"En las últimas semanas, hemos participado en instancias de diálogo con las autoridades electas para poner sobre la mesa propuestas concretas, técnicamente fundadas y de rápida implementación. Conversaciones valiosas no solo por su contenido, sino por la señal que entrega: los desafíos que enfrenta Chile exigen colaboración público-privada, miradas complementarias, un sentido de urgencia compartido y convicción para promover una agenda pro mercado".

Chile enfrenta un punto de inflexión. No una crisis, pero sí un estancamiento persistente que se ha vuelto parte del paisaje: en la última década, el país ha crecido en promedio solo un 1,9% anual, muy lejos del 5% que marcó gran parte del período previo. Esa diferencia es la distancia entre generar oportunidades o administrarlas con dificultad.
Cuando una economía se desacelera tanto tiempo, el impacto va más allá de las cifras macroeconómicas. Se resienten los salarios, se debilita el empleo formal y se tensiona la capacidad del Estado para responder a demandas sociales. Recuperar el dinamismo, por tanto, es una condición básica para el bienestar de las personas.
En las últimas semanas, hemos participado en instancias de diálogo con las autoridades electas para poner sobre la mesa propuestas concretas, técnicamente fundadas y de rápida implementación. Conversaciones valiosas no solo por su contenido, sino por la señal que entrega: los desafíos que enfrenta Chile exigen colaboración público-privada, miradas complementarias, un sentido de urgencia compartido y convicción para promover una agenda pro mercado.

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Parte relevante de ese esfuerzo apunta a modernizar un sistema de permisos que hoy introduce incertidumbre y retrasos difíciles de justificar. Existen proyectos de inversión por cerca de US$ 95.000 millones que enfrentan trabas asociadas a tramitaciones extensas, duplicadas o ineficientes. No se trata de relajar estándares ambientales, sanitarios o de seguridad, sino de concentrar al Estado donde realmente agrega valor: en evaluar riesgos relevantes y en fiscalizar con mayor eficacia.
Pero la discusión no se agota ahí. La “permisología” es solo una parte del problema. La inversión también requiere certezas jurídicas y condiciones básicas de seguridad. No puede haber desarrollo si la delincuencia rural sigue afectando al agro o si el comercio ilícito continúa golpeando a las pymes y al empleo formal. Del mismo modo, la competitividad tributaria es ineludible: alinearnos con los niveles de impuestos corporativos de la OCDE y devolver atractivo a nuestra economía es parte de una estrategia integral para recuperar dinamismo.

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Las señales iniciales importan porque ordenan expectativas y definen prioridades. Los primeros meses de un gobierno inciden directamente en las decisiones de inversión, en la creación de empleo y en la construcción de confianza. Cuando el rumbo es claro, las reglas son predecibles y las decisiones se ejecutan, los proyectos avanzan y el crecimiento deja de ser una promesa para transformarse en realidad.
Chile cuenta con sectores productivos sólidos, talento y una institucionalidad estable. El desafío ahora es hacerse cargo de los compromisos anunciados, de manera consistente, para recuperar el desarrollo y, con ello, mejorar efectivamente la calidad de vida de las personas.

*Susana Jiménez Schuster es Presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).