El Sistema de Compensación de Emisiones, lanzado en 2023, abrió la posibilidad a las empresas de compensar emisiones de fuentes gravadas con e lmpuesto Verde, a través de la presentación de certificados de reducción de emisiones.
Chile compensó 4,4 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), su mayor contaminante, en 2024 gracias a diez nuevos proyectos de generación de energías renovables o de gestión de residuos financiados por el Impuesto Verde, que pagan las empresas emisoras, según informaron las autoridades.
Las iniciativas, impulsadas por el Sistema de Compensación de Emisiones (SCE) que el Gobierno de Chile lanzó en 2023, lograron compensar cerca del 25% de las 18 millones de toneladas de emisión cuantificadas durante el año, anunció este jueves la superintendenta de Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.
“Los resultados dan cuenta de la consolidación de este instrumento, que complementa otras medidas para intentar mitigar los impactos ambientales de la actividad humana”, celebró el Subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, sobre el sistema, que permite movilizar financiamiento de quienes contaminan hacia la carbono neutralidad.
El SCE abre la posibilidad a que las empresas compensen emisiones de fuentes gravadas con el Impuesto Verde, implementado en 2017, mediante la presentación de certificados de reducción de emisiones del mismo contaminante.
De los 225 establecimientos que debieron reportar sus actividades a la Superintendencia del Medio Ambiente en 2024, 102 quedaron incluidas en el pago del tributo verde, que se aplica a compañías que emitan 25.000 o más toneladas anuales de CO2, o 100 o más toneladas anuales del material particulado (MP), una mezcla de partículas que contamina el aire.
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Entre los establecimientos que se adhirieron al SCE con el objetivo de contribuir a proyectos sostenibles, destacan la Mina 0, de la empresa Minera Escondida; la Central a Gas Kelar, de la energética Kelar, y la maderera Eagon Lautaro, que lograron compensar el 100% de emisiones.
También se unieron a la iniciativa complejos de las energéticas Engie Energía Chile (97%), Guacolda Energía (95%), Enel Generación Chile (60%), Colbún (22%) y Generadora Metropolitana (17%).
Sus contribuciones se destinaron a proyectos como los parques eólicos Cabo Leones y El Arrayán, en las localidades norteñas de Atacama y Coquimbo, respectivamente, o las plantas Loma Los Coloras y Santa Marta, en la Región Metropolitana, que convierten gas metano en electricidad limpia.
Convencido de que “es posible desacoplar el crecimiento del impacto ambiental”, el Ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que estos son ejemplos de cómo “la lucha contra la crisis climática también se debe dar desde el interior de las empresas, desarrollando iniciativas verdes”.
En paralelo al despliegue del SCE, Proaño explicó que “se están generando todos los procedimientos y mecanismos necesarios para que el sistema pueda funcionar de manera autónoma en 2027”.
El SCE de Chile, que fue el primer país suramericano en gravar las emisiones de CO2, está inspirado en mecanismos similares implementados en estados como el de California (EE.UU.) o países como México, Sudáfrica y Colombia.
Con información de EFE
