Existe una trampa estructural para miles de emprendedores en el país, especialmente mujeres jefas de hogar, campesinos y adultos mayores.

En los últimos días, se ha hecho viral la historia de María Chiguay, una mujer emprendedora, jefa de hogar de Queilén, en la Isla de Chiloé. Como tantas otras, María elabora mermeladas caseras con esfuerzo y cariño. Fue a venderlas a una feria local con permiso municipal en mano, pero ese día el clima no acompañó: no vendió nada. Lo mismo les ocurrió a otros emprendedores de la zona. Hasta ahí, solo una jornada difícil más. Pero entonces ocurrió lo impensado: el Servicio de Impuestos Internos (SII) se presentó en la feria y, pese a la precariedad evidente, exigió el pago de impuestos por vender “de manera informal”.

El resultado: todo lo poco que algunos habían logrado vender –si algo vendieron– se fue en pagar obligaciones tributarias desproporcionadas. En una economía donde venderle mermelada al vecino parece ser el último peldaño antes del trueque, el aparato estatal aplicó con toda su fuerza una legislación pensada para empresas formales, sin distinción ni criterio.

Este caso no es aislado. Es el rostro visible de una trampa estructural que viven miles de emprendedores en Chile, especialmente mujeres jefas de hogar, campesinos y adultos mayores. Personas que no es que no quieran formalizarse: simplemente no pueden. Las exigencias tributarias, sanitarias, tecnológicas y administrativas no están hechas para su realidad. Como si vender mermelada en una feria requiriera los mismos requisitos que exportar alimentos procesados.

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Chile tiene un ecosistema emprendedor robusto, con un 27,2% de Tasa de Actividad Emprendedora según el GEM 2024. Sin embargo, la cifra oculta una dura verdad: el 77% de los emprendimientos son microempresas o iniciativas unipersonales, y alrededor del 50% opera en la informalidad (Valor Pyme, 2025). Según Chile Mujeres, 7 de cada 10 microemprendedoras siguen informales por falta de herramientas, no por falta de voluntad.

Mientras se celebran startups unicornio y rondas de inversión, se invisibiliza al otro Chile: el de los feriantes, los artesanos, las emprendedoras rurales que hacen patria desde la precariedad. Su impacto no está en las cifras de escalabilidad, sino en lo que sostienen: una olla común, la educación de sus hijos, el cuidado de sus padres, la vida de su comunidad.

¿Hasta cuándo hablaremos de igualdad de condiciones como si todos partiéramos desde el mismo lugar? ¿Hasta cuándo se le exigirá a una mujer de Queilén que actúe como una empresa de Vitacura? La igualdad mal entendida reproduce desigualdades, castiga la resiliencia y sofoca los sueños.

La historia de María Chiguay nos obliga a mirar de frente una deuda pendiente: necesitamos políticas públicas diseñadas para el Chile real, no solo para el Chile formal. Necesitamos simplificar la formalización, crear tramos tributarios justos, flexibilizar normativas sanitarias para la pequeña producción familiar, y, sobre todo, acompañar a quienes hoy se sienten abandonados. Porque nadie emprende para evadir, emprenden para sobrevivir.

*La autora es subdirectora de emprendimiento en Desafío Levantemos Chile

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