Octubre es el mes de la ciberseguridad en nuestro país, por tanto, el tema obligado es visibilizar los avances y desafíos que enfrentamos en estas materias, todos los días. A raíz de ello, el Ejecutivo informó que en noviembre ingresará nuevas indicaciones al Proyecto de Ley que “Regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, en sus distintos ámbitos de aplicación”, con el objetivo de armonizar la iniciativa y avanzar en su discusión.&nbsp;



Para mayor contexto, es ampliamente reconocido que las tecnologías avanzan de manera constante y, en muchas ocasiones, de formas impredecibles. En este escenario, el fomento de la inversión en estos sistemas se convierte en un factor crucial para el desarrollo y crecimiento del país. De hecho, Chile se encuentra en una posición destacada a nivel regional, lo que le permite aspirar a convertirse en un referente latinoamericano en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial (IA).



Sin embargo, no podemos pasar por alto la falta de experiencia normativa que Chile tiene en cuestiones tecnológicas. En otras palabras, la discusión de proyectos de ley que se encuentran estrechamente vinculados con la IA, como son el de protección de datos personales y ciberseguridad, siguen su cruzada por convertirse en ley. Por lo tanto, persistir en la propuesta de cambios legislativos cuando aún no hemos logrado establecer las bases necesarias para un desarrollo tecnológico seguro, podría ser contraproducente.&nbsp;



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Recordemos que Europa desde el 2018 cuenta con una legislación robusta en materia de protección de datos y autoridades de control que han sido capaces de emitir lineamientos en el tratamiento y uso de la información, lo que entrega certeza jurídica a las organizaciones y ciudadanía. Esto justifica su discusión sobre la regulación en IA, ya que habían trazado un camino a seguir.



No obstante, en nuestro país, la falta de comprensión de la interconexión de estos diversos temas y la prisa por liderar en estos asuntos pueden generar confusión entre los legisladores. Esto, a su vez, podría resultar en la proposición de múltiples &#8220;soluciones&#8221; y una regulación excesiva que conduce a la incertidumbre jurídica, además de la superposición de la fiscalización de estos temas por parte de diversas autoridades de control.&nbsp;



En este sentido, seguir dilatando la discusión de proyectos normativos que llevan años durmiendo en el Senado y proponer nuevas iniciativas que creen autoridades de control adicionales con diferentes intereses y áreas de fiscalización solo contribuiría a desacelerar la inversión tanto nacional como extranjera.



Por último, es fundamental invertir en la capacitación de profesionales y nuevos talentos, ya que esto desempeñará un papel crucial en la implementación efectiva de las obligaciones que se impongan a las empresas. Sin un entendimiento práctico de los estándares a cumplir, la legislación se volverá letra muerta y podríamos enfrentar infracciones desproporcionadas por parte de las nuevas autoridades.



*La autora es asociada del Grupo Compliance Tech de Albagli Zaliasnik (az)



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Digital security concept

¿Cuáles son los principales desafíos de la regulación tecnológica en Chile?

El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció este lunes la creación de una comisión formada por seis expertos que investigarán los convenios entre fundaciones y el Estado y propondrá nuevos mecanismos de &#8220;probidad e integridad&#8221; para evitar&nbsp;prácticas corruptas entre administraciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.



“Esta no es una comisión para la foto, no es una comisión cuyo informe y recomendaciones –que nos entregarán en un plazo de 45 días– vayan a quedar guardados en un cajón llenándose de polvo”, dijo el mandatario, que recalcó que la instancia tendrá un carácter &#8220;técnico y transversal&#8221; y que trabajará &#8220;ad honorem&#8220;.



La decisión se tomó después de que salieran a la luz presuntas prácticas corruptas en una fundación ligada a uno de los partidos de la coalición gubernamental, Revolución Democrática (RD), un caso que ha golpeado fuertemente al Ejecutivo, tal y como reconoció el domingo su portavoz, la ministra Camila Vallejo.



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A la cabeza del nuevo órgano de expertos estará la directora de la ONG Chile Transparente, María Jaraquemada, abogada de la Universidad Católica, &#8220;con 17 años de experiencia profesional ligada a las políticas públicas, anticorrupción, transparencia, gobierno abierto y fortalecimiento democrático”, indicó Boric. La abogada Valeria Lübbert será la secretaria ejecutiva.



Otros de los integrantes serán el excontralor general de la República (2007-2015) Ramiro Mendoza; el director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Irarrázaval; el abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Chile Francisco Agüero; la economista e ingeniera comercial Jeannette von Wolfersdorff, quien presidió la Comisión Asesora Ministerial para el gasto público entre 2020 y 2021.



Además de proponer mecanismos para mejorar la &#8220;eficacia y transparencia&#8221; entre fundaciones y administración pública, la comisión revisará los procedimientos de control y rendición de cuentas, generará propuestas para prevenir los conflictos de interés y propondrá sanciones por si las instituciones no utilizan los fondos estatales en los proyectos para los cuales fueron asignados, señala el comunicado difundido por Presidencia.



El Gobierno también informó que investigará todas las relaciones que fundaciones privadas han tenido con el Ejecutivo central desde los últimos cinco años, lo que incluye la anterior legislatura, encabezada por el conservador Sebastián Piñera (2018-2022).



El origen del llamado &#8220;caso fundaciones&#8221; se remonta a los millonarios convenios suscritos entre la delegación regional del Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva, vinculada a militantes de RD, uno de los partidos más importantes de la coalición de izquierda Frente Amplio, a la que pertenece Boric y en la que también milita el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con quien el mandatario mantiene un estrecho vínculo.



El presidente sustituyó a la subsecretaria de Vivienda que autorizó los polémicos convenios, pero las presiones de la oposición para destituir al ministro de Vivienda, el socialista Carlos Montes, no cesan.



Tras estallar el caso, hace quince días, se fueron conociendo otros convenios del mismo ministerio con fundaciones de otras regiones del país que también han sido cuestionados.



En el centro del debate hay ahora varias propuestas para fiscalizar las instituciones sin fines de lucro, cuyas regulaciones son débiles y acusan falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. 



EFE



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Gobierno chileno crea una comisión para investigar convenios entre el Estado y fundaciones

El presidente de Chile, Gabriel Boric, encabezó este lunes la firma del &#8220;Acuerdo Portuario por Valparaíso&#8221;, un proyecto que apunta a expandir la capacidad portuaria de uno de los centros neurálgicos del comercio exterior del país suramericano.



&#8220;Necesitamos que Valparaíso avance en su expansión y modernización, por eso este acuerdo que me entregan hoy es una gran noticia, porque si queremos avanzar en un desarrollo más justo e inclusivo necesitamos más y mejore puertos, y Valparaíso para ello es esencial&#8221;, afirmó el mandatario desde el litoral central, 122 kilómetros al noroeste de Santiago.



Durante los últimos años, el puerto de Valparaíso, de reconocida ubicación estratégica en el sur del Océano Pacífico, ha sido objeto de numerosos programas de modernización, incorporando a sus actividades tecnología que mejora su eficiencia y reduce la generación de residuos.



&#8220;Este acuerdo va en la línea correcta, se aúnan esfuerzos para potenciar el desarrollo de la capacidad portuaria de la ciudad, y creo que lo más importante es que conjuga las identidades múltiples de Valparaíso, y está pensado de manera multidimensional, no solo desde la perspectiva económica, que es importante pero no es la única&#8221;, enfatizó el jefe de Estado chileno.



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Conectado con el resto del país a través de una sólida red de carreteras y algunas líneas de ferrocarril, el puerto de Valparaíso es un nodo económico para todo Chile, surtiendo de importaciones a gran parte de la población de la zona centro sur.



En particular, el acuerdo alcanzado por Empresa Portuaria de Valparaíso, la municipalidad y el Gobierno regional trazó un marco general para orientar la expansión, visada en términos generales por diversos actores del territorio.



La iniciativa, señalaron desde el Gobierno central, &#8220;significa la posibilidad de abrir un camino de reactivación económica local en términos estratégicos&#8221;.



&#8220;Valparaíso necesita volver a mirar su futuro con optimismo. La posibilidad de combinar el desarrollo de la infraestructura portuaria con la generación de un ingreso permanente y sustantivo para la ciudad, que se convierta en un recurso habilitador de su desarrollo integral, es un paso decisivo para ello&#8221;, apuntaron desde el Ejecutivo.



Con información de EFE



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Empresa Portuaria de Valparaíso firma con Gobierno regional y municipalidad acuerdo para expandir y modernizar su puerto

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