El segundo mayor productor de cobre en el mundo afronta bloqueos que paralizan operaciones mineras
Bloqueos, paralización de operaciones e incertidumbre son algunos de los sucesos que ha vivido recientemente el sector minero en el Perú, el segundo mayor productor de cobre en el mundo.
La minería, el principal contribuyente tributario del país, estaría atravesando una situación crítica, mientras a nivel local la inflación, la crisis política y la pérdida de confianza en las instituciones han generado una serie de protestas a nivel nacional en el gobierno liderado por el presidente Pedro Castillo.
De acuerdo a especialistas y analistas del sector minero consultados por Forbes Perú, la paralización de operaciones mineras por conflictos, la pérdida de competitividad del país (reflejada en el último ránking del Instituto Fraser) y la baja exploración minera marcan un panorama complicado para el Perú en los siguientes años.
LAS CIFRAS QUE DEJA LA PARALIZACIÓN DE MINAS EN EL 2022
La alta conflictividad social que está viviendo el Perú, según sugiere Marcial García, líder de Minería en EY Perú, no es un fenómeno nuevo. Pero la diferencia principal a años previos, añade, es que antes la resistencia se daba contra el desarrollo de nuevos proyectos, mientras que hoy se paralizan de manera forzada operaciones ya consolidadas. “Esto envía un pésimo mensaje a los inversionistas internacionales, pues esto se está dando con total impunidad sin que el Estado pueda poner el principio de autoridad”, señala.
Durante lo que va del año varias minas han registrado paros o bloqueos. Recientemente, la mina Cuajone, de propiedad de Southern Perú, ha reiniciado operaciones luego de más de 50 días de parálisis por protestas de comunidades de Moquegua. Estas exigían una contraprestación de US$5.000 millones y el pago fijo del 5% de utilidades netas.
Otro caso emblemático en el sector es lo que viene sucediendo Las Bambas, una mina operada por la firma china MMG y que hoy es el tercer productor de cobre más grande del país. Esta operación ha sido objeto de numerosos conflictos desde el año pasado.
El 14 de abril del 2022, las comunidades de Fuerabamba y Huancuire invadieron Las Bambas, por lo que el Gobierno decretó estado de emergencia en la zona de influencia. La mina paralizó sus operaciones desde el 20 de abril, sumando a la fecha más de 16 días sin producción. Desde que comenzó a operar, en el 2016, las comunidades aledañas han bloqueado la ruta de la mina de forma intermitente durante más de 400 días, de acuerdo con cifras de la firma.
Vale señalar que, en el Perú, existían 87 conflictos sociales asociados a la actividad minera de hasta marzo pasado. Estos eran parte de un total de 133 conflictos socioambientales y 208 sociales, según información de la Defensoría del Pueblo.
Con este escenario en los primeros cuatro meses del 2022, la producción de cobre este año crecería por debajo de lo esperado, en medio de los precios altos de los metales. Según Katherine Salazar, analista de Estudios Económicos de Scotiabank, inicialmente se estimaba un crecimiento de 8,2% en la producción cuprífera por la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Por ejemplo, Mina Justa empezó a producir desde julio del 2021 y el 2022 sería su primer año de producción completa. De otro lado, la construcción del proyecto Quellaveco terminaría a mediados del año, según estima Anglo American, compañía responsable del proyecto.
Sin embargo, Salazar recalca que “las pérdidas de Cuajone habrían restado alrededor de 0,5 puntos porcentuales en nuestras proyecciones, pero no descartamos que pudieran ser recuperadas”.
Cabe señalar que, a pesar de la paralización de Cuajone, la producción de cobre en el primer trimestre se incrementó 3%, lo que evidencia que estas caídas están siendo compensadas. “Pero de aquí en adelante va a ser crucial que las minas se mantengan operativas para llegar a los estimados“, agrega la analista de Scotiabank.
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¿ADIÓS, COMPETITIVIDAD?
La Encuesta Anual de Compañías Mineras, elaborada por el think tank canadiense Instituto Fraser, muestra el declive de la competitividad de la actividad minera en términos impositivos y regulatorios. Según la encuesta de 2021, el Perú retrocedió al puesto 42 de 84 países evaluados. Es decir, bajó 8 posiciones respecto del 2020 y 28, en comparación al 2018.
Al deterioro de la competitividad, se suma el auge de la actual conflictividad social minera, que comenzó a gestarse a inicios de la década pasada, a juicio de Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), con la paralización de los proyectos Conga de la minera Yanacocha y Tía María de Southern Copper Perú, ubicados en las regiones de en Cajamarca y Arequipa, respectivamente.
El ejecutivo atribuye la problemática a la desatención del Estado a las poblaciones en las zonas mineras con servicios básicos y a la corrupción en las instituciones públicas.
“El sector minero, durante los últimos 10 años, ha transferido para uso directo de las regiones y municipalidades S/40.000 millones (alrededor de US$10.000 millones). Sin embargo, no se han resuelto los problemas. El año pasado, de esos recursos que van por canon y regalía, solo 5% han sido utilizados para resolver problemas de salud y menos del 10% para resolver problemas de educación”, dijo Gálvez, citando datos de la SNMPE.
De su lado, Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, explica que en las comunidades aledañas a operaciones mineras existen altas expectativas no solo por la ausencia estatal, sino también por la actitud de “invitado” con las que las empresas se establecieron en los 90.
“Las compañías llegaron sobre todo en los primeros años [de los 90] con esta actitud de que ellos llegaban a una comunidad como invitados a quedarse un tiempo. Pero tú no puedes decir que eres el invitado en una comunidad si tienes 20 años de permanencia en la comunidad: ya eres miembro de la comunidad, parte del problema y una parte de la solución”, sostiene.
“Creo que esa actitud de sentirse como invitado de la comunidad con la que se inició la actividad y se mantuvo por mucho tiempo también contribuyó a esta alimentación de conflictos”.
Sin embargo, los nuevos proyectos mineros en Perú sí se contemplan como locales, dice Delgado. Esto último, explica el académico, ayudará al sector a ganar competitividad, pues alienta el cumplimiento de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, en inglés), cada vez más valorados por los inversionistas y, sobre todo, por los consumidores.
Es que, como nota el profesor, a nivel global, la minería se está transformando para alinearse a la descarbonización, generación de energía renovable y la economía circular. Los compradores son conscientes de estas tendencias.
CAMBIOS EN LA TRIBUTACIÓN MINERA EN LA AGENDA
De otro lado, la alta burocracia y la tributación en el país son otras de las principales preocupaciones de las empresas mineras en el Perú. Como se recuerda, el año pasado el entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, anunció la intención del Gobierno de hacer cambios en el esquema tributario minero, tema que ha causado más incertidumbre en el sector.
En ese sentido, Diego Ortega, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, la firma que opera Quellaveco, resaltó la necesidad de predictibilidad en el sector. De hecho, la firma británica espera, en 2022, poner en marcha Quellaveco, la primera mina digital de Anglo American en el mundo, con una inversión de US$5.500 millones. Si bien la minera tiene un plan de contingencia y una estrategia de relacionamiento con las comunidades de Moquegua que les permitiría anticiparse a conflictos sociales, Ortega señala que cambios en el esquema tributario sí afectarían los planes de la empresa en el largo plazo.
“Tenemos una extraordinaria oportunidad con cómo se está moviendo la demanda en el mundo. Hay empresas que quieren venir con estándares mundiales a desarrollar minería [en el Perú]”, señala Ortega. “Nosotros queremos lograr que Anglo American defina a Perú como su hub de cobre. Ojalá se dé esa oportunidad y podamos sacar esa tecnología hacia afuera”, señala el ejecutivo minero, tras resaltar que para futuros planes de la empresa en el país es necesario tener predictibilidad.
Así, el más reciente informe que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI), a pedido del MEF para analizar el esquema tributario minero en el Perú, determinó que la carga tributaria en el país es mayor al de otros países como Chile, el principal productor de cobre en el mundo.
Entre sus conclusiones principales, la entidad informó que el régimen fiscal vigente en el Perú “es competitivo, principalmente por el uso de gravámenes específicos basados en las utilidades”. Y si bien reconoce que existe cierto espacio moderado para elevar la presión fiscal del sector minero, es importante que el aumento ponga en riesgo la posición relativa de la carga fiscal del Perú frente a sus competidores.
PRÓXIMOS AÑOS “MUY COMPLICADOS”
La conflictividad social y una eventual reforma tributaria minera como la propuesta por el gobierno de Pedro Castillo durante su campaña electoral preocupan al sector y podrían desalentar la actividad en el corto y mediano plazo.
“Para el sector minero, los próximos años los veo muy complicados. No solamente la incertidumbre política, [sino también] todo esto nos ha llevado a que no tengamos grandes proyectos en el corto plazo”, dice el exviceministro de minas, Guillermo Shinno.
Será clave, además, lo que suceda con Quellaveco, el segundo yacimiento cuprífero más grande de Sudamérica, que cuenta con una mina ubicada entre las 15 con mayor producción de cobre a nivel global.
“Hay otras empresas mineras que están esperando a ver qué pasa con Quellaveco para invertir”, comenta Ortega.
Para el 2023, la producción minera seguirá incrementándose, ya que será el primer año de producción completa de Quellaveco y se terminaría la construcción de la segunda fase de la Ampliación de Toromocho, explica Salazar, de Scotiabank.
“Desde el 2024 hacia adelante, esperamos que la producción se mantenga, asumiendo que los conflictos mineros no perjudicarán a las minas”, explica la analista. También destaca que el precio del cobre, que llegó a niveles históricos en el 2021 y explicó el récord en la recaudación minera de tal año, se estaría ajustando a la baja por la menor demanda y mayor oferta de cobre mundial.
En tanto, García señala que en el horizonte cercano no existen otros proyectos, por lo que será complicado que se repitan los niveles de inversión que hemos visto en los últimos años. De momento, añade, “tenemos una cartera de proyectos de más de US$53.000 millones pendientes de ejecutar que, si se dan las condiciones, deberían concretarse en los próximos años”.
Y más precisamente, la exploración, que representó el 6% de las inversiones en el 2021 y es la base para el desarrollo de la industria minera en largo plazo, debería ser promovida desde ya, agrega el vocero de EY. Para ello, considera necesario que se prorrogue el régimen de recuperación definitiva del impuesto general a las ventas (IGV), creado en el 2002, prorrogado desde entonces y cuya vigencia termina a fin de año.
“Lo que busca el régimen es que el IGV que le sea devuelto a las empresas mineras [y] reinvertido en la exploración de nuevos depósitos minerales con el objetivo de que mayor número de proyectos greenfield se pongan en marcha”, comenta.
La Cartera de Exploración Minera 2022 del Minem contempla 63 proyectos, de los cuales 49 son greenfield (proyectos que se realizan sobre un área en la que no existen construcciones preexistentes) con una inversión conjunta de US$523 millones. De este grupo destacan La Zanja (US$114 millones) en Cajamarca y Las Defensas (US$69 millones) en La Libertad.
*Este artículo se hizo en colaboración Manuela Zurita.