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El fraude en el Ejército que mantiene inculpados por distintos delitos a los últimos 5 excomandantes en Jefe de Chile

El desfalco de sólo 3 de los generales inculpados supera los $ 14.300 millones

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Montaje: Rodolfo Jara, Forbes Chile.

Juegos de azar, compra de propiedades, automóviles y viajes de lujo con recursos fiscales. Así comenzó el denominado “caso Milicogate” luego que en 2015, un reportaje del medio chileno “The Clinic”, destapara diversas denuncias de presunta malversación de fondos por parte de los principales altos mandos del Ejército de Chile, que se mantiene en investigación hasta hoy y que ya lleva a 5 excomandantes en Jefe imputados por diversos delitos: Juan Emilio Cheyre (2002-2006), Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018), y por último, a Ricardo Martínez Menanteau (2018-2022).

Martínez es el último hilo de la extensa investigación a los líderes de la institución castrense que ha llevado a cabo la ministra Romy Rutherford: este 5 de abril fue procesado por viajes ocurridos en 2011,2012 y 2016 por fraude al fisco por $ 44.871.911 , siendo arrestado y con prohibición de salir del país.

Rutherford además ordenó el embargo de bienes por $ 50 millones.

El abogado defensor del general Martínez, Juan Carlos Martínez, dijo a través de un comunicado que “hay hechos antiguos, interpretados erróneamente y donde se estira la aplicación de la ley de forma muy artificiosa para hacerlos parecer delictivos, cuando no lo son”. Así, el defensor buscará la libertad bajo fianza por falta de méritos ante la Corte Marcial.

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Del caso Riggs al Milicogate

El “boinazo” de 1993, año en que unidades militares se desplegaron en Santiago para impedir la investigación del caso “Pinocheques” -hechos de corrupción que involucraron al dictador Augusto Pinochet y su primogénito, Augusto Pinochet Hiriart-, fue la demostración más elocuente del carácter de los primeros años de transición en Chile.

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“La corrupción es herencia directa de la dictadura (…) Hay antecedentes de fuerza y modificaciones legales para que estos casos de corrupción pudiesen llevarse a cabo”, afirmó a EFE el periodista de investigación Javier Rebolledo, autor de numerosas publicaciones sobre el Ejército y violaciones a los derechos humanos.

“Existe una estructura legal que no se tocó en los gobiernos de la Concertación, que permitieron el fraude dentro del Ejército, medidas de presión frente a eventuales investigaciones y un manto de impunidad que llevó a que comandantes jefe, sin la necesidad de engañar prácticamente a nadie, pudieran entregarle remesas de dinero a Pinochet en medio de la democracia, como también comprar automóviles de lujo, propiedades, etc”, agregó.

Según investigadores y exoficiales contactados por EFE, la corrupción protagonizada por el Alto Mando es un lastre de la dictadura, que blindó con un “manto de impunidad” una institución que apenas ha sufrido grandes cambios en su formación y mecanismos de control civil desde que se recuperó la democracia.

Además de causas por crímenes de lesa humanidad, Pinochet fue vinculado a diversos casos de fraude con los que engrosó su patrimonio personal. Uno de los más conocidos es el “Caso Riggs“, que relaciona 125 cuentas personales y de sus colabores en un banco estadounidense bajo nombres y documentación falsa, y que les habría permitido apropiarse de unos US$ 18 millones.

Desde entonces, todos los jefes del Ejército chileno se han visto sacudidos por una explosión de corrupción desvelada en 2015, tras detectarse fraude y desviación de fondos obtenidos a través de la Ley Reservada del Cobre, un derogado cuerpo legal que destinaba gruesas sumas de la exportación del metal rojo hacia las Fuerzas Armadas, sin necesidad de rendir cuentas.

Óscar Izurieta fue detenido y tuvo que pagar una fianza para salir en libertad tras ser investigado por el gasto de $ 6.000 millones (pesos chilenos).

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Juan Miguel Fuente-Alba fue procesado por fraude al fisco equivalente a $ 3.500 millones (pesos chilenos), desfalco de fondos que habría utilizado para comprar múltiples propiedades y vehículos, financiar viajes y fiestas.

Oviedo también fue detenido y procesado por la presunta malversación de $ 4.500 millones (pesos chilenos), en una investigación todavía en curso.

El excapitán del Ejército Rafael Harvey, uno de los principales denunciantes de la corrupción en las Fuerzas Armadas, resalta la necesidad de realizar cambios de fondo en su estructura, poniendo el foco en la justicia militar y la necesidad de una “obediencia reflexiva”.

“Muchos creen que cuando uno habla de corrupción solo habla de dinero. La corrupción es mucho más que eso, tiene que ver con abusos e impunidad”, señaló a EFE el oficial, procesado por sedición tras denunciar a sus superiores.

“No hay dónde denunciar a un general porque quien investiga tiene rango menor, si hace algo está liquidado”, agregó el también abogado.

A juicio de Harvey, la Justicia Militar es uno de los factores que perpetúan la impunidad, sumado a la conservación del grado y beneficios a los procesados, la nula formación en derechos humanos y la “obediencia absoluta”.

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“Hay que eliminar la justicia militar, definir qué es seguridad nacional y formar en derechos humanos, llevar la obediencia reflexiva al máximo nivel constitucional y que haya sanciones para condenados por crímenes de lesa humanidad y corrupción”, enfatizó.

“Seguiremos siendo testigos de fraude, malversaciones, de robo, no va a parar si siguen con la condición de excomandante en jefe, invitados a las ceremonias, sin una condena social ni institucional”, concluyó.

Forbes Staff/EFE.

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