Las protestas contra el gobierno de Perú continúan y las autoridades investigan a la presidenta Boluarte
La región de Puno, al sur de Perú, donde un policía murió quemado por una turba después de que 17 civiles fallecieran en protestas el lunes, en los actos más violentos tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, está en toque de queda desde la noche del martes y durante tres días.
“Hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana. Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno”, declaró el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, ante el pleno del Congreso el martes.
Otárola, quien acudió al hemiciclo para el trámite de confirmación parlamentaria de su investidura, agregó que el Gobierno acordó declarar “duelo nacional laborable” para este miércoles “en respeto a los caídos” en las protestas, que en menos de un mes suman 47 personas fallecidas, el último de ellos, el policía de Puno que todavía no ha sido identificado.
Otárola mencionó, además, que el martes llegó a la región de Puno, colindante con Bolivia, una comisión “multisectorial” del Gobierno, integrada por el jefe de asesores del despacho presidencial y varios viceministros, así como media tonelada de insumos médicos y equipos de cirugía que, lamentó, no pueden ser trasladados a los centros de salud de la zona debido a las protestas.
En este sentido, el jefe del gabinete hizo un llamado a las autoridades regionales y a los manifestantes a permitir el paso de las medicinas “por cuestión humanitaria”.
Durante la presentación del primer eje de su programa de Gobierno, denominado “paz social”, Otárola lamentó la “pérdida irreparable” de los peruanos fallecidos en las protestas, que desde diciembre pasado suman 39 manifestantes muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, siete por hechos vinculados a las protestas y el policía calcinado.
“El fantasma de la violencia irracional volvió a servirse en el Perú”, declaró tras insistir en su respaldo a las fuerzas policiales.
Agregó que “el Ejecutivo responderá con firmeza para contener y anular esta resaca golpista con procedimientos establecidos en la legislación vigente”, en alusión al autogolpe fallido del exmandatario Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, tras el cual Boluarte asumió por sucesión constitucional la presidencia del país.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de “rebelión”, cargo que el exmandatario niega.
Investigan a la presidenta Boluarte
El Ministerio Público de Perú anunció, por otro lado, que abrió investigación preliminar contra la presidenta Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” cometidos durante las protestas de diciembre y enero.
Las pesquisas preliminares a cargo de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incluye también al primer ministro Otárola, a los ministros de Interior y de Defensa, y a otros dos funcionarios que estuvieron hace poco en el gabinete.
Las protestas sociales se reactivaron la semana pasada tras una pausa por las fiestas de fin de año, y se concentraron en la región de Puno con bloqueos de vías y del comercio hacia Bolivia. Desde la reanudación de las manifestaciones se habían reportado graves enfrentamientos con la policía luego de que manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad.
Líderes de las protestas en el sur dijeron que están preparados para una lucha “indefinida” contra el Gobierno, una situación que amenaza con más inestabilidad en la nación.
La Organización de las Naciones Unidas en Perú dijo el martes en un comunicado que lamentaba las muertes y exhortó a las autoridades y fuerzas de seguridad del país andino a respetar los derechos humanos ante las manifestaciones.
“Desde la ONU Perú reiteramos nuestro compromiso y disposición para apoyar al país en la mediación y generación de procesos de dialogo”, dijo el organismo.
Aunque no se registraban más disturbios, el aeropuerto de la ciudad de Juliaca permanecía cerrado el martes. Y en la región andina de Ayacucho se suspendió también la operación de su aeropuerto por medidas de seguridad, dijo el Ministerio de Transporte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado que realizará una visita a Perú del miércoles al viernes de esta semana, recorriendo Lima y otras ciudades para evaluar la situación en el país sudamericano.
Forbes Staff / Agencias