El Presidente alega que el Congreso no tiene autoridad para disponer el retiro de los fondos para que los ciudadanos sobrevivan a la pandemia y que solo él puede hacerlo.
El presidente Sebastián Piñera presentó el domingo un proyecto de ley alternativo para permitir a los ciudadanos del país retirar por tercera vez un 10% de sus ahorros en fondos privados de pensiones, en un intento por frenar una medida similar aprobada en el Congreso que busca ayudar a la mermada clase media durante la pandemia.
“Enviaremos al Congreso, y con la máxima urgencia, un proyecto de ley de retiro y recuperación de ahorros previsionales, que permite a los chilenos retirar el 10 % de sus ahorros y que soluciona los problemas del proyecto recientemente aprobado por el Congreso”, anunció el mandatario conservador.
A diferencia de la iniciativa del Congreso, el nuevo proyecto incluye el pago de impuestos “para aquellos cotizantes pertenecientes al 10% de más altos ingresos del país”, que tengan una renta imponible superior al 1,8 millones de pesos (2.500 dólares).
El nuevo texto incluye, además, un bono de 200.000 pesos (280 dólares) para las tres millones de personas que se quedaron sin ahorros con las dos anteriores retiradas de fondos, en julio y diciembre pasados, además de un sistema de restitución para fortalecer las pensiones con un aumento del 1% de la cotizaciones por parte del Estado y el empleador.
Lea también: Impuesto a súper ricos para enfrentar crisis económicas también avanza en Chile
De esta forma, explicó Piñera, “el aporte total al ahorro previsional de los trabajadores se incrementará de un 10% a un 12% y mejorará en el tiempo en un 20% las pensiones futuras”.
“Tengo la obligación de actuar con sensibilidad ante las necesidades de mis compatriotas, pero también con responsabilidad”, agregó el presidente chileno, muy criticado por rechazar la iniciativa del Congreso.
Aunque el Gobierno ha destinado ciertas ayudas económicas a las familias chilenas para auxiliarlas durante la pandemia, el mismo presidente Piñera ha admitido que “aún hay personas y familias que no han recibido los beneficios que necesitan”.
Ante el cierre de miles de negocios desde el año pasado debido a la pandemia, la pérdida de miles de empleos y el insuficiente auxilio económico gubernamental, los ciudadanos han tenido que recurrir a los ahorros en sus fondos de pensiones para pagar arriendos, deudas, alimentos o escuelas.
En las primeras dos rondas de retiro en julio y diciembre del año pasado unos 11 millones de ciudadanos sacaron de sus cuentas más de 36 mil millones de dólares, mientras el Gobierno ha destinado 23.500 millones de dólares en total para ayudas económicas por la pandemia.
El anuncio de Piñera se da tras un fin de semana de intensas negociaciones con los partidos que integran la coalición oficialista y después del requerimiento interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional para bloquear el proyecto del Congreso, que fue aprobado por una mayoría aplastante y contó incluso con votos del oficialismo.
Además: Gobierno aprobó más de un millón de solicitudes del Bono Clase Media en 24 horas
“La reforma que aprobó el Congreso no respeta nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho”, afirmó el gobernante, quien alertó de que cinco millones de chilenos se quedarían sin fondos si prosperase la retirada del tercer 10% de sus ahorros con el respaldo parlamentario.
Si el Tribunal Constitucional rechazase el recurso del Gobierno la vigencia de esa retirada dependería de la promulgación de Piñera, mientras que si aceptara el requerimiento gubernamental habría que esperar a que la máxima corte chilena emita una resolución final.
La oposición y parte del oficialismo alegan que los retiros de ahorros son necesarios porque las ayudas del Gobierno son insuficientes y “no están llegando a la población”.
Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han criticado la política de permitir los retiros de ahorros para sobrevivir a la pandemia, argumentando que hipotecan el futuro de los ciudadanos.
Tanto la OCDE como el FMI han pedido a Chile que las ayudas se financien con presupuesto gubernamental y han afirmado que el país tiene los medios para hacerlo.
También han pedido reformas tributarias que permitan recaudar más impuestos para financiar programas de ayudas.
Replicado en la década de 1990 en buena parte de Latinoamérica y pionero en la capitalización individual, el modelo previsional chileno está fuertemente cuestionado hoy en día por las pírricas jubilaciones que otorga, frente a las multimillonarias ganancias de las empresas privadas que gestionan los fondos, y cada vez son más las voces que piden transitar hacia un modelo más solidario.
EFE