Formalizar e integrar a los miles de emprendedores sin acceso a créditos no es solo un acto de justicia económica: es activar un motor que permite redistribuir oportunidades reales.

De acuerdo con la World Inequality Database, Chile se encuentra entre los países más desiguales del mundo. Una situación que parece agravarse cada vez más, si tomamos en cuenta las recientes cifras que dio a conocer el INE de que el desempleo alcanzó un 8,9%. Durante décadas hemos buscado soluciones para esta realidad, mirando hacia las políticas fiscales, la educación y el empleo como las principales herramientas para revertirla. Y, aunque todas ellas son sin duda importantes, una solución tan potente como subestimada es el emprendimiento.

Fomentar el emprendimiento es una estrategia concreta para disminuir la desigualdad estructural. Diferentes estudios han demostrado cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la productividad y, a su vez, la productividad impulsa el flujo de ingresos a través de toda la población. Sin embargo, actualmente, miles de emprendedores operan en Chile sin acceso a créditos, capacitación o redes comerciales. Formalizarlos e integrarlos no es solo un acto de justicia económica: es activar un motor que permite redistribuir oportunidades reales.

En los últimos años, hay dos barreras principales identificadas por emprendedores chilenos que se han repetido en el Global Entrepreunership Monitor para iniciar proyectos: la falta de financiamiento y educación o capacitación. Es decir, el problema no es la falta de ideas o las ganas de emprender, sino que las barreras estructurales que impiden que esas ideas se transformen en negocios sostenibles. Para avanzar, es fundamental crear políticas públicas bien diseñadas que aborden las principales barreras que enfrentan los emprendedores en Chile. Esto implica contar con financiamiento inclusivo, accesible y flexible. Asimismo, la simplificación de trámites y políticas públicas po MiPymes es crucial: digitalizar y agilizar los procesos de constitución de empresas, obtención de permisos y cumplimiento tributario reduce la carga administrativa que hoy desincentiva la formalización. 

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En paralelo, programas de formación técnica adaptados deben ofrecerse de manera continua y práctica, vinculados a las necesidades reales de cada sector productivo y situación socioeconómica de cada emprendedor. Esto incluye desde habilidades digitales hasta gestión comercial, marketing y sostenibilidad. Sin embargo, el Estado no puede ni debe avanzar solo: es vital un trabajo colaborativo entre el sector público, privado y académico. Las universidades y centros de formación pueden generar contenidos y capacitaciones; el sector privado puede aportar mentorías, redes comerciales y escalamiento; y el sector público debe garantizar un marco normativo e incentivos claros. Solo con esta articulación, se podrá construir un ecosistema robusto que impulse el emprendimiento y lo convierta en un motor sostenido de desarrollo económico y reducción de la desigualdad.

De acuerdo con cifras del Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales, las Pymes representan hoy el 98% de las empresas en Chile y generan el 65% de empleo. Estas cifras son una clara muestra de cómo el emprendimiento ayuda a erradicar las desigualdades territoriales: cumple un rol redistributivo, descentralizando el crecimiento y repartiendo el valor. Por eso, fortalecer el ecosistema emprendedor no debe ser visto como una acción complementaria, sino como una estrategia prioritaria de desarrollo nacional.

Es momento de entender que el emprendimiento no es una moda: es una herramienta concreta para construir un Chile más justo y más humano.

*La autora es subdirectora de emprendimiento en Desafío Levantemos Chile

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