El pasado 8 de mayo, se despachó a tercer trámite constitucional el Proyecto de Ley Sobre Protección de los Datos Personales (“PDL”). En el transcurso de los últimos meses el proceso ha tenido importantes avances, por lo que se espera que durante el 2023 Chile cuente con una normativa en la materia que se adecue al estándar internacional. Lo anterior, otorgará mayores garantías a los titulares de los datos y nuevas obligaciones a los responsables del tratamiento. 



Bajo este contexto, es relevante preguntarse cuáles serán los cambios que enfrentarán las diferentes industrias comerciales y cómo afectará a sus respectivos negocios.



En primer lugar, el PDL establece ciertos principios que regulan y condicionan el tratamiento de los datos personales. El objetivo principal es poder orientar a los responsables sobre la forma de cumplir con la normativa. En este sentido, se debe considerar para un correcto tratamiento: la licitud, las finalidades, la proporcionalidad, la calidad de los datos, la responsabilidad de quienes están a cargo de custodiar la base de datos, la seguridad, la transparencia e información y por último la confidencialidad.



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En la misma línea, el PDL establece nuevas obligaciones para el responsable, como el deber de información y transparencia, la confidencialidad y secreto sobre los datos personales, el deber de protección desde el diseño y por defecto de los diferentes productos o servicios y la adopción de medidas de seguridad que resguarden la integridad de la información. Todas ellas, toman un rol clave dentro del diseño de los procesos internos.



Por último, se deberán notificar las brechas de seguridad a la futura Agencia de Protección de Datos Personales lo cual obligará a las diferentes entidades a generar protocolos o políticas que definan el flujo de comunicación con la autoridad.



Para cumplir con lo anterior, es fundamental adoptar un modelo de prevención de infracciones que, si bien no es obligatorio, proporcionará las herramientas necesarias para reconocer brechas, adoptar controles que mitiguen riesgos en este sentido y atenuar responsabilidades.



Finalmente, la normativa es positiva porque no desincentiva la economía de datos o la libre circulación de información -que es sumamente importante en la actualidad- sino que busca establecer un marco jurídico de protección para las personas naturales, quienes tienen derecho a la autodeterminación informativa respecto de sus datos, es decir, aquel derecho derivado del de privacidad que permite a los titulares ejercer control sobre su información cuando es tratada por un tercero.&nbsp; En este mismo sentido, el PDL entrega a las personas nuevos derechos y formas de ejercerlos.



Sin duda, la promulgación de la ley conlleva nuevos desafíos para todo el sector empresarial, pues recordemos que el uso de información personal es transversal a la economía digital. 



*La autora es abogada del Grupo Compliance/Tech de Albagli Zaliasnik (az)



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