Hasta el 14 de abril ambos países presentarán sus defensas en la Corte Internacional
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) comienza este viernes un juicio de 14 días entre Chile y Bolivia por sus diferencias respecto al río Silala, un curso de agua dulce que nace en el Potosí, traspasa la frontera y amarga las relaciones entre ambos países.
El caudal es relativamente pequeño, pero su localización en la zona más árida del planeta, el Desierto de Atacama, le da una importancia geoestratégica cuyo uso y estatus será discutido en el principal órgano judicial de Naciones Unidas.
En esa línea, durante la mañana del 1 de abril, el Presidente Gabriel Boric se reunió con la canciller Antonia Urrejola, quien posteriormente dijo que “para nosotros este es un proceso de larga data y esperamos que se resuelva prontamente, porque no queremos sentar nuestras relaciones con Bolivia en un caso ante la haya, sino más bien todo lo contrario. El objetivo del gobierno es iniciar una agenda proactiva”.
Las delegaciones de ambos países expondrán sus posiciones ante los jueces entre el 1 y el 6 de abril y entre el 11 y 14 de abril. Entre 7 y el 8 de abril, expertos convocados por ambos países darán argumentos técnicos que podrán ser rebatidos por los abogados de la otra parte, algo poco habitual en los juicios de la CIJ.
No es la primera vez ambos países se enfrentan en la CIJ. En 2018, el alto tribunal de la ONU falló a favor de Chile y determinó que este país no está obligado a negociar con Bolivia una salida al mar Pacífico, una reclamación histórica de La Paz.
Casi cuatro años después, existe una mayor cercanía ideológica entre ambas capitales gracias a la llegada del progresista Gabriel Boric a la presidencia de Chile y la victoria del MAS (Movimiento al Socialismo) en las últimas elecciones de Bolivia.
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El río en cuestión
En marzo de 2016 el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, avisó de que su país acudiría al tribunal de La Haya porque el país vecino les estaba “robando” las aguas del Silala. No obstante, Chile se adelantó y el gobierno de Michelle Bachelet demandó a La Paz en junio de 2016.
“Desde el punto de vista político y jurídico, Chile hizo un movimiento inteligente porque consiguió enmarcar la disputa y decidir en qué se debería centrar la CIJ”, explicó a EFE el miembro fundador de la Academia Internacional de Derecho del Agua, Otto Spijkers.
En su solicitud, Santiago le pidió al tribunal que le otorgue al Silala la denominación de “río internacional”, que le permita seguir utilizando el caudal de agua que disfruta a día de hoy y que declare que Bolivia debe proporcionar a Chile notificaciones sobre acciones que puedan afectar los recursos hídricos compartidos.
Bolivia, tras responder por escrito a los argumentos legales de Chile, presentó tres contrademandas en agosto de 2018. En ellas, pidió que la CIJ le otorgue “la soberanía sobre los canales artificiales y mecanismo de drenaje del Silala que se encuentran en su territorio” y que Santiago le pague “una compensación” por el uso de las aguas.
Uno de los argumentos de La Paz es que los manantiales que originan el caudal habrían sido canalizados hacia la frontera por una empresa chilena de ferrocarriles, Bolivian Antofagasta Railway, a principios del siglo XX.
Chile rechaza tajantemente esta versión, pues asegura que las aguas fluyen hacia su territorio por la pendiente del terreno y argumenta que las citadas obras se hicieron con permiso del Gobierno boliviano para evitar la contaminación del Silala.
Esta no es la primera vez que Bolivia exige una compensación económica a Chile por este asunto. En 2009, un preacuerdo entre ambos países estableció el uso del Silala al 50 % entre Bolivia y Chile sin ningún pago, salvo si alguna de las partes quisiera usar más de la mitad que le correspondía.
Desde Bolivia se interpretó que esto supondría cobrarle a Chile unos US$ 5 millones anuales, extremo negado con rotundidad por este último. Y más allá de la confusión, el pacto no llegó a buen puerto porque las fuerzas políticas de la oposición boliviana llevaron al Gobierno a suspender la ratificación del preacuerdo.
Primera jornada de alegatos
Así, la representante de Chile en La Haya, la abogada Ximena Fuentes -quien anteriormente representó a Chile frente al organismo internacional contra Perú- dijo que frente a la postura de Morales previo al litigio, “Cuando la conversación llega a ese nivel, no hay mucho más que conversar porque Bolivia entonces dice esta “esa agua es mía y cualquier gota de agua que a usted le llegue, me la tiene que pagar”. No había mucho que hacer ahí más que venir a la CIJ”, explicó Fuentes.
El detonante del litigio fue un discurso del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, que tres meses antes dijo que acudiría al tribunal internacional para acusar a Chile de “robar” las aguas del Silala.
Bolivia asegura que el Silala no es un río internacional, sino un manantial que se alimenta de aguas subterráneas. Según esta versión, el flujo se desvió artificialmente hacia la frontera gracias a unas canalizaciones hechas a principios del siglo XX por una empresa chilena, permitiendo a este país abastecerse de agua en Antofagasta, una de las regiones de la zona norte chilena más áridas del planeta.
La representante de Santiago ante el tribunal aseguró que esas obras no provocaron ningún desvío, sino que se construyeron unas acequias porque las autoridades sanitarias de la región de Antofagasta detectaron un problema de contaminación en el origen de las aguas.
“Encontramos que había mucha vegetación arriba en las nacientes, en territorio boliviano”, por lo que las autoridades chilenas propusieron y construyeron unas acequias que permitieron “mantener la vegetación a raya”, explicó Fuentes.
Para la representante chilena, la teoría boliviana “ha evolucionado” porque Bolivia ha aceptado durante la fase de alegatos escritos “que el río fluye naturalmente a Chile”, pero “les adjudican a las acequias el efecto de haber producido un flujo artificial”.
“La teoría es que la acequia hace que haya un poquito más de agua en la superficie. Perfecto, pero cualquier agua adicional en la superficie es agua que se le resta al agua subterránea, y tanto el agua subterránea como el agua de superficie vienen a Chile. Entonces nosotros decimos, ¿de qué estamos hablando?”, se preguntó Fuentes durante los alegatos.
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Chile mantiene que, a lo largo del siglo XX, Bolivia nunca reclamó las aguas del Silala y aceptó que se trataba de un río internacional. Como prueba, Fuentes señala un mapa anexo al Tratado de Paz y Amistad de 1904, que puso fin a la Guerra del Pacífico de 1879 que enfrentó a ambos países.
En ese mapa “aparece el río Silala” y “Bolivia reconoce que es un río internacional” porque el documento cartográfico está firmado “por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile y por el ministro de Exteriores de Bolivia”.
“La primera queja, la primera nota que Bolivia dice que estas aguas son enteramente bolivianas, es del año 1999, cien años después. Es difícil borrar cien años de conducta de Bolivia aceptando que esto es un río internacional”, concluyó Fuentes.
“La conversación con estos dos gobiernos debería ser más fluida y de Chile ya está la manifestación de voluntad, de parte del presidente Boric, a conversar muchos temas y a cooperar en muchos temas. Ojalá que con este con este caso, una vez que terminen los alegatos, también pueda ser el inicio de una muy buena cooperación en materia de recursos hídricos compartidos”, añadió la experta internacional.
Efectos en juicios internacionales sobre cursos de agua
Para Spijkers, lo que el alto tribunal de la ONU decida sobre el Silala trascenderá las fronteras de Chile y Bolivia, pues establecerá jurisprudencia para casos similares.
Los tratados internacionales sobre aguas internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre Cursos de Agua para Fines Distintos de la Navegación, “no son muy populares, pocos Estados los han ratificado”, indicó Spijkers.
En la actualidad, la mayoría de diferencias entre países al respecto se resuelven en base al derecho internacional consuetudinario, es decir, en normas que no han sido reflejadas en un tratado.
La decisión de la CIJ establecerá cómo se aplican “las leyes internacionales sobre aguas para los próximos 10 o 20 años”, indicó el fundador de la Academia Internacional de Derecho del Agua.
Forbes Staff/EFE.
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