¿Qué pasa si mañana un atentado se planifica con un modelo abierto, sin censura, descargado en veinte minutos? ¿Quién responde: el proveedor extranjero, el desarrollador, el proveedor de internet, ¿o el Estado por no regular a tiempo? Hoy la respuesta es nadie, y esa laguna hay que cerrarla antes de que un incidente grave obligue a legislar de urgencia y mal.

En menos de un año, todo gobierno serio deberá decidir qué modelos de inteligencia artificial pueden operar dentro de sus fronteras. El que llegue tarde no pierde una discusión regulatoria: pierde soberanía digital. Es la trayectoria que ya trazaron la Unión Europea con su AI Act, vigente desde agosto de 2026, Estados Unidos con sus órdenes ejecutivas de seguridad y China con su marco de control estatal. Chile, hasta hoy, no tiene posición.

Tres hechos recientes deberían encender las alarmas. Primero, la IA de modelos abiertos ya está al alcance de cualquiera, sin filtros. Hace días circuló en abierto un modelo de gran escala, y en horas aparecieron versiones “sin censura”, descargables gratis, que corren en un computador cualquiera. Un adolescente puede preguntarle cómo fabricar un explosivo o vulnerar infraestructura crítica, y el modelo responde.

Segundo, ya no sabemos con certeza de dónde vienen los modelos más avanzados y potentes. A fines de agosto apareció en una plataforma abierta un modelo anónimo y gratuito, con capacidades equivalentes a los mejores sistemas comerciales del mundo, sin trazabilidad de su origen. El punto no es de qué país viene, sino que sistemas de altísima capacidad circulan sin dueño identificable ni responsable.

Tercero, la ventana es corta. En los próximos doce meses las potencias exigirán a sus socios comerciales estándares equivalentes a los propios. El país sin marco de gobernanza quedará clasificado como jurisdicción de riesgo, lo que impacta el riesgo país de Chile —hoy el más bajo de la región— porque los inversionistas ya incorporan la madurez regulatoria en IA como factor de riesgo soberano.

En este escenario, debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿qué pasa si mañana un atentado se planifica con un modelo abierto, sin censura, descargado en veinte minutos? ¿Quién responde: el proveedor extranjero, el desarrollador, el proveedor de internet, ¿o el Estado por no regular a tiempo? Hoy la respuesta es nadie, y esa laguna hay que cerrarla antes de que un incidente grave obligue a legislar de urgencia y mal.

Chile necesita una arquitectura de gobernanza sobre tres capas no negociables. Datos: origen, calidad y consentimiento de la información con que se entrenan y operan los sistemas de IA en el país. Modelos: registro obligatorio y evaluaciones de seguridad para los desplegados en sectores críticos —infraestructura, banca, salud, defensa, elecciones— con trazabilidad de qué modelo tomó qué decisión. Agentes: los sistemas autónomos que ya ejecutan acciones reales sobre sistemas reales, la capa más subestimada, que exige autorización previa, auditoría continua y capacidad de reversión.

Regular sin distinguir estas capas es legislar a ciegas. No regular es entregar la soberanía digital por omisión.

Pero discutir durante años tampoco es una opción. Chile debiera convocar en los próximos 30 días una mesa de seguridad nacional sobre IA; contar en 90 días con un marco preliminar de gobernanza; avanzar durante los siguientes seis meses hacia responsabilidades claras para quienes integran y operan estos sistemas en sectores críticos; y proponerse, en un año, contar con una arquitectura efectiva de gobernanza.

La alternativa es esperar el primer incidente grave para reaccionar. Y en inteligencia artificial, cuando se reacciona, ya es tarde.

Sobre el autor: 

Aaron Cassorla es CEO de Omnix

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