El reto del gobierno de Kast no es solo definir qué reformas impulsar o cuáles dejar atrás.
La primera señal pública en materia laboral de la administración del Presidente José Antonio Kast fue retirar el proyecto de ley de negociación multinivel. Se trataba de uno de los pilares del gobierno del expresidente Gabriel Boric, comprometido años antes con la CUT, pero presentado tardíamente y sin el respaldo político necesario, lo que terminó por sellar su destino.
A primera vista, la decisión parece marcar un lineamiento claro: el nuevo gobierno no estaría dispuesto a destinar capital político en iniciativas que, aunque relevantes para ciertos sectores, no tendrían un impacto directo en productividad, formalidad laboral o capacitación, temas que hoy parecen más alineados con las prioridades de la actual administración.
Sin embargo, el escenario es más complejo. Más allá de las iniciativas propias que impulse, el gobierno deberá administrar un conjunto de reformas laborales aprobadas durante la administración anterior y actualmente en plena implementación. La ley de 40 horas, la ley Karin y la ley de conciliación son ejemplos concretos de ello. En su aplicación, la Dirección del Trabajo adoptó en el pasado una interpretación más rígida, muchas veces a través de dictámenes que ampliaban el alcance de las normas más allá de su texto original.
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El actual gobierno, en contraste, ha manifestado una mirada que compatibiliza el marco normativo con sus efectos prácticos y reales, para a partir de ese diagnóstico, adoptar medidas de acuerdo al marco legal vigente. No obstante, esa posición podría no necesariamente coincidir – ya que ha quedado claro con la opinión de la CUT tras el retiro de la negociación ramal- con la visión de las cupulas que representan a parte de los trabajadores.
En este contexto, surge una pregunta clave: ¿cómo se construirán las nuevas políticas laborales y, sobre todo, ¿cómo se articulará el diálogo social en esta nueva etapa?
Durante la administración anterior, la conflictividad laboral fue relativamente acotada. Ello se explica, en parte, porque el diálogo social se canalizaba principalmente desde el Ejecutivo hacia las dirigencias sindicales, en un contexto de mayor afinidad política. Ese escenario hoy ha cambiado.
El desafío ahora es definir quién liderará ese diálogo desde el mundo de los trabajadores, sumando Centrales Sindicales y no un único interlocutor, mejorar la representatividad y, especialmente, con qué disposición a construir acuerdos. Si no se logra establecer un espacio institucional claro de conversación, el riesgo es evidente: el diálogo social podría trasladarse desde el ámbito político al interior de las empresas. Y cuando eso ocurre, la tensión deja de ser abstracta y se vuelve concreta. Se manifiesta en conflictos laborales, en deterioro del clima organizacional y, eventualmente, en una mayor conflictividad social.
Por eso, más allá de las diferencias ideológicas o de enfoque, el desafío del nuevo gobierno no es solo definir qué reformas impulsar o cuáles dejar atrás. Es, además, reconstruir un espacio de diálogo social legítimo, representativo, efectivo, y quizás nuevo.
Porque sin diálogo amplio, no hay gobernabilidad laboral. Y sin gobernabilidad laboral, no hay desarrollo sostenible.
SOBRE LOS AUTORES
Jorge Arredondo Pacheco es Socio del Grupo Laboral de Albagli Zaliasnik.
Pedro Pizarro Cañas es Socio Guerrero & Cía. Abogados.