El proyecto busca gravar con una tasa del 2,5% del patrimonio a los titulares de bienes equivalentes a 22 millones de dólares o más.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que busca gravar, una única vez, a las mayores fortunas de Chile como una medida para hacer frente a la grave crisis económica que provocó la pandemia de COVID-19.
El proyecto, que se aprobó con 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones, busca gravar una única vez con una tasa del 2,5% del patrimonio a los titulares de bienes equivalentes a 22 millones de dólares o más, con el fin de financiar una renta básica de emergencia.
También incluye una disposición para aumentar de 27 a 30% el llamado Impuesto de Primera Categoría a empresas con ingresos mayores a un millón de UF. El Impuesto de Primera Categoría grava las rentas provenientes del capital, entre otras, de las empresas comerciales, industriales, mineras y de servicios, entre otras.
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Por último, el proyecto elimina los beneficios tributarios establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta y la exención de impuestos que beneficia a los retiros de los Fondos de Inversión Privados.
La Cámara debe concretar y aprobar el articulado de la norma antes de que pase al Senado y se apruebe finalmente
El objetivo es que Chile, el tercer país con más multimillonarios de Latinoamérica, pueda mitigar los elevados costos fiscales que deja la crisis sanitaria, que han supuesto un desembolso de 18.000 millones de dólares para las arcas del Estado, y de liquidez a las mermadas economías domésticas.
Ante la pérdida de empleos y el cierre temporal y definitivo de miles de negocios provocado por las cuarentenas que rigen en el país, los ciudadanos han tenido que recurrir a sus fondos de pensiones para sobrevivir durante la pandemia, lo que les ha permitido pagar arriendos, deudas, alimentos y escuelas, entre otros.
En dos primeras rondas de retiros de sus fondos previsionales millones de ciudadanos sacaron de sus cuentas más de 36 mil millones de dólares y se calcula que casi cinco millones de personas no tendrían suficientes ahorros para un tercer retiro que aún se discute en el Congreso y al cual el Gobierno se opone.
Según los propios autores del proyecto de impuestos a los súper ricos, la norma podría recaudar hasta 6.250 millones de dólares y afectaría a un universo de 5.840 personas, una cifra que desde el Sistema de Impuestos Internos han reducido a 1.409 contribuyentes.
Chile, a pesar de ser uno de los países con la mayor renta per cápita de América Latina, tiene elevados índices de desigualdad, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, lo que se refleja en un índice de Gini del 0,44, según la última medición de 2017.
El Índice de Gini mide la desigualdad en un país en una escala de 0 a 1, donde 0 es la perfecta equidad y 1 la máxima desigualdad.
La pandemia ha exacerbado esa desigualdad y en 2020, alrededor de 2,3 millones de personas pasaron de clase media a situación de vulnerabilidad, según datos del Banco Mundial.
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Sin embargo, las ocho mayores fortunas del país crecieron un 73%, de 23,2 mil millones de dólares a 40,3 mil millones de dólares, según nuestra lista Forbes.
Las ocho personas más ricas de Chile, según nuestra lista, son:
- Iris Fontbona y Familia: 23,3 mil millones de dólares
- Julio Ponce Lerou: 4,1 mil millones
- Horst Paulmann Kemna y Familia: 3,3 mil millones
- Sebastián Piñera y Familia: 2,9 mil millones
- Julio Angelini Rossi: 2 mil millones
- Álvaro Saieh Bendeck: 1,8 mil millones
- Patricia Angelini Rossi: 1,6 mil millones
- Luis Enrique Yarur Rey: 1,3 mil millones
El impuesto a los súper ricos, también denominado “impuesto de justicia social”, ha sido recomendado recientemente por diversos organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una herramienta para afrontar la actual crisis económica y reducir las grandes desigualdades de la región.
“Los últimos informes indican que ha habido un aumento de 5 billones de dólares en la riqueza de los más ricos del mundo en el pasado año”, señaló recientemente el secretario general de la ONU, António Guterres, defensor de este gravamen.
En este contexto es que esta propuesta se ganó el respaldo de gran parte de la sociedad y de numerosos parlamentarios para afrontar la actual crisis económica que hizo desplomarse el PIB nacional un 5,8 % el pasado año.
FORBES STAFF/AGENCIAS