La conversación suele concentrarse en cuánto debe fiscalizar el Estado para enfrentar el contrabando, el tráfico ilícito y la evasión. Es una preocupación legítima y necesaria.  Pero existe otra pregunta que deberíamos abordar con la misma seriedad: ¿cómo lograr que el ejercicio de las facultades de control sea eficaz y, al mismo tiempo, eficiente para quienes cumplen con sus obligaciones?

En comercio exterior hay costos que conocemos, calculamos y presupuestamos antes de que una operación comience: transporte, seguros, derechos e impuestos, tarifas portuarias y otros gastos directamente asociados a la movilización de las mercancías.

Pero existen otros costos que son más difíciles de identificar anticipadamente.

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Una operación que requiere antecedentes adicionales. Un procedimiento que demanda nuevas gestiones. Información que debe ser nuevamente proporcionada a otra dependencia. Una decisión que toma más tiempo del previsto.

Ninguno de estos factores constituye necesariamente, por sí mismo, un costo determinado. Sin embargo, todos pueden demandar recursos adicionales, modificar decisiones previamente adoptadas y afectar la planificación de una operación de comercio exterior.

Ese impacto económico suele quedar fuera de la primera estimación.

Y es, probablemente, uno de los aspectos menos discutidos cuando hablamos de Aduanas.

La conversación suele concentrarse en cuánto debe fiscalizar el Estado para enfrentar el contrabando, el tráfico ilícito y la evasión. Es una preocupación legítima y necesaria. 

Pero existe otra pregunta que deberíamos abordar con la misma seriedad: ¿cómo lograr que el ejercicio de las facultades de control sea eficaz y, al mismo tiempo, eficiente para quienes cumplen con sus obligaciones?

La respuesta no es fiscalizar menos. Es fiscalizar mejor.

Una Aduana moderna debe ser capaz de diferenciar entre una operación de alto riesgo y aquella realizada por un operador que mantiene un comportamiento consistente de cumplimiento. Para ello, la gestión de riesgos debe ocupar un lugar central, utilizando adecuadamente la información disponible y concentrando los recursos humanos y tecnológicos donde efectivamente existe un riesgo que justifica una intervención.

Esto exige algo más que acumular datos. Se necesitan sistemas capaces de analizarlos, cruzarlos y convertirlos en decisiones. La transformación digital adquiere verdadero sentido cuando permite mejorar la trazabilidad, facilitar el análisis y evitar que los operadores deban entregar reiteradamente información que ya se encuentra disponible para el Estado.

Pero la tecnología, por sí sola, no resuelve los desafíos de gestión. También es necesario fortalecer el conocimiento especializado dentro de Aduanas, mejorar la coordinación con otros organismos y avanzar hacia criterios administrativos suficientemente claros y consistentes.

Esto resulta especialmente relevante en materias que requieren un alto nivel de conocimiento técnico. La clasificación arancelaria, la valoración, el origen, las destinaciones aduaneras y los distintos procedimientos de fiscalización exigen decisiones fundadas y coherentes con las particularidades de cada operación.

En comercio exterior, además, el tiempo forma parte de la gestión.

Una variación en los plazos de una operación rara vez queda circunscrita al procedimiento administrativo. Puede exigir nuevas coordinaciones, movilizar recursos adicionales, modificar decisiones previamente adoptadas y afectar la planificación de la cadena logística y comercial.

Por eso, la eficiencia de los procesos aduaneros no constituye únicamente una cuestión administrativa. Tiene también una dimensión económica.

Facilitar el comercio, entonces, no significa eliminar controles. Significa que estos sean proporcionales al nivel de riesgo y que los recursos de fiscalización se concentren donde su utilización resulte efectiva.

También obliga a revisar cómo medimos el desempeño de Aduanas.

No basta con saber cuántas fiscalizaciones se realizaron. Es necesario conocer cuántas respondieron efectivamente a riesgos identificados, qué resultados produjeron, qué recursos requirieron y cuánto tiempo tomó resolverlas.

La eficacia del control no depende simplemente de cuánto se fiscaliza, sino de la capacidad de fiscalizar aquello que corresponde, con los antecedentes necesarios y con resultados efectivos.

El desafío, entonces, no es tener una Aduana que simplemente controle más.

Es tener una Aduana que tenga la capacidad de distinguir.

Distinguir el riesgo del cumplimiento. El error del ilícito. La operación compleja de la operación sospechosa. El control necesario del trámite innecesario.

Para el comercio exterior, esa diferencia no es conceptual.

Tiene un costo.

Sobre el autor

Javier Uribe Martínez es abogado especialista en materias aduaneras, socio fundador UR Customs; ex subdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas.