Mientras buena parte de la conversación tecnológica en la región se concentra en fintech, e-commerce o inteligencia artificial, Chile ha ido construyendo silenciosamente una ventaja competitiva en un sector menos visible pero igualmente estratégico: la tecnología aplicada al derecho.
Me toca recorrer foros regionales de innovación legal y tecnología, ya sea en Perú, México, Buenos Aires o Colombia, y siempre aparece la misma pregunta: ¿por qué tantas startups legales interesantes están en Chile?
La pregunta es razonable. Chile no tiene el tamaño de Brasil, ni el volumen de inversión de México, ni el dinamismo demográfico de Colombia. Con menos de veinte millones de habitantes, difícilmente parece el candidato natural para convertirse en uno de los polos de innovación jurídica más relevantes de América Latina. Y, sin embargo, algo está ocurriendo.
Mientras buena parte de la conversación tecnológica en la región se concentra en fintech, e-commerce o inteligencia artificial, Chile ha ido construyendo silenciosamente una ventaja competitiva en un sector menos visible pero igualmente estratégico: la tecnología aplicada al derecho. No es casualidad ni moda pasajera. Es la consecuencia de años de inversión institucional, modernización judicial y políticas públicas orientadas al emprendimiento tecnológico.
Una industria que recién comienza
La tecnología jurídica, o LegalTech, dejó hace tiempo de ser un nicho reservado para grandes estudios corporativos. A nivel global ya mueve decenas de miles de millones de dólares, impulsada por automatización documental, gestión de contratos, análisis de datos jurídicos e inteligencia artificial generativa.
El fenómeno responde a una realidad simple: el derecho sigue siendo una de las industrias menos digitalizadas de la economía. Los costos de acceso son elevados, los procesos lentos y el conocimiento jurídico permanece encerrado en sistemas diseñados para especialistas. Eso representa un problema social, pero también una enorme oportunidad. América Latina concentra muchas de esas ineficiencias: sistemas judiciales sobrecargados, acceso desigual a asesoría legal y digitalización incompleta generan condiciones propicias para la innovación. La pregunta no es si LegalTech crecerá en la región. La pregunta es quién liderará ese crecimiento.
La ventaja que Chile construyó antes que los demás
La historia del ecosistema LegalTech chileno no comenzó con ChatGPT ni con la pandemia. Uno de los hitos más relevantes fue la Ley N.º 20.886 de fines de 2015 sobre tramitación electrónica, que digitalizó gran parte de los procedimientos judiciales y consolidó el expediente electrónico como herramienta habitual. Hubo visión, coordinación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y voluntad de todos los actores. Puede parecer una reforma administrativa más, pero no lo fue.
La digitalización judicial redujo costos de transacción, facilitó el acceso remoto a información procesal y creó condiciones para desarrollar soluciones sobre una infraestructura que pocos países de la región habían construido con igual profundidad. Chile no solo modernizó sus tribunales: también creó las bases para una nueva generación de empresas tecnológicas vinculadas al sector legal. Instituciones como CORFO y Start-Up Chile fueron clave: durante más de una década, miles de startups encontraron en Chile financiamiento temprano, mentorías y conexión con inversionistas.
Lemontech, Webdox o Alto se han consolidado con presencia internacional, mientras startups más recientes como Magnar, AdmiralOne o Spketr caminan hacia el mismo norte, explorando automatización documental, cumplimiento normativo, gestión societaria e IA aplicada al derecho. Lo relevante no es una empresa en particular: es que existe una masa crítica suficiente para hablar de industria.
La ventana de oportunidad
Chile no tiene garantizado el liderazgo regional. Brasil seguirá siendo un mercado gigantesco, México continuará atrayendo inversión y Colombia mantiene uno de los ecosistemas emprendedores más dinámicos de la región. Pero Chile posee activos difíciles de replicar: estabilidad institucional, experiencia en digitalización judicial, talento emprendedor y trayectoria consistente de apoyo tecnológico.
La verdadera pregunta es cuánto tiempo logrará mantener esa ventaja antes de que mercados más grandes cierren la brecha. Porque en innovación las oportunidades rara vez son permanentes, y las ventajas más valiosas suelen ser aquellas que pasan desapercibidas hasta que alguien más decide perseguirlas.
Si Chile quiere consolidarse como polo LegalTech del mundo hispanohablante, el momento para profundizar esa apuesta es ahora. No solo por las startups, la inversión o la tecnología. También porque detrás de esta transformación existe una oportunidad mucho más ambiciosa: construir un sistema legal más eficiente, más accesible y cercano para millones de personas.
Sobre el autor:
Esteban Ruiz Omegna es director ejecutivo de ALTECH, Asociación Gremial de Legaltech Chile
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