Sin embargo, bajo la expresión “prohibición” conviven políticas muy diferentes. Algunos países impiden el uso durante toda la jornada, incluidos los recreos, y otros únicamente durante las clases. El tema de fondo es qué lugar ocupa una tecnología diseñada para capturar nuestra atención en una etapa de la vida en la que todavía se están desarrollando las capacidades para regularla.
Más de la mitad de los sistemas educativos del mundo ya restringen los teléfonos móviles en las escuelas. Las medidas buscan recuperar la atención, el juego y la conversación presencial, aunque la evidencia advierte que retirar el dispositivo durante unas horas no alcanza para proteger a las infancias de un ecosistema digital diseñado para retenerlas.
Durante años, el teléfono celular ingresó en las escuelas como una herramienta que prometía ampliar el acceso al conocimiento. En poco tiempo también se convirtió en una puerta abierta a las redes sociales, las notificaciones, los videojuegos, el acoso y una circulación permanente de contenidos que compite con la atención que requiere aprender.
La respuesta se está extendiendo por todo el mundo. En 2023 menos de uno de cada cuatro países contaba con alguna política nacional para restringir los celulares en las escuelas. En septiembre de 2026, la Unesco registraba 114 sistemas educativos con prohibiciones o restricciones nacionales, equivalentes al 58 % de los países.
Sin embargo, bajo la expresión “prohibición” conviven políticas muy diferentes. Algunos países impiden el uso durante toda la jornada, incluidos los recreos, y otros únicamente durante las clases. El tema de fondo es qué lugar ocupa una tecnología diseñada para capturar nuestra atención en una etapa de la vida en la que todavía se están desarrollando las capacidades para regularla.
Francia fue uno de los primeros países en avanzar con una prohibición legal para las escuelas primarias y los colegios en 2018 obligando a los centros a establecer una separación efectiva entre estudiantes y dispositivos, y actualmente la restricción se extendió también a los centros de enseñanza secundaria, con excepciones médicas y otras autorizadas por cada establecimiento. El Gobierno francés fundamenta la medida en la necesidad de proteger la concentración, la convivencia, reducir el ciberacoso y la exposición a contenidos violentos.
China exige desde 2021 que los estudiantes de primaria y secundaria no lleven teléfonos a las aulas. Cuando existe una necesidad, las familias deben solicitar una autorización y presentar su consentimiento por escrito.
Italia prohibió el uso en 2022 en la educación inicial y media, y en 2025 extendió la restricción a las escuelas secundarias superiores. Portugal estableció una prohibición total en el primer y segundo ciclo de la educación básica, mientras recomienda restricciones para los cursos posteriores.
Finlandia prohíbe desde agosto de 2025 el uso de teléfonos y otros dispositivos móviles durante las clases de educación básica, salvo que el docente los autorice con fines pedagógicos o que exista una necesidad sanitaria o de apoyo.
En los Países Bajos, un acuerdo nacional retiró desde 2024 los teléfonos, tabletas y relojes inteligentes de las aulas, excepto cuando fueran necesarios para enseñar, atender una discapacidad o resolver una situación médica.
Irlanda obliga a las escuelas primarias a impedir el acceso a los celulares durante toda la jornada y exige políticas restrictivas en el nivel secundario. En Inglaterra, las orientaciones que recomiendan escuelas libres de teléfonos adquirieron carácter obligatorio en septiembre de 2026.
España no tiene una prohibición estatal uniforme, pero varias comunidades autónomas avanzaron por su cuenta. Madrid, Galicia y Andalucía establecieron distintas limitaciones.
Corea del Sur incorporó en marzo de 2026 una restricción legal para el uso de dispositivos inteligentes durante las clases. Nueva Zelanda aplica desde abril de 2024 la política “Phones away for the day”: los teléfonos deben permanecer fuera del alcance durante clases, almuerzos, recreos y actividades escolares realizadas fuera del establecimiento. Australia, donde la educación depende de los estados y territorios, completó en 2024 la restricción en todas las escuelas públicas.
En 2025, Brasil adoptó una de las regulaciones más amplias de la región con una ley que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales durante las clases, los recreos y los intervalos en todas las instituciones públicas y privadas de educación básica. La misma ley obliga a las escuelas a trabajar sobre el sufrimiento psíquico, la salud mental y los efectos del uso desmedido de las pantallas.
Chile comenzó el ciclo lectivo de 2026 con una regulación nacional para la educación parvularia, básica y media. La prohibición alcanza las actividades curriculares y contempla excepciones por necesidades educativas especiales, salud, emergencias, seguridad y actividades pedagógicas planificadas. Bolivia restringió en 2026 los celulares dentro de las aulas de establecimientos públicos y privados, tanto para estudiantes como para docentes.
México aplicará a partir del 3 de noviembre de 2026, una normativa que permitirá en primaria y secundaria llevar los dispositivos a la escuela, pero deberán permanecer guardados durante toda la jornada, incluidos los recreos. En la educación media superior, cada institución establecerá sus límites.
Argentina no tiene una norma nacional y el mapa se construye por provincias. La Ciudad de Buenos Aires prohíbe los celulares durante toda la jornada en inicial y primaria y durante las clases en secundaria. Neuquén, La Rioja y Santa Fe los prohíbe en nivel inicial y primaria. La provincia de Buenos Aires convirtió en ley en octubre de 2026 una regulación para las aulas de las escuelas secundarias.
En Estados Unidos tampoco existe una prohibición federal. Según el último relevamiento de la Unesco, 39 estados ya cuentan con prohibiciones estatales o normas que obligan a los distritos escolares a regular el uso. Nueva York aplica, desde septiembre de 2025, una restricción “de campana a campana” en todas las escuelas K-12. California exigió que cada distrito contara con su propia política antes de julio de 2026.
El fenómeno también avanza mediante decisiones regionales en los estados alemanes de Baviera, Sarre y Turingia, y en autoridades locales de Armenia, Indonesia, Tailandia y Macedonia del Norte. En otros países, como Colombia, Perú, Polonia, Serbia, Estonia, Lituania, Islandia y Filipinas, los gobiernos nacionales establecieron marcos que obligan o alientan a las escuelas a definir sus propias restricciones, sin imponer una prohibición idéntica para todo el territorio.
El problema es que la posibilidad permanente de recibir un mensaje, una reacción o una notificación fragmenta la atención y dificulta sostener una tarea durante períodos prolongados.
Además las redes sociales fueron diseñadas para prolongar el uso. La Academia Estadounidense de Pediatría advierte que niñas, niños y adolescentes todavía están desarrollando sus capacidades de autorregulación y pueden ser más vulnerables a estos diseños persuasivos, por lo que recomienda políticas escolares consistentes, pero también cambios en el diseño tecnológico y mayores responsabilidades para las empresas.
Durante los primeros años, el aprendizaje depende especialmente de la interacción con otras personas, el movimiento, el juego, la exploración y la conversación. Cuando el uso solitario y recreativo de pantallas desplaza esas experiencias, se lo asocia con dificultades en el lenguaje, el sueño, las funciones ejecutivas, el desarrollo socioemocional, la lectura y el juego imaginativo. Se trata principalmente de asociaciones observadas por la investigación y no de una prueba de que cualquier exposición produzca por sí sola esos efectos.
La Organización Mundial de la Salud aconseja evitar las pantallas sedentarias en bebés y limitar su uso a menos de una hora diaria entre los dos y los cuatro años. La Asociación Española de Pediatría adoptó una recomendación más restrictiva y propone evitar las pantallas hasta los seis años, salvo usos puntuales acompañados por una persona adulta.
La OMS encontró que el 11 % de los adolescentes estudiados presentaba señales de uso problemático de redes sociales, dificultad para controlar el tiempo, malestar al desconectarse, abandono de otras actividades y consecuencias negativas en la vida cotidiana.
El uso problemático también se encuentra asociado con menos horas de sueño y horarios más tardíos para acostarse. A esto se suman la comparación corporal, la presión por la aprobación social, los discursos de odio, el contacto con personas adultas, la captación sexual, la difusión de imágenes sin consentimiento, la extorsión y el ciberacoso.
Un informe de Unicef basado en información de 40 países alerta que las infancias no se enfrentan solamente a una dificultad individual para controlar el teléfono. Se enfrentan a una industria que obtiene beneficios económicos cuanto más tiempo consigue retener su atención.
Las restricciones pueden producir una pausa concreta dentro de la jornada. Recuperan para la escuela la posibilidad de establecer momentos sin notificaciones, reducen la disputa cotidiana entre docentes y estudiantes y permiten que los recreos vuelvan a ser espacios de conversación, movimiento y juego.
Un estudio publicado en The Lancet Regional Health–Europe, realizado con 1.227 estudiantes de treinta escuelas secundarias inglesas, encontró que las políticas restrictivas reducían el uso dentro del establecimiento, pero no el tiempo total que los adolescentes pasaban con teléfonos y redes sociales.
Retirar el celular durante unas horas tampoco puede reemplazar la educación digital. Las escuelas siguen siendo uno de los pocos espacios capaces de enseñar cómo reconocer una manipulación, verificar información, proteger los datos personales, denunciar una agresión, pedir ayuda y comprender de qué manera los algoritmos deciden lo que aparece en una pantalla.
El límite escolar protege un tiempo y un espacio determinados. La confluencia entre la severidad de las regulaciones escolares y la capacitación pedagógica de las familias marca la transición hacia un nuevo paradigma social, donde la responsabilidad más amplia sigue correspondiendo a los Estados y a las empresas que diseñan las plataformas.
La discusión de fondo consiste en decidir si las tecnologías van a ingresar en la vida de las infancias bajo criterios pedagógicos y de protección de derechos, o si serán las empresas que compiten por su atención las que continúen definiendo cuándo deben mirar, qué deben consumir y cuánto tiempo de su vida deben permanecer conectadas.
Información de EFE REPORTAJES