Con más de 5.900 abogados en más de 85 países, Dentons apuesta en Chile por equipos que cruzan regulación, tecnología y negocio. Tres de sus socios explican cómo la inteligencia artificial, la nueva ley de datos personales y las finanzas digitales están cambiando el trabajo de un estudio de abogados.
Un lunes por la mañana, la gerente legal de una empresa de retail recibe un correo del directorio: quieren lanzar antes de fin de año un asistente de inteligencia artificial para atención de clientes, que use el historial de compras y ofrezca financiamiento en línea. En un solo pedido hay tres preguntas jurídicas distintas: qué datos se pueden usar, quién responde por lo que diga el sistema y si ofrecer crédito digital exige algún registro ante el regulador.
Ese tipo de consulta es cada vez más frecuente en las oficinas de Dentons Chile, en Apoquindo. “En los últimos tres años recibimos cada vez más consultas que no buscan solamente determinar si un producto cumple con la regulación, sino cómo diseñarlo para que pueda operar y crecer dentro de ella”, explica Ignacio Pera, socio, director global de Fintech y codirector del Grupo TMT de Dentons para América Latina y el Caribe. Los clientes, agrega, los involucran más temprano en decisiones que antes llegaban al abogado cuando ya estaban tomadas. La respuesta del estudio ha sido organizarse en equipos que trabajan juntos sobre un mismo problema, en lugar de derivar cada arista a un especialista distinto.

Ignacio Pera, socio, director global de Fintech y codirector del Grupo TMT de Dentons para América Latina y el Caribe.
“No basta preparar documentos; es necesario comprender quién decide, cómo funcionan los controles y qué información generan los sistemas para acreditar que esos controles operan en la práctica”.
– Ignacio Pera
Un estudio global con raíces locales
Dentons llegó a Chile en mayo de 2019, cuando inició su combinación con Larraín Rencoret Urzúa, un estudio con 11 años de trayectoria local que lideró el proceso, al que se sumaron Nieto, Morán —especializada en recursos naturales, minería y medio ambiente— y otros especialistas tributarios y de propiedad intelectual. Nació así una oficina de unos 30 abogados. Hoy reúne a más de 60, 21 de ellos socios, cubre todas las áreas del derecho salvo las materias penales y de familia, y forma parte de una red con más de 5.900 abogados en más de 85 países.
Para los clientes, esa combinación tiene un efecto práctico: una empresa chilena que se expande puede trabajar con el mismo equipo de referencia y sumar abogados de otras jurisdicciones. “Hemos trabajado, por ejemplo, en la evaluación regulatoria para la expansión de un cliente a Perú, México y Argentina”, cuenta Pera. “Más allá de la cobertura geográfica, el valor está en organizar los equipos adecuados para los objetivos del proyecto: la red debe adaptarse al cliente, y no al revés”. Carolina del Río, socia líder del área de Propiedad Intelectual y Privacidad y codirectora del grupo de Propiedad Intelectual de América Latina y El Caribe, ve el mismo fenómeno en sentido inverso: clientes internacionales que eligen a la oficina de Santiago para coordinar la protección de sus marcas y patentes en varios países de América Latina. Sectores como el farmacéutico, con activos intangibles en múltiples mercados, ilustran la importancia de contar con una asesoría articulada internacionalmente. “Contar con oficinas Dentons en varios países facilita la coordinación, garantiza la confidencialidad de los asuntos, evita conflictos de interés y contribuye a entregar respuestas alineadas con las necesidades de la empresa”, señala.

Carolina del Río, socia líder del área de Propiedad Intelectual y Privacidad y codirectora del grupo de Propiedad Intelectual de América Latina y El Caribe.
Cuando la regulación llega antes que el producto
La Ley Fintec (Ley 21.521), publicada en enero de 2023, cambió el mapa para bancos, plataformas de pago y startups financieras. Por primera vez, servicios como el crowdfunding, la asesoría de inversiones automatizada o la custodia de criptoactivos quedaron bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Dentons participó en ese proceso desde las primeras mesas de trabajo del anteproyecto hasta la dictación de la normativa secundaria y el diseño del Sistema de Finanzas Abiertas. Hoy el equipo de Pera asesora a unos 70 clientes fintech activos, tramita 30 procesos de autorización bajo la Ley Fintec y ha concluido exitosamente otros siete bajo la ley de medios de pago, y obtuvo la primera autorización de la CMF para operar un Sistema Alternativo de Transacción bajo el nuevo marco. También lideró la estrategia legal de Tenpo en el caso que llevó a la Corte Suprema a establecer, en junio de 2024, la obligación para los comercios de aceptar los distintos tipos de tarjetas de una misma marca, incluidas las de prepago.
Esa experiencia ha cambiado el orden de las conversaciones. “La pregunta ya no es únicamente qué autorización se necesita, sino qué implicancias tendrá en el desarrollo del negocio”, dice Pera. En un modelo de supervisión basado en riesgos, sostiene, el cumplimiento desde el diseño es una inversión: evita reconstruir procesos cuando el negocio ya está en marcha. “El desafío no es elegir entre innovar y cumplir, sino integrar ambas dimensiones sin complejidades innecesarias”.
Los datos como activo y como riesgo
El 1 de diciembre de 2026 está prevista la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de protección de datos personales, que crea una agencia fiscalizadora y contempla multas de hasta 20.000 UTM para las infracciones más graves. Para empresas tecnológicas, de salud, de retail y plataformas digitales, cuyos modelos dependen del tratamiento de datos, Carolina del Río lo describe como un cambio de paradigma: “pasar de una asesoría centrada exclusivamente en interpretar las normas a una que permita anticipar riesgos, diseñar los planes de mitigación y acompañar las decisiones empresariales”. Si la entrada en vigencia se posterga, agrega, el plazo adicional debiera usarse para revisar procesos y fortalecer protocolos, no para esperar.
La privacidad, en su experiencia, dejó de ser un tema exclusivo del área legal. “El cumplimiento normativo no puede abordarse únicamente como una obligación legal”, afirma. “Es necesario incorporar una evaluación estratégica de los riesgos desde el diseño de productos y servicios, especialmente cuando involucran datos sensibles o usuarios menores de edad”.
Luis Izquierdo, socio del área corporativa y de fusiones y adquisiciones, ve el efecto en las transacciones. En una compra de empresa, explica, “desde las primeras conversaciones se analiza qué datos trata la empresa objetivo, cómo gestiona su ciberseguridad y dónde utiliza inteligencia artificial”. En una operación reciente, la posible calificación de la empresa adquirida como operador de importancia vital bajo la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663) incidió en la negociación de declaraciones y garantías, una indemnidad especial y un plan de remediación previo al cierre. Lo que suele subestimarse, advierte, es el efecto acumulativo de las normas: un solo incidente puede activar deberes de reporte, obligaciones de protección de datos y exigencias de información al mercado.

Luis Izquierdo, socio del área corporativa y de fusiones y adquisiciones.
La próxima frontera: el abogado que entiende el negocio
Con la ley de datos en camino, la Ley Marco de Ciberseguridad en implementación y el proyecto de ley sobre inteligencia artificial en el Congreso, los tres socios coinciden en que el perfil del abogado corporativo está cambiando. Los clientes llegan más informados —muchos consultan herramientas de IA antes de levantar el teléfono— y eso, dice Carolina del Río, hace las conversaciones más exigentes: “resulta fundamental escuchar, contextualizar la información y distinguir entre una respuesta aparentemente correcta y una solución jurídica adecuada”.
El estudio también usa esas herramientas puertas adentro. El equipo de Carolina del Río lleva más de veinte años incorporando tecnología al trabajo de abogados, ingenieros de patentes y paralegales; en fusiones y adquisiciones, la IA apoya la revisión de grandes volúmenes de contratos y la comparación de versiones. Pero los límites son claros. “Aunque utilicemos las herramientas más avanzadas de la industria, tal herramienta solo puede detectar contingencias como cláusulas de cambio de control en cientos de contratos; sin embargo, decidir si un hallazgo justifica renegociar el precio en el contexto específico o incluso desistir de una transacción requiere juicio jurídico y estratégico”, dice Izquierdo. Pera va un paso más allá: “Creo que la IA no necesariamente va a homogeneizar a los abogados; puede hacer mucho más evidentes sus diferencias”.
¿Qué debería priorizar una gerencia legal para los próximos cinco años? Izquierdo recomienda llevar el cumplimiento tecnológico al gobierno corporativo: un mapa actualizado de obligaciones de ciberseguridad, tratamientos de datos y sistemas de IA, reportado al directorio, y contratos con proveedores tecnológicos negociados antes de que ocurra un incidente. Pera pide que los abogados participen en las decisiones del negocio desde el inicio, no solo en la revisión final. Carolina Del Río suma un rasgo menos habitual en la lista: Las habilidades interpersonales adquirirán un protagonismo aún mayor. Saber escuchar, recibir críticas, manejar la frustración y mantener una actitud abierta al aprendizaje serán capacidades fundamentales.Para la gerenta legal del ejemplo inicial, la respuesta no será un solo informe, sino una conversación entre especialistas de distintas disciplinas que entienden cómo se cruzan y se complementan sus áreas. La pregunta para los próximos años no es si la regulación de la tecnología seguirá creciendo, sino qué tan preparadas estarán las empresas para anticiparla.
