En embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, aseguró en conferencia de prensa tener antecedentes de que "actores malignos" hackearon las compañías de telecomunicaciones y una empresa inmobiliaria locales, pero que el gobierno de Chile no respondió a sus requerimientos de información. Así se explicó ayer la decisión de revocar la visa de tres funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, abordó este lunes la controversia generada tras la revocación de visas a tres funcionarios del gobierno chileno, en una conferencia de prensa donde defendió la medida y la vinculó directamente a preocupaciones de seguridad nacional y a la protección de la infraestructura de telecomunicaciones.
“Es nuestra decisión soberana quién entra a nuestro país. Nadie tiene el derecho a una visa”, afirmó el diplomático, subrayando que Washington “va a proteger sus intereses de seguridad nacional”, una señal de endurecimiento del tono en un episodio que ha tensionado la relación bilateral.
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Judd expresó su “profunda decepción” por tener que referirse a temas migratorios en lugar de avanzar en áreas de cooperación económica y seguridad, pero sostuvo que la decisión responde a antecedentes compartidos previamente con autoridades chilenas.
Alertas por ciberataques
Según el embajador, semanas atrás Estados Unidos entregó información a distintas agencias del gobierno sobre incursiones en sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de “actores malignos extranjeros”.
De acuerdo con su relato, los ataques habrían afectado a múltiples compañías privadas, poniendo en riesgo datos personales y comunicaciones de usuarios. “La privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular estaban en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas”, señaló.
El diplomático añadió que un ciberataque también alcanzó a una empresa chilena de la construcción para sustraer información estratégica con fines competitivos en licitaciones. Calificó la situación como “ilegal y absolutamente peligrosa para la economía chilena”.
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En ese contexto, cuestionó la respuesta de las autoridades locales. “Compartimos esta información con el gobierno de Chile, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de alguna acción tomada para remediar la situación”, sostuvo, advirtiendo que, sin medidas, la vulnerabilidad persiste.
Infraestructura crítica y soberanía
El mensaje central de la conferencia apuntó a la necesidad de que Chile adopte mecanismos de evaluación de inversiones extranjeras en infraestructura crítica —una práctica común en economías de la OCDE, dijo— para proteger puertos, redes eléctricas y telecomunicaciones.
“Cuando un país no protege su infraestructura crítica, arriesga perder su soberanía”, afirmó, citando ejemplos regionales para ilustrar lo que describió como riesgos geopolíticos. El embajador dijo que la falta de reacción del gobierno lo ha llevado a evaluar la revisión de los programas de cooperación que mantiene bilateralmente. Dentro de ellos estaría el programa Visa Waiver, que Judd definió como relacionado con la seguridad: “Si Chile quiere seguir con la Visa Waiver, debe asegurar sus telecomunicaciones”, señaló.
En contraste, el embajador destacó el proyecto del cable submarino Humboldt —impulsado junto a Google— como un modelo de asociación público-privada que, a su juicio, fortalece la soberanía chilena al mantener participación estatal y capacidad de negociación.
Señal al nuevo gobierno
La conferencia también incluyó un mensaje político hacia la administración entrante tras las elecciones de diciembre. Judd señaló que Estados Unidos espera trabajar con el nuevo gobierno en materias de seguridad y prosperidad, prioridades que —según dijo— marcaron el resultado electoral.
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“Trabajando juntos podemos asegurarnos de que esta región (…) sea segura y próspera para todos”, concluyó.
Sus declaraciones se producen en un escenario de creciente competencia geopolítica en infraestructura digital y telecomunicaciones, donde el proyecto del cable transpacífico Chile-China —mencionado indirectamente en la controversia— se ha convertido en un punto de fricción entre Washington y Beijing, elevando el episodio de visas desde un conflicto administrativo a uno de alcance estratégico.