Durante décadas, la función legal operó de manera mayoritariamente reactiva: responder litigios, atender contingencias y resolver conflictos una vez que ya se habían materializado. Hoy, ese enfoque resulta claramente insuficiente.
El 2026 marcará un punto de inflexión para la industria legal en Chile y en toda la región. No se trata únicamente de la adopción de nuevas tecnologías, sino de una transformación profunda en la forma en que las áreas legales, de cumplimiento y gobernanza lideran la gestión del riesgo en un entorno cada vez más regulado, fiscalizado y judicializado.
En este contexto, el verdadero desafío no es tecnológico, sino estratégico: redefinir el rol del área legal como un actor clave en la toma de decisiones del negocio, con información confiable, oportuna y segura.
Durante décadas, la función legal operó de manera mayoritariamente reactiva: responder litigios, atender contingencias y resolver conflictos una vez que ya se habían materializado. Hoy, ese enfoque resulta claramente insuficiente. El aumento de la fiscalización, la entrada en vigencia de nuevas normativas y la creciente exposición reputacional obligan a las organizaciones a anticiparse, gestionar riesgos de forma preventiva y demostrar cumplimiento de manera consistente y auditable.
Uno de los principales desafíos tecnológicos hacia 2026 será la gestión de la complejidad normativa, particularmente en materia de protección de datos y privacidad de la información. Regulaciones como la nueva Ley de Protección de Datos Personales, junto con mayores exigencias en compliance tributario, laboral y corporativo, elevan significativamente los estándares de trazabilidad, control y resguardo de la información sensible. Ya no basta con cumplir; es imprescindible demostrar cómo, cuándo y bajo qué controles se cumplió, garantizando además la integridad, confidencialidad y uso legítimo de los datos.
En la industria legal, donde se administran algunos de los activos más sensibles de las organizaciones, la seguridad y la privacidad dejan de ser un requisito técnico para convertirse en un pilar de confianza. En este sentido, la elección de socios tecnológicos adquiere una relevancia crítica. Un socio estratégico debe operar bajo un principio intransable: no tener ningún tipo de conflicto de interés que pueda poner en riesgo la información de sus clientes. Esto implica no competir por los mismos datos, no monetizarlos indirectamente y no utilizarlos para fines distintos a aquellos expresamente acordados. La transformación digital solo es sostenible cuando se construye sobre modelos de negocio alineados con la protección absoluta de la información y con una gobernanza clara y transparente de los datos.
A este escenario se suma un fenómeno que seguirá intensificándose: la judicialización de los conflictos laborales, comerciales y regulatorios. Más causas, plazos más exigentes y mayores riesgos financieros y reputacionales exigen una gestión legal basada en información estructurada, procesos integrados y visibilidad en tiempo real. En este contexto, la tecnología deja de ser un apoyo operativo para transformarse en una herramienta estratégica de gestión del riesgo.
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Sin embargo, la adopción tecnológica enfrenta barreras culturales relevantes. Persisten la resistencia al cambio, el temor a perder control sobre los procesos y la percepción errónea de que la tecnología reemplaza el criterio jurídico. El desafío para 2026 es comprender que la tecnología no sustituye el análisis legal, sino que lo potencia: ordena información, reduce errores, libera tiempo y permite que los equipos se concentren en decisiones de mayor impacto.
Otro eje crítico será el uso responsable de la inteligencia artificial. La IA ya está transformando la revisión documental, la detección de patrones de riesgo y el seguimiento de plazos críticos. No obstante, su implementación exige estándares robustos de seguridad, privacidad, ética y supervisión humana. El liderazgo en esta materia no se medirá por la velocidad de adopción, sino por la capacidad de hacerlo con responsabilidad, control y foco en la confianza, especialmente cuando se trabaja con información altamente sensible.
Finalmente, la industria legal enfrenta un desafío estratégico mayor: integrarse plenamente al negocio. En 2026, las áreas legales que generen mayor valor serán aquellas capaces de traducir riesgos jurídicos en información clara para la alta dirección, contribuir a la sostenibilidad del negocio y alinearse con objetivos de largo plazo como la reputación corporativa y los estándares ESG.
La tecnología, por sí sola, no es la solución. Pero sin tecnología —y sin una visión clara sobre seguridad, privacidad y ausencia de conflictos de interés— será prácticamente imposible responder a la velocidad, complejidad y exigencia del entorno actual. Tras 16 años acompañando a organizaciones en la región, queda claro que la diferencia no está en quién adopta primero, sino en quién lidera la transformación con rigor, independencia y una convicción profunda en el cuidado de los datos: la confianza se construye todos los días, y en la industria legal, es el activo más valioso de todos
*Sobre el autor: Lautaro Rodríguez es CEO de LemonTech
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