Según la superintendencia, a las empresas se les imputa no reducir su operación, tal y como lo establecen sus planes operacionales en marzo y abril de este año.
La Superintendencia del Medio Ambiente inició dos procedimientos sancionatorios contra ENAP y AES por no cumplir con la reducción de operación establecida en sus planes operacionales, cuyo fin es reducir las emisiones de contaminantes.
La entidad imputa a la refinería estatal tres cargos: dos leves por la falta de entrega de información de parámetros en su programa de monitoreo y superar algunos límites máximos en descargas de residuos líquidos. El tercero sería grave y es que la empresa no disminuyó en un 50% el flujo de descarga nominal de crudo (Crudo Buzios), en el Terminal Monoboya, según lo establecido en su Plan Operacional para episodios de Gestión de Episodios Críticos (GEC).
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“Esto, luego de que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso declarara GEC el 3 de abril de 2023 por malas condiciones de ventilación, y porque en la misma fecha —según lo reportado por la Seremi de Salud de esa región—, aumentaron las consultas médicas en centros asistenciales de salud asociadas a emisiones atmosféricas en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, por un lapso de 5 horas. Con todo, la empresa arriesga multas de hasta 7.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $5.240 millones”, asegura la SMA en un comunicado.
En el caso de AES Andes, según la superintendencia, la empresa no logró reducir en un 11% las emisiones generadas en el Complejo Termoeléctrico Ventanas, tal y como lo establecía su Plan Operacional 2022. La reducción habría sido de un 7,8% y esta falta sería considerada como grave, pudiendo implicar una multa de 5.000 UTA, equivalentes a $3.743 millones.
“La situación en Concón, Quintero y Puchuncaví es de especial preocupación para esta Superintendencia. Estamos trabajando de forma coordinada, tanto en los equipos internos como a nivel multisectorial, para ocuparnos de los problemas y desafíos que tiene el territorio. Para este caso en particular, revisamos toda la información disponible y la que se levantó el día en que ocurrieron los episodios y se pudo verificar que ambas empresas no cumplieron con alguna de las medidas establecidas en sus Planes Operacionales”, dijo a Forbes Marie Claude Plumer, Superintendenta del Medio Ambiente.
Plumer recalcó que no basta con que las empresas tengan los permisos ambientales para funcionar, sino que deben cumplir con los compromisos que establecen. “El cumplimiento ambiental es un imperativo y como institución continuaremos trabajando para garantizar el derecho de las personas de vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, destacó.
La superintendencia notificó este proceso a las empresas el 21 de abril y les dio 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento o con 15 días para formular sus descargos, para continuar el procedimiento sancionador.
