Sus fundadores participaron en la elaboración de la Ley de Migración y Extranjería. Desde 2022, Hurtado & Bonito Abogados ha llevado más de 4.000 procesos migratorios, muchos para empresas que necesitan trasladar talento entre países. El estudio se ha posicionado en directorios jurídicos internacionales y sus socios elaboran el capítulo chileno de migración corporativa para The Legal 500 y Chambers and Partners.

La filial chilena de una compañía de infraestructura tenía a su nuevo gerente general en China y urgencia para traerlo. Faltaba el permiso que le permitiría trabajar legalmente en Chile. Por la vía ordinaria, una solicitud presentada desde el extranjero puede tardar meses y, si recibe observaciones, incluso más de un año.

El estudio descartó una visa de trabajo convencional. Revisó los antecedentes de la empresa, optó por la residencia para inversionistas, gestionó una carta de patrocinio ante InvestChile y presentó la solicitud al Servicio Nacional de Migraciones. La residencia fue aprobada en 21 días y el ejecutivo asumió la dirección de la operación.

“No todas las empresas pueden utilizar esa vía”, aclara José María Hurtado, socio de Hurtado & Bonito Abogados. “El caso muestra que elegir correctamente la categoría migratoria puede ser tan importante como anticipar la fecha de presentación de la solicitud”.

La escena resume el problema que lo llevó, junto a Mijail Bonito, a fundar el estudio en 2022. Identificaron un espacio poco desarrollado en el mercado chileno: una práctica dedicada exclusivamente a la movilidad internacional, migración y extranjería, que abordara cada caso de manera estratégica e integral.

La asesoría migratoria solía ofrecerse como una extensión de las áreas laborales o dentro de paquetes generales de servicios jurídicos. La propuesta de los socios fue distinta: integrar en una sola práctica la planificación de los traslados internacionales, la tramitación de permisos y residencias, el cumplimiento regulatorio y la litigación estratégica.

La premisa era que trasladar talento entre países no constituye simplemente un trámite documental. Trasladar talento entre países exige anticipar contingencias, elegir la vía adecuada y coordinar jurisdicciones. La estrategia comienza antes de contratar y continúa hasta obtener las autorizaciones o, si corresponde, defender el caso ante los tribunales.


“El objetivo es identificar la categoría correcta desde el inicio, anticipar posibles observaciones y dar mayor certeza a la empresa para planificar la incorporación de talento extranjero.”

José María Hurtado


DE LA LEY AL EJERCICIO

Los socios conocen la normativa desde adentro. Hurtado, abogado de la Universidad de los Andes y coautor de Derecho Migratorio Chileno, fue asesor de política migratoria y asesor legislativo del subsecretario del Interior durante la discusión de la Ley 21.325, publicada en 2021. Bonito, abogado de la Universidad de Chile y Master of Laws in International Human Rights and Humanitarian Law de la American University Washington College of Law, fue asesor de política migratoria del mismo ministerio y encabezó la delegación chilena en la ronda final de negociaciones del Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas.

“La Ley 21.325 se diseñó con un catálogo amplio de subcategorías. Hay residencia para trabajadores de temporada, para inversionistas, y vías derivadas de tratados de libre comercio. Cada una responde a una necesidad distinta”, explica Hurtado. “En la práctica, no siempre se aplican como se pensaron”.

“Haber participado en la elaboración de la ley nos hace ver ese catálogo como una herramienta. Cuando una empresa plantea un traslado, nos preguntamos qué categoría corresponde a lo que esa persona hará en Chile y cómo acreditarlo para que la autoridad no tenga motivos para objetarla o rechazarla”.

Bonito agrega otra lección: una ley no se implementa sola. La subcategoría de trabajador de temporada estaba en el texto, pero casi no se usaba. Una empresa agrícola les pidió traer cada temporada a operadores extranjeros especializados. El estudio debió insistir ante el Servicio Nacional de Migraciones para que aplicara esa categoría y, luego, ante el Registro Civil, que solicitaba documentos que no correspondían para emitir las cédulas.

“En casos así ayuda saber el funcionamiento institucional del Estado para identificar los argumentos correctos y en qué momento conviene ir a tribunales o no”, puntualiza Bonito.

UN TEMA QUE YA NO ES SOLO DE RECURSOS HUMANOS

Sectores como infraestructura, minería, energía, tecnología y salud dependen cada vez más de profesionales formados fuera de Chile. Para las empresas, gestionar esos movimientos exige algo más que obtener una residencia.

“Cada vez recibimos más encargos de empresas que necesitan mantener en el tiempo una dotación internacional en Chile, con personas de distintas nacionalidades que llegan desde distintos países, muchas veces con sus familias”, señala Bonito.

Una empresa de infraestructura asesorada por el estudio trae ejecutivos que rara vez llegan desde su país de origen; normalmente vienen de terceros países donde la compañía tiene obras. “Por eso cada traslado se planifica según dónde está la persona: dónde firma, ante qué consulado y con qué documentos”.

El empleador debe verificar, antes del primer día de trabajo, que la persona tenga un permiso que la autorice a desempeñar esa actividad.

“Parece obvio, pero el error más común es confundir residencia regular con autorización para trabajar”, advierte Bonito. “La cédula acredita que la persona reside regularmente en Chile, no que pueda desempeñar cualquier actividad remunerada. Hay que revisar la categoría, su vigencia y sus limitaciones”.

Contratar sin autorización puede exponer a la empresa a multas. Las sanciones no extinguen las obligaciones laborales: remuneraciones, cotizaciones y demás prestaciones siguen siendo exigibles. También debe considerarse la regla del Código del Trabajo según la cual, como principio general, al menos el 85% de los trabajadores deben ser chilenos, con las excepciones legales correspondientes.

Según Bonito, se subestiman los plazos y los detalles formales. No existe un plazo general garantizado para que la autoridad resuelva ni un procedimiento acelerado por el tamaño o la trayectoria de la empresa. “Cuando la operación necesita a esa persona en pocas semanas, presentar antes no basta: hay que elegir bien la vía”.

En un caso reciente, el Servicio Nacional de Migraciones revocó la residencia de un ejecutivo extranjero y le ordenó abandonar el país por un supuesto incumplimiento en el registro de su contrato. El estudio acreditó que sí había sido registrado. La Corte de Apelaciones dejó sin efecto la revocación y la orden de abandono, y la Corte Suprema confirmó la decisión.

“Una controversia sobre un requisito formal terminó poniendo en riesgo la permanencia de un ejecutivo contratado para trabajar en Chile”, resume Bonito.

CUANDO EL PROBLEMA SE RESUELVE EN TRIBUNALES

Desde 2022, Hurtado & Bonito ha llevado más de 4.000 procesos migratorios y de residencia para empresas y personas vinculadas a más de 50 jurisdicciones en los cinco continentes. En más de 1.500 ocasiones, el estudio ha interpuesto acciones judiciales para defender los derechos de sus clientes frente a decisiones de la autoridad.

“Muchas veces el problema no se resuelve con una buena solicitud, sino impugnando una decisión ilegal de la autoridad”, señala Hurtado.

También llegan clientes después de tramitaciones deficientes con otros proveedores, que han dejado su situación migratoria comprometida o requieren una estrategia judicial para corregir sus consecuencias. En esos casos, el trabajo consiste en revisar lo actuado, identificar los errores y determinar qué vías administrativas o judiciales permiten defender sus intereses.

Un caso emblemático fue el de nueve médicos extranjeros con residencia definitiva que trabajaban en hospitales públicos. Después de que se cuestionaran algunas de sus licencias médicas, el Servicio Nacional de Migraciones les revocó la residencia, les ordenó abandonar el país y les prohibió volver por períodos de entre tres y cinco años.

El estudio presentó recursos de amparo en todos los casos. Argumentó que la Ley 21.325 no contemplaba esa conducta como causal de revocación y que la medida era desproporcionada y discriminatoria frente a las consecuencias que habría enfrentado un colega chileno.

Los nueve casos obtuvieron fallos favorables: los médicos conservaron su residencia y siguieron trabajando.

“Para una empresa, la lección es que cuando una decisión administrativa amenaza a una persona clave para la operación existe una vía judicial, y conviene saberlo antes de necesitarla”, afirma Hurtado.

El movimiento de talento tampoco va en una sola dirección. Desde 2023, el estudio mantiene una alianza con Employee Mobility Solutions (EMS), que le permite acompañar a empresas chilenas que envían profesionales a otros mercados, cubriendo más de 80 jurisdicciones.


“El error más común es confundir residencia regular con autorización para trabajar. La cédula acredita que la persona reside en Chile, no que pueda desempeñar cualquier actividad remunerada.”

Mijail Bonito


EL RECONOCIMIENTO DE UNA PRÁCTICA ESPECIALIZADA

En pocos años, Hurtado & Bonito se ha posicionado en directorios jurídicos internacionales como The Legal 500 y Leaders League, siendo responsables, además, de la elaboración del capítulo chileno sobre migración corporativa para The Legal 500 y Chambers and Partners.

Estos directorios orientan a empresas e inversionistas que buscan asesoría en distintas jurisdicciones. Sus capítulos nacionales exponen el marco normativo y la práctica migratoria chilena a una audiencia internacional.

Para los socios, el reconocimiento refleja la importancia de integrar conocimiento regulatorio, planificación empresarial y defensa jurídica en todo el ciclo de movilidad internacional.

LO QUE VIENE NO ES UNA REFORMA

La migración seguirá ocupando un lugar relevante en la agenda pública, pero los principales desafíos empresariales no estarán necesariamente asociados a nuevas reformas legales, previsiblemente centradas en el control de la irregularidad migratoria. La evolución de los criterios administrativos y una mayor capacidad de fiscalización pueden tener efectos concretos sobre la contratación y la movilidad internacional.

“El marco sigue siendo la Ley 21.325, sus reglamentos y la Política Nacional de Migración y Extranjería de 2023”, señala Bonito.

La tecnología y la trazabilidad serán relevantes. Los permisos electrónicos y la interconexión de plataformas estatales facilitan el cruce de antecedentes; los empleadores deberán cuidar la coherencia entre situación migratoria, funciones, contrato e información declarada.

Hurtado identifica tres prioridades: evaluar la vía migratoria antes de cerrar una contratación o planificar un traslado; verificar que permisos, contratos y antecedentes sean coherentes entre sí; y mantener un registro actualizado de trabajadores extranjeros, autorizaciones y vencimientos.

En el caso de la empresa de la escena inicial, la clave fue alinear la vía elegida con los objetivos y plazos urgentes de la operación.

De cara al futuro, el desafío será integrar la gestión migratoria en la planificación jurídica y operacional: anticipar riesgos, monitorear los criterios de la autoridad y responder ante rechazos, revocaciones o decisiones que amenacen la operación. Con mayor trazabilidad y fiscalización, la prevención es tan importante como la defensa jurídica.

Esa perspectiva explica el origen de Hurtado & Bonito: acompañar a las empresas desde la planificación de sus traslados internacionales hasta la tramitación de permisos, el cumplimiento regulatorio y, cuando sea necesario, la defensa ante tribunales.

Para las gerencias legales, la cuestión ya no es solo un mero trámite migratorio, sino cómo incorporar estos riesgos a la estrategia de la compañía, proteger la continuidad operacional y asegurar que la contratación de talento extranjero contribuya a sus objetivos de negocio.