tiene previsto, a mediados de este mes, subastar contratos de operación de litio en Chile por más de US$ 90 millones, para la exploración y producción de 400.000 toneladas de litio metálico para baterías, en un intento por satisfacer la demanda mundial del metal, esencial para la tecnología y la electromovilidad.

En total, el concurso considera 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas individuales de 80.000 toneladas.

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Las dos principales productoras mundiales de litio, la estadounidense Albemarle y la chilena SQM, son dos de las empresas que presentaron ofertas por los contratos.

Albemarle presentó una oferta de US$ 60 millones por dos cuotas y SQM planteó una oferta por US$ 14,05 millones por una cuota y otra oferta por US$ 19,1 millones por dos cuotas.

Por una cuota presentaron también BYD Chile por US$ 61 millones; Cosayach Caliche por US$ 30,1 millones, y Servicios y Operaciones Mineras del Norte por US$ 60 millones.

Oposición por vía legislativa

Este miércoles, diputados presentaron una moción para suspender cualquier licitación hasta que se promulgue una nueva Constitución en Chile, lo que idealmente debe ocurrir en el tercer trimestre de 2022.

La Convención Constituyente está discutiendo como quedará configurada la propiedad y explotación de los recursos naturales del país bajo la nueva ley fundamental.

“Esta licitación de último minuto es vergonzosa y casi una artimaña del Gobierno para despojar a Chile de uno de sus recursos naturales más importantes como es el litio. Estamos tremendamente preocupados”, señaló el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, desde el Congreso Nacional en Valparaíso.

La propuesta de los parlamentarios de oposición, en caso de aprobarse, suspendería desde hoy cualquier licitación o contrato del Estado donde se “enajene o autorice la explotación del mineral del litio”.

Yacimiento de litio de Albemarle en Atacama, Chile. FOTO: Reuters

“Esto tiene como fundamento que estamos ad portas de la concreción de una nueva Constitución y el proyecto establece que, hasta su promulgación, el Estado de Chile no puede suscribir contratos de explotación y menos hacer una licitación. De ser aprobado, anularía la licitación que el día 14 (de enero) pretende llevar adelante el ministro (de Energía y Minería, Juan Carlos) Jobet que busca derechamente privatizar el litio en desmedro del interés nacional”, agregó Núñez.

En la misma línea, senadores de oposición encabezados por la democristiana y excandidata presidencial Yasna Provoste criticaron la iniciativa del Gobierno y lo llamaron a acoger los planteamientos del presidente electo, Gabriel Boric, quien ya manifestó su rechazo a la medida.

“Tenemos claro que este Gobierno, al igual que la dictadura, hasta el último día trata de privilegiar a sus amigos, y en esta oportunidad a través de la extensión entre gallos y media noche de un conjunto de licitaciones para las empresas de litio. Hacemos un llamado al Gobierno para que acoja el planteamiento que ha hecho el Presidente electo de detener la licitación“, indicó Provoste.

La vía judicial

El martes, por otro lado, otro grupo de diputados del partido opositor de centroizquierda PPD presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección para frenar la licitación.

“Lo que está haciendo el gobierno del presidente Sebastián Piñera es poner en riesgo el interés general de la nación”, dijo el diputado Raúl Soto, uno de los promotores del recurso.

“Está poniendo por delante una vez más negocios e intereses privados por sobre el interés de todos los chilenos de contar con seguridad y, bajo la administración estatal, con un recurso natural tan estratégico y tan importante para el futuro de Chile como lo es el litio”, añadió.

Los diputados consideraron también que la licitación vulnera la normativa sobre consulta a comunidades indígenas cercanas a los yacimientos de litio en el Desierto de Atacama, en el norte del país.

La posición del presidente electo

Tanto Boric como miembros de su equipo político han planteado la necesidad de analizar con mayor profundidad el carácter de las licitaciones, por lo que solicitaron posponer el proceso de adjudicación.

“El litio es el mineral del futuro, usado en millones de aparatos electrónicos. Chile no puede cometer nuevamente el histórico error de privatizar los recursos y para esto crearemos la Empresa Nacional del Litio, generando empleos en los yacimientos y un sello chileno al producto”, señaló Boric a principios de diciembre.

El jefe político de Boric, el diputado Giorgio Jackson, declaró recientemente que el presidente electo y su equipo “le han comunicado también al Gobierno en ejercicio que nos parecería prudente que todo el proceso de adjudicación en materia de litio pueda postergarse para un debido análisis”.

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Jackson agregó que “han salido distintas opiniones, no solamente de gente desde el Gobierno entrante, el que vamos a asumir, sino también desde la sociedad civil, desde la academia, que ven varios problemas, tanto en tiempo como de forma y de fondo, en la licitación que está ocurriendo actualmente”.

La posición del gobierno saliente

El Gobierno, por su parte, defiende que el proceso ha sido transparente y que las empresas serán socias del Estado en la explotación del recurso estratégico. Además, asegura que las cinco cuotas en licitación corresponden sólo al 4,4% de las reservas conocidas del metal en Chile y que la licitación no impide la creación de una empresa nacional del litio.

El biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, ha defendido el proyecto de licitación apuntando a la “pérdida de oportunidades” en el mercado internacional del mineral, imprescindible para la fabricación de computadores y celulares, además de ser un elemento clave para impulsar la transición hacia la electromovilidad en China y Europa.

“Chile se está perdiendo la oportunidad del litio, mientras Australia, Argentina y otros países avanzan. En 2016 éramos el mayor productor del mundo con 37%, hoy caímos al 31% y sin nuevos proyectos al 2030 estaremos en un 17%”, señaló el secretario de Estado.

“Esta licitación invita a empresas como socias del Estado para invertir y explotar litio. El Estado va a captar más del 50% del recurso sin invertir; 1.000 millones de dólares al año durante la producción y más de 200 millones de dólares al adjudicarlo“, agregó Jobet.

Chile concentra más de la mitad (52%) de la reservas mundiales del llamado “oro blanco”, todas apostadas en las profundidades de los salares de Atacama, el desierto más árido del mundo.

El impacto ambiental de los actuales métodos extractivos, catalogados como “primitivos” por múltiples expertos y científicos debido a la pérdida del 95% del agua, la sustancia original de tratamiento, es uno de los puntos que también han sido mencionados en la discusión constitucional, donde algunos sectores apuntan a un texto con principios ecológicos y a la nacionalización de los recursos.

FORBES STAFF / AGENCIAS