El futuro de Dominga queda ahora sujeto a una decisión política del Consejo de Ministros

La Corte Suprema de Chile rechazó el miércoles acoger demandas de comunidades y ambientalistas contra el polémico proyecto minero de hierro y cobre Dominga y su futuro depende ahora de la decisión de un comité de ministros del presidente Gabriel Boric, quien ha mostrado su oposición a la iniciativa.

La Tercera Sala del máximo tribunal desestimó la acción contra la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta favorable al proyecto que se emplazaría en el norte del país, al estimar que aún quedan instancias pendientes en la causa.

El proyecto minero busca instalarse en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, zona que alberga el 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt. Por tal motivo, desde organizaciones sociales y científicas han llamado a rechazar la iniciativa, pues consideran que el daño medioambiental que se generará será irreversible.

“Esta Corte debe desechar los arbitrios deducidos, toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte”, dijo el Poder Judicial en un comunicado. La decisión de la corte “deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa”.

Decisión política

El futuro de Dominga queda ahora sujeto a una decisión política del Consejo de Ministros —integrado por los ministros de Minería, Agricultura, Energía, Economía, Salud y presidido por la cartera de Medio Ambiente—, que no forma parte del servicio de evaluación ambiental pero tiene potestad para conocer y revisar resoluciones ambientales, entre otras facultades.

El presidente Boric ha sido un abierto opositor al proyecto y tras su victoria electoral el año pasado dijo que se opondrá a iniciativas mineras que “destruyan” el país, como Dominga.

Sin embargo, previendo una decisión como la conocida hoy, hace varias semanas dijo en una entrevista radial que si el asunto llegaba al Consejo de Ministros había que ser “cuidadoso” con el tema y “tomar la decisión que corresponda”.

“Yo manifesté una posición clara. No corresponde hoy día profundizar en aquello porque eventualmente el proyecto puede llegar al Consejo de Ministros y ahí hay que ser cuidadoso para tomar la decisión que corresponda, pero nosotros queremos desarrollo sustentable y sostenible con el medioambiente”, dijo Boric a la Radio Guayacán de Coquimbo.

Dominga considera la construcción de dos minas a rajo abierto para la extracción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150.00 toneladas de concentrado de cobre, en un periodo que contempla 22 años de funcionamiento a partir del inicio de las obras.

En términos económicos, el proyecto considera una inversión de US$ 2.500 millones y busca generar 10.000 empleos en la región.

Un proyecto polémico

Sin embargo, su desarrollo ha sido autorizado y paralizado en múltiples ocasiones, y la iniciativa casi le cuesta un juicio político al entonces presidente Sebastián Piñera, derivado de revelaciones de los Pandora Papers.

En octubre del año pasado la investigación periodística internacional Pandora Papers reveló que la familia Piñera, que tenía una participación mayoritaria en Dominga, la vendió en 2010 a un amigo del entonces Presidente, el empresario Carlos Alberto Délano —condenado por delitos tributarios en 2018— por US$ 14 millones y en Chile y por US$ 138 millones adicionales en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

En el contrato se establecía que el pago de una tercera cuota por la compra estaba condicionado a que el lugar en donde se instalaría la minera no fuese declarado como zona de exclusión, parque o reserva nacional —lo cual hubiese impedido el desarrollo del proyecto—, decisión que quedaba en manos del presidente Piñera, quien había asumido la presidencia por primera vez ese mismo año.

El lugar nunca fue declarado zona de exclusión y la minera quedó estancada en pleitos judiciales hasta que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto en agosto pasado.

El único funcionario que votó en contra del proyecto en la Comisión, el delegado presidencial regional de Coquimbo, Pablo Herman, fue posteriormente removido de su cargo por Piñera.

Andes Iron, dueña del proyecto, dijo en un comunicado que espera que el proyecto pueda avanzar pues cada vez que ha sido sometido a instancias de evaluación técnica ha recibido pronunciamientos favorables.

“Las autoridades técnicas y la comunidad nos han entregado su respaldo y esperamos que quienes se han opuesto a este proyecto tengan la altura de miras para aceptar que en este caso su postura no tiene fundamentos”, dijo Francisco Villalón, gerente de asuntos corporativos de la firma.

Por su parte, Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Oceana, una de las que recurrió al entonces Comité de Ministros, que ya rechazó el proyecto en 2017, dijo a la radio BioBio que “esperamos y confiamos en que el Comité de Ministros lo volverá a rechazar”.

FORBES STAFF / REUTERS