El Gobierno sostuvo que no promovería la aprobación del TPP-11 ni lo entorpecería
El Congreso chileno aprobó el martes, tras cuatro años de debates legislativos, la adhesión de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico compuesto por 11 países de Asia y América (TPP-11), que quedó en condiciones de ser promulgado por el presidente Gabriel Boric.
Los senadores apoyaron el ingreso del mayor productor global de cobre a TPP-11 por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
El tratado se suscribió en 2018, cuando fue firmado por Chile por la entonces presidenta Michelle Bachelet y meses más tarde ese mismo año su sucesor Sebastián Piñera ingresó el tratado a trámite al Congreso para su aprobación, antes de la ratificación presidencial.
En 2019 fue aprobado por la Cámara de Diputados.
La votación del martes mostró las diferencias dentro de la propia coalición oficialista, donde legisladores de partidos más cercanos a Boric votaron en contra del mismo y antiguos aliados del bloque de centroizquierda Concertación —que promovió la apertura global de la economía chilena tras la caída de la dictadura— lo aprobaron.
El Gobierno había dicho que el TPP-11 no era parte de su programa y no promovería su aprobación, aunque tampoco la entorpecería.
A partir del martes, el acuerdo puede ser promulgado por el mandatario, pero el trámite no sería inmediato porque Chile envió una serie de cartas (side letters) a 10 países miembros, lo que extiende el proceso.
El objetivo de las cartas es “modificar elementos del capítulo referido a los mecanismos de resolución de controversias inversionista—Estado, un tema de crítica y debate internacional”, dijo un responsable de prensa de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.
Un encargado de prensa de la Presidencia dijo que la línea del Gobierno, hasta ahora, es avanzar con los side letters.
Expertos dicen, sin embargo, que ese proceso no debería alterar los pasos para la entrada en vigencia del acuerdo y que Chile, que mantiene una treintena de acuerdos comerciales con países y bloques, no necesita cuestionar los mecanismos sobre resolución de conflictos.
En vigor desde diciembre de 2018, el acuerdo busca eliminar o reducir barreras arancelarias en los 11 países miembros (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) y abarca un mercado de casi 500 millones de personas, lo que representa el 13 % del PIB mundial.
El tratado sustituyó al original TPP, en el que estaba EE.UU. hasta que el entonces presidente Donald Trump anunció su retirada al poco de tomar posesión en 2017, cumpliendo así una de sus principales promesas de campaña.
Quienes defienden el tratado resaltan que abre la puerta a la exportación sin aranceles de más de 3.000 “líneas arancelarias” (subproductos) y que generaría ingresos anuales para Chile de US$ 1.200 millones.
Quienes están en contra cuestionan el mecanismo de resolución de conflictos.
Para Dorotea López, de la Universidad de Chile, “las críticas y las bondades del acuerdo han sido exageradas y se han prestado a una desinformación importante”.
“El TPP-11 se ha convertido en una bandera de lucha política más que de transformación económica. Chile ha reafirmado su compromiso de integración con el mundo en diferentes foros y firmar o no el acuerdo no debe significar que haya un giro hacia una política autárquica”, concluyó.
FORBES STAFF / AGENCIAS