El impuesto a los súper ricos para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia también ha sido recomendado por organismos como la ONU, OCDE y FMI.
La discusión sobre el aumento de impuestos a las grandes fortunas para enfrentar las crisis económicas que ha provocado la pandemia de Covid-19 avanza en Chile como en el resto del mundo con la discusión en comisión parlamentaria de un impuesto único sobre el patrimonio de grandes fortunas y otro sobre las rentas de empresas con grandes ingresos.
La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó una indicación en el proyecto de ley que toma en cuenta una propuesta del Partido Comunista y otra de la Democracia Cristiana.
La del Partido Comunista consiste en crear un impuesto, por única vez, de 2,5% a personas naturales domiciliadas o con residencia en Chile con un patrimonio mayor a 22 millones de dólares, y la propuesta de la Democracia Cristiana consiste en aumentar de 27 a 30% el llamado Impuesto de Primera Categoría a empresas con ingresos mayores a un millón de UF.
El Impuesto de Primera Categoría grava las rentas provenientes del capital, entre otras, de las empresas comerciales, industriales, mineras y de servicios, entre otras.
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La indicación también elimina beneficios tributarios de la ley de impuesto a la renta y exenciones del Impuesto de Primera Categoría.
De esta manera Chile, que es el tercer país con más multimillonarios de Latinoamérica, se suma al debate mundial de los impuestos a los súper ricos para financiar una renta básica de emergencia y mitigar los elevados costos fiscales que deja la crisis sanitaria.
Como en el resto del mundo, la crisis sanitaria recrudeció las diferencias socioeconómicas en el país: mientras que en 2020 alrededor de 2,3 millones de personas pasaron de clase media a situación de vulnerabilidad según el Banco Mundial, las ocho mayores fortunas del Chile crecieron un 73%, en cifras de Forbes.
“No hay discurso democrático que pueda sostener este nivel de contraste e inequidad en la apropiación de riqueza, menos aún en un contexto de pandemia”, señaló la diputada de oposición Camila Vallejo, autora del proyecto.
El impuesto a los super ricos, también denominado “impuesto de justicia social”, ha sido recomendado recientemente por diversos organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) como una herramienta para afrontar la actual crisis económica y reducir las grandes desigualdades de la región.
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Para Matías Cociña, investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, en sociedades tan desiguales como las latinoamericanas, la capacidad de aplicar tributos en el tope de la distribución es “muy relevante”.
“En un contexto en que las élites están fuertemente cuestionadas, que estos individuos hagan un aporte adicional al proceso de recuperación económica post pandemia podría reducir esta percepción de distancia”, afirmó el académico.
En Chile, el país con más renta per cápita de América Latina, el 1% de los hogares de mayores ingresos acapara más de una cuarta parte de la riqueza total, mientras que el 50% de las familias más pobres tiene solamente el 2,1 %, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Su índice de Gini, que mide la desigualdad siendo 0 una distribución perfecta del ingreso y 1 una distribución completamente desigual, es del 0,44, según la última medición de 2017.
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Además, la recaudación impositiva contribuye poco a reducir las diferencias. Según la OCDE, la tributación en Chile solo reduce un 2,5% el índice de Gini, frente al promedio de los países que componen el organismo (10%).
Por otro lado, algunos expertos señalan que imponer un tributo de esta naturaleza estimula la fuga de capitales hacia lugares en que no exista este impuesto, además de desestimular la inversión.
“Esta iniciativa no es la herramienta más eficiente, hay varios estudios que señalan que en los países que han implementado una medida similar tuvieron una recaudación inferior al 1% del PIB“, señaló Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
Según un informe del centro de estudios privado Libertad y Desarrollo, el impuesto a los super ricos es una “mala idea”, porque no está orientado a “impulsar la recuperación de la actividad productiva”.
En paralelo a la iniciativa que se debate en el Parlamento, que afectaría a un universo de 1.406 contribuyentes, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), se suman cada vez más voces que plantean la necesidad de reducir las exenciones fiscales y mejorar el sistema impositivo chileno a largo plazo.
El sociólogo de la Universidad de Chile e investigador en Fundación Sol, Benjamín Sáez, afirmó que esta discusión impositiva es parte de “un debate más amplio” y de largo plazo, sobre “cómo estas personas que acumulan muchos recursos pueden redistribuirlos de forma más equitativa”, permitiendo una “mayor paz social”.
Si bien la necesidad de que las mayores fortunas aporten más es un consenso global, en el país “la importancia política de los impuestos se ha comprendido poco”, a juicio del doctor en derecho y uno de los autores de la norma general anti-elusión, Francisco Saffie.
Además, el documento “desconoce la manera en que los capitales, el patrimonio y la riqueza se encuentra hoy día en el mundo”, explicó Saffie, ya que en su redacción considera gravar a personas naturales, “que no son necesariamente propietarias de los de los vehículos en los cuales se encuentra su patrimonio”.
FORBES STAFF y EFE