Chile está en la categoría de países altamente vulnerables ante los riesgos que implica el cambio climático.
Esta semana Chile vivió una nueva emergencia, con tsunamis provocados por el terremoto que afectó a Rusia. Somos un país acostumbrado a convivir con amenazas naturales. Terremotos, inundaciones, aluviones e incendios forestales son lamentablemente parte del paisaje y la historia nacional. Según la medición de la ONU que evalúa la exposición y capacidad de respuesta de los países frente al cambio climático, el nuestro cumple siete de los nueve criterios de riesgo. Estamos, dicho claramente, en la categoría de los altamente vulnerables.
Pero lo más alarmante no es la amenaza en sí, sino la ceguera de nuestra institucionalidad. Un estudio reciente de la Universidad Católica reveló que apenas 21% de las comunas de nuestro país contempla áreas de riesgo dentro de su Plan Regulador Comunal (PRC). El dato es alarmante: más del 75% del país planifica su desarrollo como si las catástrofes no existieran. Cuando una comuna carece de planificación territorial adecuada, no solo está expuesta a mayores daños ante un desastre, está aceptando la posibilidad de perder vidas humanas y patrimonio social, económico y ambiental.
Para cambiar esta realidad, hay que partir por derribar el mito que los PRC son documentos técnicos reservados a urbanistas o papeles que se apilan en una oficina municipal. Son herramientas concretas y fundamentales que determinan dónde se puede construir, qué zonas deben ser protegidas y cómo deben adaptarse las infraestructuras frente a las amenazas. Para que sean eficaces, es necesario que incluyan mapas de riesgo, que identifiquen, por ejemplo, zonas inundables o susceptibles a deslizamientos, incendios, entre otros, y que establezcan restricciones claras para el desarrollo urbano en esas áreas. Planificar no es frenar el progreso, es hacerlo posible sin hipotecar vidas ni territorios.
En segundo lugar, es fundamental comprender que el desarrollo urbano y la gestión del riesgo son inseparables. En lugar de ver el PRC como un requisito burocrático, las municipalidades deben asumirlo como una herramienta estratégica para resguardar la vida, el desarrollo y el futuro de sus comunidades.
Pero ningún plan será efectivo y legítimo si no nace desde las comunidades. El elemento clave es la participación ciudadana. Son los vecinos, quienes conocen su territorio mejor que nadie y su conocimiento es insustituible. Incluirlos no es un gesto simbólico, sino la condición necesaria para que la planificación funcione. Así lo hemos visto en nuestros recorridos por todo el país en estos últimos 15 años, enfrentando las consecuencias de 27 mega crisis, cuyos efectos devastadores podrían haber sido mucho menores si hubiese existido un plan regulador que incluyera una gestión de amenazas efectiva.
En un país donde las emergencias son la norma, planificar es un deber ético, económico y político. Es fundamental que las comunas avancen hoy en desarrollar PCR que incluyan de forma rigurosa las áreas de riesgo. Solo así avanzaremos hacia un desarrollo moderno que pone al centro el crecimiento a las personas.
El autor es Presidente de Desafío Levantemos Chile
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