El país está bajo estado de emergencia y toque de queda por las violentas protestas
Un total de 17 manifestantes habían muerto hasta el jueves en las protestas contra el Gobierno —nueve de ellos en esta jornada— tras la entrada en vigor del estado de emergencia a nivel nacional y la condena a 18 meses de prisión del expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración.
El foco de tensión estuvo el jueves en la ciudad de Ayacucho (sureste), donde un grupo de manifestantes invadió el aeropuerto y los militares respondieron con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y disparos.
La Dirección Regional de Salud de Ayacucho, una región especialmente sensible por el ataque del terrorismo en los años ochenta en su territorio, reportó este jueves la muerte de siete personas y 52 heridos a raíz de las movilizaciones y el enfrentamiento con las fuerzas del orden.
Ante esta situación, el Gobierno Regional de Ayacucho responsabilizó de las muertes a la presidenta Dina Boluarte, a los ministros de Interior, de Defensa y afirma que estos deben “renunciar inmediatamente al cargo”, y pide también la censura de la mesa directiva del Congreso de la República para poder instalar un gobierno de transición.
Además, pide que se detenga de inmediato del uso de las armas de fuego y la represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Otros dos fallecidos en la jornada se reportaron en la norteña región de La Libertad.
El jueves día entró plenamente en vigencia el estado de emergencia decretado por el Gobierno a nivel nacional por 30 días para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones y a esa medida se sumó el toque de queda en 15 provincias de ocho departamentos.
Hasta el momento, a las nueve víctimas se suman los seis fallecidos en el departamento sureño de Apurímac, una víctima mortal en Arequipa, y otro fallecido previamente en La Libertad, desde que las protestas se recrudecieron este domingo en varios puntos del país.
CASTILLO AFRONTARÁ PROCESO EN PRISIÓN
Mientras las calles de Ayacucho y otras ciudades del país se remecían por la movilización de manifestantes, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictaba 18 meses de prisión preventiva contra el destituido expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración, tras el autogolpe de Estado que intentó el pasado 7 de diciembre.
“Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (…) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024”, leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.
De este modo, el juez aceptó la petición realizada por la Fiscalía, que había considerado que “existe periodo procesal de fuga” y en la que tuvo un peso específico el hecho de que, minutos antes de su destitución, Castillo intentó ir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.
A Aníbal Torres, exjefe de gabinete de ministros de Castillo, se le impuso una comparecencia con restricciones, que le obliga a presentarse mensualmente ante el Poder Judicial, no podrá salir de la ciudad de Lima y deberá pagar una caución. También tiene prohibido comunicarse con otros implicados en la investigación y testigos de la misma.
Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de un fallido intento de golpe de Estado en el que anunció la disolución del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia y el gobierno por decreto.
FORBES STAFF /EFE